Antes de la votación en el Parlamento iraquí de un proyecto de Ley sobre la libertad de expresión y de reunión pacífica, prevista en la sesión de este sábado 2 de agosto, Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak, manifestó:
Los legisladores deben votar en contra o proponer enmiendas a cualquier ley que amplíe el arsenal de herramientas que las autoridades ya están utilizando para restringir el espacio de la sociedad civil o traicionar los compromisos constitucionales e internacionales de Irak de proteger las libertades de expresión y de reunión pacífica.
Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak
“Los legisladores deben votar en contra o proponer enmiendas a cualquier ley que amplíe el arsenal de herramientas que las autoridades ya están utilizando para restringir el espacio de la sociedad civil o traicionar los compromisos constitucionales e internacionales de Irak de proteger las libertades de expresión y de reunión pacífica.”
“En Irak se hostiga, amenaza y detiene arbitrariamente a activistas y periodistas, a menudo por cargos de difamación y otras disposiciones imprecisas del Código Penal que son contrarias a los derechos humanos. En un contexto de temperaturas extremas y de una devastadora escasez de agua y electricidad, se ha detenido a activistas por denunciar la corrupción y se ha hostigado judicialmente a periodistas por criticar a las autoridades. La intimidación, las campañas de desprestigio y las innumerables medidas represivas han tenido un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión.”
“Este proyecto de ley se está tramitando de forma subrepticia y bajo un manto de secretismo. Varias organizaciones de la sociedad civil examinaron borradores hechos públicos de manera no oficial y señalaron con preocupación que, de aprobarse, la ley daría lugar a nuevas violaciones de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Ahora, mientras en Irak se siguen produciendo ataques contra la libertad de expresión, se ha vuelto a presentar un proyecto de ley. El Parlamento afirma que el nuevo proyecto se ajusta a las obligaciones constitucionales e internacionales de Irak y ‘no restringe la libertad de reunión pacífica’. Sin embargo, sin una transparencia real y sin un debate público sobre el proyecto de ley actual, la sociedad civil se ve obligada a especular sobre lo que se va a someter a votación en el Parlamento. Teniendo en cuenta el historial de Irak en materia de represión de la libertad de expresión y de reunión, se teme que la nueva ley no traiga consigo los cambios positivos que tanto se necesitan.”
Información complementaria
La primera lectura del proyecto de ley tuvo lugar el 3 de diciembre de 2022 y la segunda, el 9 de mayo de 2023. Los proyectos provocaron una gran indignación en la sociedad civil iraquí en ese momento, ya que, de convertirse en ley, infringirían derechos protegidos por la legislación nacional iraquí y por convenciones internacionales ratificadas por Irak. El análisis realizado por Amnistía Internacional de borradores anteriores de la ley a los que la organización tuvo acceso suscitó preocupación por las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión basadas en la “moral pública” o el “orden público”, así como por las repercusiones en el derecho a la libertad personal, ya que, de aprobarse, la ley daría lugar a detenciones y reclusiones arbitrarias.
En la tarde del 31 de julio, el Parlamento emitió una declaración en la que se afirmaba que se habían tenido en cuenta las observaciones de la sociedad civil en el nuevo proyecto, que había pasado a denominarse “ley de reunión pacífica”, y que se habían suprimido todos los artículos relativos a la libertad de expresión y las sanciones penales, con el fin de “no restringir las protestas”. Lamentablemente, los debates sobre las enmiendas al proyecto se han llevado a cabo en su mayor parte a puerta cerrada, en un proceso que, según la sociedad civil, carece de transparencia e inclusividad. No se ha hecho público ningún borrador oficial de la ley que se someterá a votación, lo que dificulta evaluar si responde a las críticas recibidas y si su redacción se ajusta adecuadamente a la legislación iraquí y al derecho internacional de los derechos humanos.
Las autoridades han recurrido cada vez más a los artículos del Código Penal iraquí relativos a la difamación, el vandalismo y la destrucción de edificios gubernamentales para detener y condenar a activistas y periodistas, a quienes, según el caso, se han impuesto cuantiosas multas o penas de prisión que van de meses a años.