Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, una instancia más para relevar de qué manera esta materia nos atraviesa en cada uno de los ámbitos de nuestra cotidianeidad aportando a una vida digna y a una mejor convivencia, es decir, la importancia de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas sin hacer ninguna distinción.
¿Qué nos falta para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos? Sin duda hemos tenido algunos avances, pero es necesario redoblar los esfuerzos por erradicar la discriminación en todos los ámbitos, para esto es importante adoptar políticas que evancen hacia la igualdad y mejorar la legislación existente como, por ejemplo, la ley antidiscriminación. Para ello, es clave fortalecer la educación en derechos humanos.
También necesitamos construir una sociedad más responsable con el medioambiente, pues la devastación que el cambio climático está causando, requiere medidas audaces y urgentes. Y, sobre todo, con especial hincapié en avanzar en una legislación que proteja a quienes defienden el medioambiente, como, por ejemplo, a través de la implementación del Acuerdo de Escazú, herramienta que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medioambiente en América Latina y El Caribe, región considerada como una de las más peligrosas para el desarrollo de este esencial trabajo.
Por otro lado, el Plan de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas es un gran paso, más aún en el marco del 50 aniversario del Golpe de Estado. Un plan que se implementará a partir del próximo año y que nace del gobierno en diálogo con familiares y víctimas de la dictadura, además de organizaciones de la sociedad civil y espacios de memoria. Aún así, también se requieren un conjunto de medidas que terminen con la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y el estallido social, además de acciones para avanzar en reparaciones y garantías de no repetición. Muchas de las violaciones perpetradas durante el estallido social aún no han sido investigadas, solo tenemos un 0,1% de condenas en relación al total de denuncias. Es, sin duda, un escenario de mucha impunidad. Muchas de ellas fueron en contexto de manifestaciones. Por ello, es necesario tener una regulación legal del uso de la fuerza y del derecho de reunión que permita que la ciudadanía ejerza su derecho a manifestarse sin miedo a represalias.
Por otra parte, la Constitución actual ha favorecido la desigualdad, pues dificulta el acceso a derechos básicos que nos permitirían mayor bienestar. Por este motivo es fundamental que el proceso constituyente sea participativo, abierto a la ciudadanía en todo momento y que la constitución a la que se llegue ponga los derechos humanos en el centro.
Estos son sólo algunos puntos, pero hay muchos más en los cuales avanzar. Chile debe seguir construyendo un camino hacia la justicia y la dignidad, por un futuro en que se respeten plenamente los derechos de todas y todos. Sabemos que aún queda mucho por hacer, seguiremos vigilantes y apostando para que un Chile mejor sea posible.