Sahar Mandour, investigadora de Amnistía Internacional sobre Líbano, ha asistido a un histórico juicio por tortura en el tribunal militar del país que examina la muerte bajo custodia del refugiado sirio Bashar Abed Saud, a raíz de las denuncias de tortura infligida por miembros de la agencia de seguridad del Estado. Está previsto que la quinta sesión y el veredicto esperado tengan lugar el 5 de julio. Sahar Mandour está decidida a buscar justicia, verdad y reparación para la familia de Bashar. Aquí nos cuenta sus impresiones sobre un proceso judicial dominado por las fuerzas armadas.
Cuando estaba de pie frente al tribunal militar el 16 de diciembre de 2022, sentí una mezcla de valentía y miedo. Me sentía valiente porque había hecho una solicitud formal a las fuerzas armadas para asistir a esta sesión del tribunal y, a la vez, me daba miedo porque a pesar de no haber recibido la aprobación, había decidido presentarme de todos modos y solicitarla en persona. Aunque se supone que las sesiones del tribunal están abiertas al público, en la práctica, presentarme sin autorización previa podría considerarse un desafío y ponerme en su punto de mira.
Como ciudadana no libanesa que vive en el país con tarjeta de residencia, me sentía especialmente vulnerable en el tribunal militar. Traté de imaginar cuánto más complicada sería la situación de una persona refugiada siria ante un tribunal militar en Líbano: estaría muerta de miedo.
Estaba allí para asistir a un juicio histórico: el primer caso de tortura que ha llegado a los tribunales (civiles o militares) desde que Líbano aprobó en 2017 la Ley 65 que penaliza la tortura. Llevo desde 2017 documentando la tortura y otros malos tratos de decenas de activistas, personas refugiadas, miembros de la comunidad LGBTI+ y otras personas, civiles y militares por igual, en centros de detención libaneses. Pero a pesar de las decenas de denuncias de tortura presentadas en los últimos siete años, ninguna había llegado a juicio.
Un periódico local sacó a la luz la tortura de Bashar Abed Saud en septiembre de 2022 y publicó fotos filtradas que documentaban horribles cortes y quemaduras en su cadáver. A las fuerzas armadas les costó mucho enterrar este caso, pues era difícil que alguien se encogiera de hombros y pasara página tras haber visto aquellas fotos.
Bashar murió el 30 de agosto de 2022, apenas un día después de quedar bajo custodia de la agencia de seguridad del Estado de Líbano. En un acta de acusación formal sin precedentes fechada en noviembre de 2022, el juez militar de instrucción acusó a cinco miembros de la seguridad del Estado de haberlo torturado hasta la muerte.
En la primera sesión del juicio, celebrada el 16 de diciembre de 2022, los cinco miembros presentaron el mismo relato de los hechos que condujeron a la muerte de Bashar, culpando únicamente a un agente de propinarle una paliza para reducirlo.
En la segunda sesión, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2023, me senté en el tribunal militar desde las 9 de la mañana hasta última hora de la tarde a la espera del juicio, pero en cuanto el juez lo anunció, un juez tuvo que suspender la sesión porque uno de los abogados del acusado estaba ausente.
El abogado designado por la familia de Bashar pidió a Amnistía Internacional que siguiera asistiendo a las sesiones judiciales, en especial porque decenas de denuncias de tortura contra organismos de seguridad y militares se habían desestimado sin investigación, y temía que, en cuanto se apartaran las miradas, el tribunal cerraría también este caso.
Investigadores e investigadoras de otras organizaciones se unieron a mí, y juntos actuamos como un convoy de derechos humanos que observaba simbólicamente al Tribunal para que no desestimara un caso tan espeluznante de tortura, sobre todo teniendo en cuenta que la víctima, en su condición de persona refugiada, pertenecía a una de las comunidades más vulnerables de Líbano. Se aplazaron tres sesiones debido a la ausencia de algún abogado o algún médico forense, pero seguí asistiendo a todas las sesiones.
“Compasión y piedad, su señoría”
Estas sesiones judiciales me proporcionaron una visión poco común sobre el funcionamiento del tribunal militar. Se rige por la disciplina: los acusados están sentados en una jaula durante el proceso y deben mostrar el máximo respeto al juez: se ponen de pie cuando se los llama, mantienen las manos a la espalda y deben pedir permiso para hablar.
En un día de juicio, el juez examina al menos 30 casos. Al final de cada breve interrogatorio, el juez pregunta a la persona acusada: “¿Qué solicita al tribunal?”
La respuesta típica es: “Compasión y piedad, su señoría”.
Estas palabras se me quedaron grabadas. Cualquiera debería pedir justicia a un tribunal, pero parece que lo único que pueden esperar estas personas acusadas es compasión o piedad.
Cuando uno de los abogados de los cinco acusados solicitó que la primera sesión se celebrara en privado; el juez rechazó la petición, declarando: “La investigadora de Amnistía Internacional está entre el público, y es un asunto de opinión pública: no tenemos nada que ocultar”.
En un caso como el de Bashar, el abogado de la familia no puede dirigirse directamente al juez ni presentar notas y pruebas al fiscal durante la sesión judicial. La víctima es algo secundario: el objetivo es que los militares juzguen a los suyos.
“Un expediente completo”
En el momento de su muerte, Bashar, de 30 años, tenía tres hijos, entre ellos un bebé de un mes. Había desertado del ejército sirio ocho años antes de su detención y se había trasladado a Líbano para trabajar como porteador. Vivía con su familia en el campo de Sabra y Shatila para personas refugiadas en Beirut.
En los dos últimos años, he documentado exhaustivamente la vida de Bashar, pero nunca he podido hablar directamente con su familia, que, comprensiblemente, tenía miedo. Las personas refugiadas en Líbano se encuentran en una situación precaria y corren el riesgo de ser detenidas y expulsadas en cualquier momento.
Según la versión de los agentes, tras ser detenido por la Policía Militar, Bashar confesó durante las vistas ser traficante y adicto a las drogas, miembro de una organización terrorista y contrabandista de armas. Los agentes declararon que llegó a la oficina de la Seguridad del Estado drogado con captagón, un estupefaciente sintético. “Había tomado dos, tres, cuatro o cinco pastillas, señoría”, dijo el agente, que negó que lo hubieran golpeado. Sin embargo, el informe forense confirmó que no había drogas en su organismo.
Dijeron que Bashar estaba alterado, se resistió al interrogatorio y golpeó a un agente “conocido por su temperamento y su elevada autoestima”. El agente golpeó al refugiado dos veces con el cable de un cargador de teléfono para someterlo, pero según afirmaron, el refugiado se desmayó como consecuencia del consumo de drogas.
“¡¿Por qué íbamos a torturarlo si ya había confesado?!”, explicó el agente encargado al juez.
El juez preguntó al agente furioso: “¿Es cierto que tiene usted fama de pegar a los detenidos?”
Su respuesta fue: “Sólo los golpeo fuerte para que confiesen si están detenidos por cargos de terrorismo”.
El juez escuchó atentamente e interrogó a fondo y con vigor.
A Bashar, el refugiado fallecido, sólo se le mencionó a través de la narración de las personas acusadas de matarlo.
Al llegar a la cuarta sesión, todos los acusados habían sido puestos en libertad, incluido el “agente furioso” acusado de haber propinado la paliza.
El juez informó a la fiscalía de que la familia de Bashar había retirado los cargos contra los agentes. Han circulado rumores de que habían intimidado a la familia de Bashar para que retirara los cargos. ¿Quién podría culparlos?
A la espera del veredicto del 5 de julio, una cosa está clara: este juicio no pretende hacer justicia a Bashar y su familia, sino que se trata más bien de un proceso disciplinario interno para que los militares protejan y castiguen, diferencien entre “errores honestos” y comportamientos vergonzosos, y reafirmen que la disciplina militar está por encima de toda crítica.
La tortura nunca tiene justificación. Los presuntos autores de actos de tortura deben rendir cuentas en procedimientos independientes e imparciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos. El tribunal militar no cumple estos requisitos y su jurisdicción sobre casos penales, como la jurisdicción de cualquier tribunal o comisión militar, debe limitarse siempre a los juicios de personal militar por infracciones de la disciplina militar. Si las autoridades libanesas se tomaran en serio la eliminación de la tortura en los centros de detención, deberían remitir estos casos a los tribunales civiles ordinarios, con independencia de las acusaciones que pesen sobre las víctimas de tortura, ya se trate de terrorismo, contrabando de armas, consumo de drogas o simple agitación en una sala de interrogatorios.