Al aproximarse el segundo aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la sentencia dictada en la causa Roe contra Wade, Tarah Demant, directora nacional de Programas de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha manifestado:
“Dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara la sentencia dictada en la causa Roe contra Wade, en Estados Unidos sigue atacándose el derecho humano al aborto. La consecuencia de esta decisión adoptada hace dos años en el caso Dobbs es un mosaico de leyes demoledoras y la prohibición total o casi total del aborto en 21 estados de todo el país. Esto significa que las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas no pueden acceder a servicios de aborto.
“El aborto es un derecho humano y una parte fundamental de la atención a la salud. Todas las personas embarazadas, sin importar quiénes sean o dónde vivan, deben tener libertad para tomar sus propias decisiones de atención médica, incluida la de llevar o no a término un embarazo, sin injerencias del gobierno. Las prohibiciones del aborto son una violación de los derechos humanos y perjudican de manera desproporcionada a las personas negras y de color, inmigrantes, indígenas, con discapacidad, LGBTQ+, las que no pueden permitirse viajar a otro estado diferente para recibir la atención que necesitan y otras personas marginadas sistémicamente.
“No lo duden, nos enfrentamos a una crisis de derechos humanos y de atención sanitaria en Estados Unidos debido a la avalancha de prohibiciones, restricciones y obstáculos al aborto. Al mismo tiempo, las empresas de redes sociales continúan eliminando la información sobre abortos, lo que dificulta que la gente encuentre información correcta en Internet. Estas prohibiciones y otras medidas contra el aborto están contribuyendo a aumentar el estigma y el temor de quienes necesitan abortar, cuando el hecho es que los abortos son una parte segura y normal de la atención médica.
“Desde la revocación de la sentencia dictada en la causa Roe contra Wade, Estados Unidos se ha quedado claramente rezagado en el cumplimiento de su obligación de proteger el derecho humano de las personas embarazadas a abortar. Es alarmante ver a Estados Unidos tan desfasado respecto al resto del mundo, donde ha habido una arrolladora tendencia hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto. Mientras la mayoría de los países amplían los derechos reproductivos, la revocación de Roe contra Wade coloca a Estados Unidos, junto con otros tres países más, en el reducido grupo de naciones que han endurecido las leyes sobre el aborto desde 1994.
“La única manera de detener esta peligrosa y discriminatoria violación de los derechos humanos y de garantizar que todas las personas en Estados Unidos pueden disfrutar de su derecho humano al aborto sin la injerencia de los políticos es una protección federal plena del derecho al aborto. Mientras tanto, el electorado de muchos estados —incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Florida, y probablemente Arizona y otros seis más— tendrá la oportunidad de apoyar las iniciativas de votación en las elecciones de 2024 para proteger constitucionalmente el derecho al aborto en su estado, contribuyendo así a garantizar que sean las personas embarazadas, y no los políticos, quienes puedan decidir por sí mismas si llevar o no a término un embarazo. “Las prohibiciones del aborto no reflejan la voluntad del pueblo estadounidense. La gran mayoría de la ciudadanía estadounidense apoya el derecho al aborto y se opone a estas prohibiciones.
“Ante los constantes ataques contra el aborto, particulares y comunidades de todo el país han formado poderosos movimientos de base que están trabajando para garantizar que las personas tengan acceso a los servicios de aborto que necesitan y que Estados Unidos cambie de rumbo y, en definitiva, proteja este derecho humano”.