“Los Estados deben oponerse con firmeza a las amenazas y sanciones del gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y proteger la capacidad de ésta para ejercer su mandato independiente e imparcial”, ha declarado hoy Amnistía Internacional al comienzo de la 24 Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional, que se celebra en La Haya hasta el 6 de diciembre.
“Los Estados miembros de la CPI tienen que demostrar su determinación colectiva de defender la capacidad de la Corte para exigir responsabilidades individuales, incluso contra los perpetradores más poderosos, en unas actuaciones independientes e imparciales. La Asamblea debe transmitir a Estados Unidos el mensaje colectivo de que debe anular sus sanciones a la Corte, dirigidas específicamente a funcionarios de la CPI y organizaciones palestinas”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“La CPI sufre un ataque contra su existencia misma por parte de determinados Estados, como Estados Unidos y Rusia. Los Estados miembros de la Corte no deben permanecer silentes ante estas amenazas, sino defender la independencia de la Corte y su capacidad para exigir responsabilidades individuales, incluso contra los más poderosos que, de lo contrario, disfrutarían de la perspectiva de una impunidad perpetua.”
La Asamblea debe estar a la altura de los retos existenciales que afronta la CPI y demostrar su firme determinación de protegerla.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas
“Las indicaciones de que algunos Estados miembros de la Asamblea desean aprovechar el periodo de sesiones para indicar que los Estados miembros están dispuestos a buscar la ‘interacción’ con Estados Unidos sobre las sanciones que éste ya ha impuesto y sobre las condiciones establecidas dentro de dichas sanciones, son profundamente inquietantes y desafortunadas. Hay que resistirse a las sanciones, no tratar de complacer a quienes las imponen.”
“Está muy claro que el precio de que el gobierno estadounidense retire sus escandalosas sanciones sería que la CPI pusiera fin a su trabajo en Palestina y la posibilidad de obtener garantías en relación con la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos de Estados no miembros de la CPI. Estas concesiones serían totalmente contrarias a los principios fundacionales de la Corte de independencia, imparcialidad y jurisdicción territorial.”
“Las sanciones de Estados Unidos a la CPI afectan negativamente a los intereses de las víctimas, que esperan de la Corte haga justicia en todos los países donde está llevando a cabo investigaciones, desde Darfur hasta Libia, pasando por Filipinas, Palestina, Ucrania y Venezuela. La Asamblea debe estar a la altura de los retos existenciales que afronta la CPI y demostrar su firme determinación de protegerla y proteger los derechos de todas las víctimas cuyas perspectivas de justicia dependen de la Corte”.
Información complementaria
El 24 periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes se celebra en La Haya (Países Bajos) del 1 al 6 de diciembre de 2025. La Asamblea es el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la CPI, y está integrada por 125 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él. En el periodo de sesiones, los Estados celebrarán un debate general y estudiarán asuntos como el presupuesto de 2026 de la Corte y la no cooperación.
Amnistía Internacional ha publicado unas recomendaciones generales antes del 24 periodo de sesiones de la Asamblea.
El 6 de febrero de 2025, el presidente estadounidense Trump dictó una orden ejecutiva en cuya virtud impone sanciones a la Corte Penal Internacional, como respuesta a la emisión por la CPI en noviembre de 2024 de sendas órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel; Yoav Gallant, exministro israelí de Defensa; y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, conocido como Deif, comandante de las brigadas Al Qassam, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La orden cita como sancionados al fiscal de la CPI, a dos fiscales adjuntos y seis jueces de la Corte, así como a varias organizaciones palestinas de derechos humanos (Al Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y Al Mezan), y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.