El pasado 25 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó que se dictaran medidas de protección en favor de la abogada y defensora de los derechos humanos Karina Riquelme por su trabajo como defensora de los derechos del pueblo mapuche.
Karina Riquelme reportó a Amnistía Internacional la presencia de numerosos funcionarios tanto dentro como fuera de la sala de audiencias, que le habrían tomado fotografías a ella y a otro abogado.
Estos incidentes se habrían dado en la audiencia de formalización de investigación en contra del Director General de Inteligencia de Carabineros y otros miembros de la institución en el caso conocido como “Operación Huracán”. Los policías son investigados por haber presuntamente cometido delitos de obstrucción de investigación, falsificación de documentos y otros delitos conexos con el fin de inculpar a comuneros mapuche de la Araucanía por asociación ilícita con carácter terrorista (Caso RIT 410-2018).
La abogada denunció el 9 y 10 de julio, y también el 31 de agosto, que había sido vigilada e intimidada por un grupo de hombres que más tarde fueron identificados como agentes de la policía de inteligencia. Se presentó un recurso de amparo para que se concedieran medidas de protección, pero el 14 de septiembre fue denegado por la Corte de Apelaciones de Temuco. A continuación, se presentó el recurso ante la Corte Suprema de Chile. El 25 de septiembre, la Corte Suprema anuló la decisión de la Corte de Apelaciones, y declaró que la policía de inteligencia chilena debía adoptar medidas para impedir que se repitieran actos que pudieran amenazar la seguridad individual y el libre ejercicio de la abogacía, como en el caso denunciado por Karina Riquelme.
Amnistía Internacional continuará observando de cerca la situación de Karina Riquelme y su libre desarrollo de la profesión.