Carta abierta a la Presidencia de la República
Estimado Presidente,
Sr. Gabriel Boric Font
El día 18 de diciembre hicimos entrega de una carta firmada por más de 100 organizaciones sociales y académicas y más de cinco mil personas, en la que se solicitaba la regularización de la población migrante empadronada por el actual gobierno entre junio de 2023 y febrero de 2024. Se trata, en su mayoría, de personas que poseen arraigo laboral y familiar.
La escueta respuesta recibida señalaba que se consultaría sobre el tema a la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones. El día 09 de febrero, la vocera de gobierno, Camila Vallejos, salió al paso de las declaraciones de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazando cualquier posibilidad de iniciar este proceso de regularización y señalando que el empadronamiento había sido un acto de transparencia por parte de este gobierno.
Creemos que haber hecho este proceso de empadronamiento a población migrante en situación irregular comporta una responsabilidad política y ética que su gobierno, Presidente Gabriel Boric, no honró. Es un hecho que durante el 2025 se contó con el tiempo suficiente para desarrollar el proceso de regularización de manera completa y efectiva. La decisión política de este gobierno de no implementar mecanismos de regularización que comprendieran a un grupo amplio de personas se tomó pese a que la normativa(1) vigente lo autoriza.
Quienes firmamos esta carta, consideramos que haber realizado el empadronamiento y no regularizar a quienes demostraron arraigo familiar o laboral es una falta de responsabilidad política, ya que las 180 mil personas empadronadas se acercaron y confiaron en el llamado gubernamental, con la esperanza de la regularización migratoria, entregando no solo sus datos personales y datos biométricos al Estado de Chile, sino que también, en el marco de este empadronamiento, se auto denunciaron ante la policía por haber ingresado por pasos no habilitados: tal era la confianza en el llamado que su gobierno hizo y la importancia de cumplir con las normas del país de acogida que incluso con miedo y temor a ser expulsadas, cada una de estas 180 mil personas dijeron “aquí estoy”. Esa esperanza fue alimentada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aludió a la posibilidad de una “regularización acotada”.
Por otro lado, también comporta una falta ética, ya que este gobierno desarrolló un proceso público y abierto, llamando a dar datos personales sensibles, los que según la Ley de Protección de Datos, debieran haber sido recabados con un objetivo determinado, resguardándolos y no dejándolos disponibles para otras acciones del Estado. Por tanto, estos datos se dejan sin el debido resguardo, y en el futuro pueden ser usados con distintos fines. Paradójicamente, quienes confiaron en este gobierno progresista y se acercaron al empadronamiento están actualmente menos protegidos/as que quienes no lo hicieron.
Las consecuencias de esta decisión política son múltiples: desincentivos para la formalidad laboral y agudización de las condiciones de subempleo; agravamiento de la situación de exclusión e imposición de barreras para el ejercicio de derechos (INDH, 2025); limitación del acceso a prestaciones básicas de seguridad social (no pueden ser incluidas en el Registro Social de Hogares y por ello no pueden acceder al subsistema de seguridad y oportunidades, se asignan menos recursos a establecimientos donde estudian sus hijos/as, quienes cuidan no pueden ser visibles al registro de cuidadores/as, entre otras exclusiones).
Pero esta decisión política no sólo afecta a las personas migrantes, sino que perjudica a la sociedad en general, al incidir en la cohesión social de la comunidad residente y en el fomento del mercado informal laboral. Las consecuencias van aún más allá, ya que la falta de acción oportuna, como hemos visto en otros países, especialmente en Estados Unidos, instala las condiciones de posibilidad para una futura persecución y acoso de la población migrante en situación de irregularidad. En ese eventual futuro, también tendría responsabilidad el gobierno que implementó el empadronamiento sin una claridad de propósito.
El gobierno saliente muestra una falta de sensibilidad frente a las expectativas y la esperanza de tener una vida estable en el país de miles de personas, que fueron avaladas por el llamado a empadronamiento.
Todo lo anterior da cuenta de que la única “transparencia” de este proceso la aportaron las personas migrantes, porque desde el Estado sólo ha habido opacidad: respecto de los mecanismos utilizados, de los fines perseguidos por el empadronamiento y de lo que va a pasar con esas personas en un próximo gobierno cuyas promesas de campaña incluyen expulsiones masivas, separación familiar y hostigamiento a personas migrantes en hospitales y escuelas, tal como lo hemos visto con la Policía Migratoria (ICE) en Estados Unidos.
Nota al pie:
(1) La ley N° 21.325, en su artículo 155 N°8, establece la facultad de la Subsecretaría del Interior para disponer de mecanismos de regularización de extranjeros/as que se encuentren en condición migratoria irregular, en concordancia con los objetivos de esta Política, fijando los requisitos correspondientes, que deberán ser determinados prudencialmente para facilitar y promover la regularidad migratoria.