“En lugar de abordar las arraigadas desigualdades socioeconómicas para promover una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, Estados de toda Europa efectuaron un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos en 2021 dirigido contra quienes se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros del poder judicial y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar la disidencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual.
Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo, dos años después de que se iniciara la pandemia, Europa sufre un aumento continuado del autoritarismo, a veces so pretexto de proteger a la población de la COVID-19.
“Las catastróficas consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia no deben eclipsar las tendencias generales que han estado remodelando Europa de forma inquietante el último año. La inacción de las naciones europeas ante las arraigadas desigualdades exacerbadas por el impacto de la pandemia se ha visto agravada por un retroceso de los derechos humanos, a menudo tras la apariencia de draconianas medidas contra la COVID-19”, afirmó Marie Struthers, directora de Amnistía para Europa y Asia Central.
“En lugar de abordar las injusticias y las arraigadas desigualdades, muchos gobiernos han tratado de silenciar y reprimir a quienes se manifiestan pacíficamente y protestan”,
Cuando más necesitábamos voces independientes, floreció la tendencia involutiva a amordazar la disidencia
En muchas partes de Europa, se amordazaron las voces independientes y críticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de arrestos y detenciones ilegítimas.
Los gobiernos de Georgia, Kirguistán, Polonia y Turquía continuaron erosionando la independencia judicial y debilitando, así, un importante mecanismo de control sobre el poder ejecutivo.
En Rusia, Bielorrusia y varios países más, las autoridades impusieron diversas restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. En Bosnia y Herzegovina y Croacia, quienes trabajaban en los medios de comunicación fueron objeto de cientos de demandas por difamación, a menudo presentadas por figuras políticas. Bulgaria, Eslovenia y la República Checa interfirieron en la independencia y el pluralismo de los servicios públicos de radiodifusión. Turquía sigue siendo una de las mayores cárceles del mundo para periodistas.
Muchos países más incumplieron su obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes continuaron siendo criminalizados en Chipre, Francia, Grecia, Italia y Malta. Quienes defendían los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI sufrieron hostigamiento, enjuiciamientos injustos y campañas de desprestigio en Azerbaiyán, Georgia, Hungría, Polonia y Turquía, entre otros países.
En Turquía y Azerbaiyán, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias condenatorias infundados. Las restricciones arbitrarias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil siguieron siendo motivo de preocupación en Hungría, Grecia y Turquía, así como en Rusia y Bielorrusia. Varios países —Azerbaiyán, Hungría, Kazajistán y Polonia entre ellos— usaron programas espías de NSO contra defensores y defensoras de los derechos humanos y figuras de la oposición.
Rusia, Bielorrusia y Kazajistán persiguieron a personas que se manifestaban pacíficamente. Muchos países, como Grecia, Chipre y Turquía, impusieron o mantuvieron restricciones a las reuniones pacíficas, entre ellas prohibiciones absolutas dictadas para controlar la pandemia y detenciones y enjuiciamientos arbitrarios sólo por ejercer derechos. Las grandes protestas celebradas contra las restricciones asociadas a la COVID-19 a finales de 2021 en Austria, Bélgica, Croacia, Italia y Países Bajos se caracterizaron en ocasiones por la violencia, el gran número de detenciones y las lesiones sufridas por quienes se manifestaban.
Los países se esconden tras las fronteras esquivando sus responsabilidades respecto de las personas refugiadas y migrantes
La respuesta de bienvenida de la mayoría de los países europeos a ucranianos y ucranianas que vemos hoy contrasta vivamente con la tendencia general de la política europea sobre migración y asilo en 2021, año en el que se siguieron reforzando numerosas fronteras, se llevaron a cabo devoluciones sumarias violentas, se aceptó en general la muerte y la tortura en las fronteras como factor disuasorio para la migración irregular, y se continuaron debilitando las normas de protección de la población refugiada.
Grecia designó Turquía como país seguro para muchas personas que buscaban protección. Dinamarca intentó rescindir permisos de residencia a personas sirias, y varios países devolvían a solicitantes de asilo de Afganistán hasta poco antes de la toma del poder por los talibanes. Bielorrusia concedió visados a miles de personas procedentes de Oriente Medio, sobre todo a personas kurdas iraquíes, y luego las empujó violentamente hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia.
Estos países decretaron el estado de excepción, anularon el derecho a pedir asilo en la frontera y legalizaron las devoluciones sumarias. Hubo devoluciones sumarias —devoluciones ilegítimas de personas sin evaluar sus necesidades de protección— también en muchos otros países, como Bosnia y Herzegovina, Croacia, España, Grecia, Hungría, Italia, Macedonia del Norte y Turquía.
“No son pocas las personas que han percibido un doble rasero en el trato que da Europa a quienes vienen de Ucrania y el que da a otras personas refugiadas. La crisis de Ucrania demuestra que Europa tiene capacidad de dar protección a todas las personas que la necesitan sin discriminación… siempre que exista voluntad política”, manifestó Nils Muižnieks, director para Europa de Amnistía Internacional.
La lucha por los derechos de las mujeres y el aumento del racismo
Europa también ha sido testigo del aumento del racismo hacia las personas negras, musulmanas, romaníes y judías. En algunos países surgió una ofensiva contra Black Lives Matter. Invocando la necesidad de la lucha contra el terrorismo y la radicalización, Austria y Francia intensificaron la vigilancia de las comunidades musulmanas, irrumpieron en mezquitas y cerraron algunas organizaciones musulmanas. Las comunidades romaníes, que sufren hace tiempo un exceso de vigilancia policial y una tasa de escolarización inferior a la media, vieron un aumento de la exclusión y del aislamiento social debido a la COVID-19. Subieron los crímenes de odio contra la población judía en Alemania, Austria, Italia y Reino Unido.
Los derechos de las mujeres sufrieron varios reveses en Europa, y no sólo debido al impacto negativo de la COVID-19 en sus derechos sociales y económicos y a los vientos conservadores que recorrieron Asia central con la toma del poder por los talibanes. Los mayores reveses políticos se produjeron en Polonia, donde entró en vigor la prohibición casi total del aborto, y en Turquía, que se retiró de un histórico tratado para combatir la violencia contra las mujeres, el Convenio de Estambul. Sin embargo, San Marino legalizó el aborto, Moldavia y Liechtenstein ratificaron el Convenio de Estambul, y Eslovenia reformó su ley sobre la violación para basarla en el consentimiento.
Europa no tomó medidas resueltas para abordar la crisis climática con la adopción de los necesarios objetivos de reducción de emisiones. Además, en las negociaciones en la COP26, los países europeos se opusieron a medidas económicas para apoyar a los países en desarrollo por las pérdidas y daños consecuencia de la crisis climática. No obstante, las demandas judiciales presentadas por activistas en Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos lograron obligar a los gobiernos y a una gran empresa petrolera a reducir las emisiones.
En los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19, los Estados miembros de la Unión Europea y Reino Unido acumularon más dosis de vacunas de las que necesitaban, mientras miraban hacia otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas. Las consecuencias de la connivencia entre los gigantes empresariales y los gobiernos occidentales afectaron a los sistemas de salud y de asistencia económica y social de los países más pobres.
“La resistencia palpable y persistente que ofrecen los movimientos populares del mundo entero es un rayo de esperanza. Sin desmayo y sin dejarse atemorizar, es un toque de rebato en favor de un mundo más equitativo. Si los gobiernos no se empeñan en reconstruir mejor —y parecen decididos a hacerlo mal—, no nos quedan muchas opciones”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces y alzarnos contra cada una de sus traiciones. Por este motivo, lanzaremos en las próximas semanas una campaña global de solidaridad con los movimientos populares con el propósito de exigir respeto al derecho a la protesta. Debemos construir y potenciar la solidaridad global aun cuando nuestros líderes no lo hagan”.
