Las autoridades de Bangladesh deben detener la ejecución inminente de Motiur Rahman Nizami e imponer una moratoria de la pena de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional tras rechazar el Tribunal Supremo del país el último recurso judicial del condenado.
Motiur Rahman Nizami, actual jefe del partido político bangladeshí Jamaat-e-Islami, fue condenado a muerte, en octubre de 2014, por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh, que lo declaró culpable de asesinato, violación y homicidio masivo de intelectuales durante la guerra de independencia de Bangladesh de 1971.
“Estamos consternados por la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la sentencia y condena a muerte de Motiur Rahman Nizami. Las víctimas de los terribles sucesos de la Guerra de Liberación de 1971 merecen justicia, pero la respuesta no es la pena de muerte”, ha señalado Jameen Kaur, directora de Campañas de Amnistía Internacional para Asia meridional.
“Quitar otra vida no hará más que perpetuar la espiral de violencia. Instamos a las autoridades de Bangladesh a que detengan de inmediato esta ejecución e impongan una moratoria de la aplicación de la pena de muerte con miras a su abolición definitiva.”
El gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, y es positivo que las autoridades bangladeshíes estén tomando medidas en este sentido. No obstante, muchas organizaciones creíbles, entre ellas Amnistía Internacional y la ONU, han planteado cuestiones graves e importantes en relación con el respeto de las debidas garantías en los juicios ante el Tribunal de Crímenes Internacionales y no se les ha dado respuesta.
“Las víctimas de las atrocidades que se cometieron merecen algo más que un proceso deficiente. Como consecuencia de la decisión de hoy, se han convocado manifestaciones en todo el país, y todos los bandos deben garantizar que no se vuelven violentas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar que se respeta el derecho de manifestación pacífica, y los líderes políticos de todos los bandos deben pedir a sus seguidores que no cometan abusos contra los derechos humanos”, ha añadido Jameen Kaur.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución utilizado por el Estado para matar al preso.
Información complementaria
Al menos 197 personas fueron condenadas a muerte en Bangladesh en 2015, entre ellas cuatro juzgadas por el Tribunal de Crímenes Internacionales. Ese año se llevaron a cabo cuatro ejecuciones en el país, tres de ellas de personas condenadas por este tribunal
El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh fue creado por el gobierno en 2010 para investigar las violaciones de derechos humanos a gran escala cometidas durante la guerra de independencia del país de 1971. Amnistía Internacional acogió con beneplácito la iniciativa del gobierno de hacer que los responsables respondieran ante la justicia, aunque insistió en que los acusados debían ser sometidos a juicios justos y sin recurso a la pena de muerte. Las actuaciones del Tribunal en casos anteriores se han caracterizado por graves irregularidades y violaciones del derecho a un juicio justo.