Amnistía Internacional participó durante esta jornada como organización observadora en la lectura de sentencia del juicio por el caso de Moisés Órdenes, en la que el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a los tres carabineros acusados como coautores del delito de apremios ilegítimos (malos tratos) a 540 días, lo que en concreto se traduce en una firma mensual. Si bien, Amnistía Internacional valora que exista una condena, la considera inadecuada y no proporcional a la gravedad del delito y del daño causado a Moisés Órdenes.
“A través de este tipo de sentencias se entrega a la ciudadanía una señal de justicia incompleta: el hecho de que un un grupo de policías realice una brutal golpiza colectiva contra alguien que está caceroleando, que sea televisada en directo y que a esos policías no les pase nada solo alimenta la sensación de impunidad ya existente en las víctimas”, expresa Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
A pesar de que el tribunal estimó en su veredicto que hubo uso de la fuerza innecesario y desproporcionado, la condena no lo corrobora. Existen además dos elementos a destacar: por un lado, resulta especialmente grave que el tribunal haya descartado la figura de “tortura”, que había sido solicitada tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por el abogado de la víctima. Por otro lado, de los tres funcionarios de carabineros condenados a 540 días, uno de ellos fue condenado con cien días más por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Cabe recordar que Moisés Órdenes, de 55 años, se encontraba “caceroleando” cuando sin mediar provocación alguna fue atacado violentamente por uniformados de las fuerzas policiales. A causa de estos golpes resultó con fractura de costillas, pérdida de piezas dentales y daño ocular grave, entre otras lesiones. La agresión fue transmitida en vivo por las cámaras del canal Chilevisión.
“Desde Amnistía Internacional estamos convencidos que la única manera de avanzar es mediante la obtención de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Estaremos atentos a las posibles recursos que puedan presentarse por parte de los intervinientes para lograrlo”, afirma Rodrigo Bustos.
Es deber del Estado y del sistema judicial sentar precedentes que empujen a la justicia chilena a reconocer la responsabilidad penal en el actuar desproporcionado de carabineros. Existen otros casos vigentes y esperamos que se deje de aplazar la obtención de justicia en los casos de violencia policial del “estallido social” pendientes.