Ante la decisión de Burkina Faso, Malí y Níger de notificar oficialmente su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:
“Esta decisión de los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger podría negar a las víctimas la posibilidad de acceder a verdad, justicia y reparación. Amnistía Internacional lleva más de una década documentando los crímenes de derecho internacional cometidos contra la población en conflictos en estos países. Muchos de estos crímenes podrían ser competencia de la Corte Penal Internacional.
Retirarse de la Corte Penal Internacional equivale a una marcha atrás temeraria de estos gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional y justicia.
Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“Amnistía Internacional también ha instado en repetidas ocasiones a estos gobiernos a fortalecer su sistema judicial para que puedan investigar y enjuiciar con las debidas garantías todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No obstante, sigue prevaleciendo la impunidad.
“Retirarse de la Corte Penal Internacional equivale a una marcha atrás temeraria de estos gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional y justicia. También agravará el riesgo para la población civil y consolidará aún más la impunidad por los crímenes de derecho internacional.”
Información complementaria
En septiembre de 2025, los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entre el 18 y el 24 de junio de 2026, los tres Estados depositaron sus notificaciones oficiales de retirada del Estatuto de Roma ante el secretario general de la ONU. La retirada surtirá efecto un año después de la fecha de notificación.
Durante el último decenio, los conflictos entre las fuerzas armadas de Burkina Faso, Malí y Níger y diversos grupos armados han causado numerosas víctimas civiles. Los tres países están gobernados por regímenes militares tras una serie de golpes de Estado ocurridos entre 2020 y 2023.
La Corte investiga la situación de Malí desde 2013, y aunque su retirada del Estatuto de Roma surta efecto el 23 de junio de 2027, esto no afectará a ninguna de las cuestiones que actualmente examina la Corte. Las situaciones de Burkina Faso y Níger no son objeto de investigaciones públicas por parte de la CPI en la actualidad.
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