Amnistía Internacional expresa su preocupación por el reciente deterioro en la protección de los derechos humanos en Ecuador, en el marco de las protestas vinculadas al Paro Nacional, con múltiples denuncias de un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, posibles detenciones arbitrarias, así como la apertura de procesos penales abusivos y congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes.
Esto se suma a los ataques que hizo en semanas recientes el Ejecutivo contra la Corte Constitucional, que ponen en riesgo la independencia judicial, y a la persistente falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado sobre las decenas desapariciones forzadas ocurridas en 2024.
“Durante nuestra reciente visita a Ecuador, recibimos información preocupante sobre acciones impulsadas por el Ejecutivo que buscan silenciar la disidencia y favorecer la impunidad. La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada, pese a su demostrada ineficiencia para frenar el delito y las graves violaciones de derechos humanos que ha traído, sitúan a Ecuador en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias” dijo Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Represión a la protesta social
En días recientes, miles de personas han salido a las calles para expresar su rechazo, entre otras cosas, al aumento del precio de diésel anunciado por el Ejecutivo en septiembre. Diversos movimientos sociales se han unido a un Paro Nacional, que derivó en protestas y bloqueos de carreteras en diversas provincias del país. En este contexto, Amnistía Internacional ha recibido denuncias preocupantes sobre un posible uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, decenas de posibles detenciones arbitrarias, y actos de hostigamiento contra líderes sociales.
Al 1 de octubre, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador registró la detención de 85 personas, algunas de las cuales ya han sido liberadas, y 100 personas heridas durante las protestas. El 28 de septiembre, se reportó la muerte de Efraín Fuerez, quien según la organización INREDH, habría muerto tras recibir un impacto de bala, presuntamente disparada por las Fuerzas Armadas en la provincia de Imbabura. En respuesta a estos desarrollos, la Relatora Especial de la ONU para el derecho de reunión pacífica y de asociación hizo un llamado a que se respeten los estándares internacionales para la gestión de protestas y pidió al Estado establecer un ambiente seguro para el activismo.
Paralelamente, Amnistía Internacional recibió información sobre la apertura de investigaciones penales supuestamente abusivas por parte de la Fiscalía General del Estado en contra de manifestantes y líderes sociales, y sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias y las de sus representantes legales. De particular preocupación es la detención, aparentemente arbitraria, de 12 personas en la ciudad de Otavalo, diez de las cuales son de nacionalidad indígena kiwcha, a quienes se les presentaron cargos por terrorismo, y quienes se encuentran detenidas en centros de detención en diversas provincias. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante esta situación.
Ante la continuidad de las protestas, Amnistía Internacional hace un firme llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y a adherirse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. También llama a que se realicen investigaciones prontas e imparciales sobre las posibles violaciones a derechos humanos ocurridas en este contexto. Finalmente, la organización insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y a respetar los derechos de los pueblos indígenas, con quienes deben entablar un diálogo para atender sus legítimas demandas.
Represalias contra la Corte Constitucional
Por varios meses, la Corte Constitucional de Ecuador se ha enfrentado a una campaña por parte del Ejecutivo y su gabinete que busca deslegitimar a las y los jueces que la conforman y posicionarlos como “enemigos del pueblo”. En agosto, la Corte anunció la suspensión temporal de ciertos artículos de tres leyes promovidas por el presidente Noboa en materia de seguridad y transparencia, mientras resolvía sobre su constitucionalidad. A raíz de este desarrollo, las y los jueces de la Corte han sido sujetos a actos de hostigamiento, ataques y estigmatización pública.
En agosto, se instalaron pancartas gigantes que mostraban los rostros de los jueces donde se les acusaba de “robar la paz” al país. Además, el presidente convocó una marcha en contra de la Corte y se ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas alrededor sus instalaciones. En septiembre, se recibió una amenaza de bomba en las instalaciones de la Corte, lo que obligó a las y los jueces y su equipo a abandonar la sede. Asimismo, miembros de la Corte han denunciado recibir amenazas sobre la apertura de procesos penales en su contra, como represalia de su labor y de ser objeto de hackeos a sus comunicaciones.
Estos ataques han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional, incluyendo a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional advierte que estas acciones representan una seria amenaza a la independencia judicial en Ecuador. Llamamos al Estado a garantizar que las y los jueces, así como todos los operadores de justicia, puedan ejercer sus funciones libres de presiones políticas y en condiciones de seguridad.
Desapariciones forzadas se mantienen en impunidad
En el informe “Son militares, yo los vi”, lanzado el pasado 23 de septiembre, Amnistía Internacional concluyó que las Fuerzas Armadas han cometido desapariciones forzadas en el marco de la estrategia de seguridad militarizada del presidente Noboa, conocida como el “Plan Fénix”. La organización documentó la desaparición forzada de diez personas, incluyendo seis niños, que ocurrieron en cinco operativos de seguridad llevados a cabo por las Fuerzas Armadas durante 2024 en las provincias de Esmeraldas, Guayas, y los Ríos, de la costa ecuatoriana. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, desde el inicio de la administración del presidente Noboa a finales de 2023, se han recibido denuncias de 43 posibles desapariciones forzadas.
A pesar de que estas desapariciones ocurrieron hace meses, los llamados de justicia de las familias de las víctimas se mantienen vigentes, ya que sus denuncias continúan en la impunidad y en su mayoría siguen sin saber la suerte o paradero de sus familiares. Solo en el caso de la desaparición de cuatro niños de las Malvinas, desaparecidos y después localizados sin vida en diciembre de 2024, se ha realizado la detención de los posibles perpetradores – 17 militares que se encuentran en prisión preventiva. El principal obstáculo para el avance de las investigaciones ha sido la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas, que repetidamente se han negado a entregar información solicitada por la Fiscalía General del Estado, alegando “confidencialidad”.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que la desaparición forzada de personas es un crimen internacional que conlleva la obligación de investigar de forma pronta y exhaustiva los hechos, y de buscar a las víctimas, permitiendo que la participación de sus familias. En ese sentido, reiteramos nuestro llamado a las Fuerzas Armadas a colaborar con las investigaciones y a todas las autoridades a garantizar la protección de las familias de las víctimas. Llamamos también al presidente Noboa a revertir por completo el enfoque militarizado de la seguridad pública que ha facilitado la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos.