La imparcialidad del inminente juicio de nueve supervivientes del naufragio ocurrido en junio de 2023 ante las costas de Pylos (Grecia) es motivo de preocupación, según han manifestado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los nueve supervivientes, acusados de tráfico de personas —agravado por la muerte de ocupantes de la nave—, provocar un naufragio, entrar irregularmente en el país y crear y pertenecer a una organización criminal, podrían ser condenados a cadena perpetua. Una investigación paralela sobre la posible responsabilidad de las autoridades griegas en el naufragio está en fase preliminar, y por tanto la información de que dispondrá el tribunal penal para evaluar la culpabilidad de los acusados será incompleta. El juicio penal comenzará en Kalamata (Grecia) el 21 de mayo de 2024.
“Hay un peligro real de que estos nueve supervivientes sean declarados ‘culpables’ a partir de pruebas incompletas y cuestionables, ya que la investigación oficial sobre el papel de la guardia costera aún no ha terminado”, ha declarado Judith Sunderland, directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Una rendición de cuentas creíble y significativa sobre uno de los peores naufragios ocurridos en el Mediterráneo debe incluir la determinación de las posibles responsabilidades de las autoridades griegas.”
El atiborrado pesquero de arrastre volcó el 14 de junio de 2023, provocando la muerte de más de 600 de las 750 personas que se calcula que transportaba, la mayoría procedentes de Siria, Pakistán y Egipto. Las investigaciones de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como de numerosas organizaciones y periodistas de investigación, apuntan a varios fallos de las autoridades de Grecia en las horas que precedieron al naufragio, y hay graves acusaciones de que un barco patrulla de la guardia costera griega provocó el naufragio del barco al intentar remolcarlo.
Al parecer, el proceso contra los nueve supervivientes egipcios (‘los 9 de Pylos’), se basa en la teoría de que las causas del naufragio fueron el mal estado de la embarcación y la gran cantidad de personas que se hacinaban en ella, y que los acusados eran traficantes de personas responsables del barco y de sus pasajeros, y por tanto de la muerte de éstos. Ellos niegan los cargos. No está claro si el tribunal penal examinará la actuación de la guardia costera griega o la acusación de que la causa material directa del naufragio fue su intento de remolcar la embarcación.
En junio de 2023, el Tribunal Naval abrió una investigación sobre la posible responsabilidad de la guardia costera griega, que aún sigue en sus etapas iniciales. Organizaciones no gubernamentales jurídicas se sumaron al proceso presentando una denuncia en nombre de 53 supervivientes, que acusan a las autoridades griegas de ser responsables del naufragio. Muchas de estas personas han sido citadas para que testifiquen. La solicitud del fiscal del Tribunal Naval de que se realice el análisis pericial de los teléfonos de los agentes de la guardia costera —que las autoridades no confiscaron hasta finales de septiembre de 2023, más de dos meses después de los hechos— aún está pendiente.
‘Los 9 de Pylos’ fueron detenidos el 15 de junio de 2023, al parecer basándose en los testimonios que agentes de la guardia costera griega tomaron a otros nueve supervivientes justo después del traumático naufragio, entre el 14 y el 15 de junio. No se sabe si hubo otras personas supervivientes que también dieron su versión de los hechos, y si estos relatos se valoraron antes de detener a los acusados y ordenar su ingreso en prisión preventiva, el 20 de junio.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han afirmado que el hecho de que fueran agentes de la guardia costera los que realizaron las entrevistas planteaba dudas respecto a la independencia y la integridad de la investigación, especialmente teniendo en cuenta que las denuncias sobre la actuación de la guardia costera surgieron poco después del naufragio.
Según las organizaciones, las dudas sobre la integridad de la investigación y de las pruebas hacen que haya verdadera preocupación en cuanto al respeto de las garantías procesales. Esta preocupación aumenta al ver la rapidez con que se cerró la investigación contra los supervivientes y que la defensa de ‘los 9 de Pylos’ no ha podido acceder al expediente judicial del Tribunal Naval.
En investigaciones no relacionadas, Lighthouse Reports, Solomon y otros hallaron que las declaraciones de varios supervivientes a la guardia costera, aceptadas como prueba, describían el naufragio utilizando exactamente los mismos términos, y que en ninguna se denunciaba el intento de remolque, lo cual sugiere que quienes tomaron las primeras declaraciones tal vez hayan redactado versiones basadas en formularios oficiales, no en los relatos reales de las personas supervivientes. Sin embargo, en un testimonio posterior ante el fiscal de Kalamata, varias de estas mismas personas supervivientes sí denunciaron el intento de remolcar la embarcación. Un superviviente también dijo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que él había declarado ante la fiscalía que la guardia costera había sido la causante de que el barco pesquero volcara, y esta declaración se modificó para indicar que la embarcación se había hundido por otros motivos.
Miembros del equipo de defensa de ‘los 9 de Pylos’ dijeron a las organizaciones que el juez instructor del tribunal de Kalamata había rechazado las peticiones de los defendidos para que se consiguieran más pruebas, incluidas las relativas a la posible responsabilidad de la guardia costera griega, alegando que esto pertenecía a la jurisdicción del Tribunal Naval. La defensa de los acusados no ha conseguido acceder al expediente de la investigación presentado al Tribunal Naval, a pesar de su evidente importancia para preparar la defensa.
El juez rechazó la petición de que se analizara la información de los teléfonos móviles de los supervivientes, que, confiscados por las autoridades griegas en circunstancias poco claras, y luego, según los informes, descubiertos en la embarcación de la guardia costera, no fueron incautados como parte de la investigación de Kalamata hasta julio de 2023. El juez también rechazó las peticiones del equipo de la defensa de que se tomara testimonio a otros supervivientes y se consiguieran las comunicaciones entre la guardia costera griega, Frontex y el Centro de Coordinación de Salvamento Conjunto griego, así como fotos aéreas de la embarcación antes del naufragio.
La investigación independiente sobre la posible responsabilidad de la guardia costera griega no debe impedir el acceso de los acusados a pruebas cruciales —y puede que exculpatorias— sobre las causas del naufragio, afirmaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El tribunal de Kalamata y el Tribunal Naval deben cooperar en interés de la justicia, con el objetivo de conseguir un relato lo más completo y verosímil posible de cómo se produjo el naufragio y de identificar a las personas responsables, así como cualquier presunto fallo en los trabajos de rescate cuyas consecuencias hayan sido fatales.
El derecho internacional y europeo de los derechos humanos garantiza el derecho de toda persona acusada penalmente a una defensa eficaz. Entre otras cosas, esto supone el derecho a contar con “medios adecuados” para preparar su defensa, lo que incluye “todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal” o que la exculpen.
El tribunal de Kalamata debe garantizar que ‘los 9 de Pylos’ son juzgados de forma justa e imparcial, y que sus derechos al debido proceso se defienden y se respetan. El Tribunal Naval debe avanzar en las investigaciones de manera rápida, eficaz e imparcial, y garantizar la participación segura y eficaz del mayor número posible de supervivientes y familiares de las víctimas, y la recopilación exhaustiva de pruebas.
“Una y otra vez, en Grecia y en otros países, las personas racializadas que tratan de llegar a Europa terminan siendo las únicas a las que se les exige rendir cuentas en el contexto de los movimientos migratorios”, ha declarado Adriana Tidona, investigadora de Amnistía Internacional sobre Migración. “Las investigaciones y los juicios de Pylos deben ser un punto de inflexión en esta peligrosa trayectoria.”
Tras examinar 81 juicios en Grecia, el grupo no gubernamental Borderline Europe halló que “las propias personas objeto de tráfico, incluidas las solicitantes de asilo, son sistemáticamente declaradas culpables de tráfico de personas porque (presuntamente) condujeron, o ayudaron a conducir el vehículo o a guiar el timón de la embarcación”, y denunció graves deficiencias y abusos en el contexto de los arrestos y las investigaciones preliminares. Según este estudio, a fecha de febrero de 2023, de las 2.154 personas que había detenidas en Grecia por tráfico de personas, el 90% eran de terceros países. Mientras, continúan impunes violaciones de derechos humanos graves y persistentes que perpetran las autoridades contra personas refugiadas y migrantes en las fronteras griegas, incluidas devoluciones sumarias, detenciones arbitrarias y tortura.