Presentación de Amnistía internacional Chile en la Convención Constitucional para la Subcomisión Verdad Histórica, Reparación y Garantías de No Reparación (jueves 19 de agosto de 2021)
Sofía Lanyon, presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional:
Mi nombre es Sofía Lanyon, soy presidenta de Amnistía Internacional Chile y me acompañan Ana Piquer, directora ejecutiva y Marco Coscione, activista de la organización y activo contribuyente en la preparación de esta presentación y que estará en calidad de observador. Amnistía Internacional es un movimiento con presencia en casi todo el mundo, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y tenemos la convicción de que la actual Constitución de Chile no está a la altura de los estándares internacionales.
Hoy estamos haciendo historia – para Chile y para nuestra organización a nivel global, siendo la primera vez que tenemos oportunidad de participar como Amnistía Internacional en un proceso constituyente transformador. Por eso nos comprometimos con el proceso desde su inicio, haciendo campaña por el apruebo y ahora ponemos a su disposición nuestro apoyo en todas las etapas de esta tarea, para contribuir en la redacción de una nueva Constitución que tenga los derechos humanos en su médula.
Debido a las limitaciones de tiempo, diremos los enunciados fundamentales de temas que podrían desarrollarse mucho más. Ya les enviamos, además de la minuta resumen de la presentación, material que desarrolla estos temas de manera mucho más extensa.
En este sentido, quiero comenzar diciendo que los estándares internacionales de derechos humanos debieran constituir los cimientos a partir de los cuales se construye la nueva Constitución.
Los tratados internacionales de derechos humanos, así como las interpretaciones oficiales de éstos provenientes de órganos competentes para ello – como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o los comités de supervigilancia de tratados de la ONU – ya están desarrollados y son obligatorios para el Estado de Chile. Son estándares que se basan en los principios de universalidad (son iguales para todas las personas en todo el mundo sin distinción alguna), indivisibilidad e interdependencia (no se pueden priorizar unos sobre otros, pues están intrínsecamente interconectados) y no discriminación (todas las personas deben gozar de estos derechos independientemente de cualquier consideración).
Esto implica que la Convención Constitucional no necesita “crear” o “inventar” nada en materia de derechos humanos. Debe asegurarse de que la nueva Constitución esté escrita de forma tal que efectivamente garantice que estos estándares sean una realidad para todas las personas en Chile y se vayan fortaleciendo, nunca reduciendo.
La Constitución actual sí tiene estándares “inventados” que están por debajo del estándar internacional. Por dar algunos ejemplos: No tenemos un derecho al agua como debiera ser, sino a la propiedad de las aguas. La regulación vigente del derecho a la vida permite la pena de muerte y niega el derecho al aborto, todo ello contradictorio con los estándares internacionales. El derecho a la vivienda o a condiciones de vida adecuadas ni siquiera están mencionados. La misma Constitución contiene normas específicas sobre delitos terroristas, incluyendo una norma procesal relativa a la concesión de libertad – contraria a los estándares de un debido proceso – que ha servido para mantener en prisión preventiva por meses y meses a personas mapuche, injustificadamente.
Además, esto no debe mirarse solamente desde la perspectiva del catálogo de derechos que se establezca en la nueva Constitución, sino de toda la arquitectura del Estado y la institucionalidad que se genere. Es fundamental que el Estado tenga un rol activo como garante de derechos, especialmente de derechos sociales – que no solo garantice “acceso”, sino garantice el derecho propiamente tal, en condiciones dignas para todas las personas.
También es importante, por último, que se incluya una institucionalidad de derechos humanos a nivel constitucional, considerando la posibilidad de establecer un ombudsperson o defensoría del pueblo.
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile:
A continuación haré mención a algunos aspectos puntuales que conectan nuestra historia con nuestro futuro.
El uso de la violencia policial y militar como forma de represión de la protesta ha sido una lamentable constante en todos los gobiernos post-dictadura. Las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que vimos durante el estallido social fueron atroces e impactantes, pero no nuevas. Veníamos documentando hechos similares por años, aunque a menor escala. Históricamente estos hechos han quedado mayormente en la impunidad. En todo este tiempo solo una vez un carabinero ha tenido pena efectiva de cárcel por matar a alguien: los culpables del asesinato de Camilo Catrillanca.
La instalación de la Convención Constitucional se logró a un alto costo en violaciones de derechos humanos – personas muertas, mutiladas, con discapacidad permanente, heridas, presas injustificadamente. La Convención Constitucional debe valorar y asegurar el derecho a la protesta pacífica, tanto durante su funcionamiento, como al establecer el texto constitucional, dando así garantías de no repetición: derecho de reunión, libertad de expresión, instituciones estatales con un mandato claro de proteger a quienes ejercen estos derechos, debido proceso y acceso a justicia y reparación cuando ello se infrinja.
Por otra parte, la pandemia demostró hasta qué punto el reclamo de la ciudadanía por mayor igualdad y dignidad era justificado. En el peor momento de la pandemia, cuidarse y quedarse en casa se volvió un privilegio más. En la mayor alza de contagios de Covid-19 a mediados de 2020, pudimos constatar cómo fueron los hospitales públicos que atienden a sectores más populosos y de menos recursos los que colapsaron, no las clínicas privadas. Las mujeres vieron limitado su acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, incluyendo interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, por no considerarse prioritario. Se manifestó así la necesidad de un Estado que realmente tenga un rol de garante de derechos, superando las brechas históricas de desigualdad que hacen que la dignidad esté supeditada a la capacidad de pagar por ella.
Y no podemos dejar de mencionar el mayor de los desafíos que enfrentamos como humanidad: el cambio climático. El reciente informe del IPCC es devastador y exige acciones urgentes. Este es también un desafío de derechos humanos, cuya solución debe tener también un enfoque de derechos humanos. De lo contrario, como suele suceder, las poblaciones más vulnerables serán las más afectadas. Otra vez.
Finalmente, los derechos humanos requieren de personas que los defiendan. Nunca podemos darlos por hecho, y es fundamental que exista una sociedad civil activa, organizaciones y personas que, como nosotras y tantas otras personas en Chile, trabajen por su defensa. Lamentablemente, esto sigue siendo una actividad riesgosa en Chile, especialmente para quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, tan fundamental en estos tiempos. El reconocimiento del derecho a defender derechos, desde una valoración del rol que cumplen quienes lo hacen, sería un avance significativo.
Termino reiterando el compromiso de Amnistía Internacional con el proceso constituyente y nuestra disposición a colaborar en lo que estimen pertinente. Trabajamos muchas temáticas, difíciles de resumir en 10 minutos. Les hemos enviado ya mucha información y tenemos previsto seguir generando material en mayor profundidad sobre estos temas en el futuro, que les iremos haciendo llegar. Si como comisión o como Convención Constitucional en cualquier momento identificaran algo en que desde Amnistía Internacional podemos contribuir desde nuestra experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, en educación en derechos humanos, y trabajo con víctimas y defensores/as, cuenten con nosotras en todas las etapas del proceso.
FIN.
