Cuando se cumplen seis años de las protestas que tuvieron lugar en todo el país en octubre de 2019, conocidas como protestas de Tishreen, las autoridades iraquíes siguen persiguiendo a activistas y manifestantes pero no imparten justicia ni rinden cuentas de manera significativa por el homicidio de cientos de manifestantes y las mutilaciones sufridas por miles de ellos a manos de las fuerzas de seguridad y las milicias, y tampoco revelan la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Personas jóvenes que participaron en las protestas de Tishreen fueron víctimas de homicidios, lesiones y desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad o las milicias por el solo hecho de alzar la voz. Los sucesivos gobiernos han anunciado la creación de numerosos comités de investigación para examinar los crímenes cometidos durante las protestas de Tishreen y en el periodo posterior. Aunque se ha incoado al menos 2.700 causas penales, pocas personas han comparecido en juicio, y prácticamente no se ha impartido justicia alguna al haberse anulado muchas condenas.
Seis años después, es hora de que las autoridades iraquíes rompan el círculo vicioso de impunidad.
Razaw Salihy, Amnistía Internacional
En la actualidad, la arraigada impunidad por los abusos cometidos durante las protestas se ha acrecentado mediante la intensificación de la represión contra el espacio de la sociedad civil, mientras la libertad de expresión y de reunión pacífica se restringen aún más. Desde 2019, personas jóvenes que participaron en las protestas han padecido exilio, discapacidad, pérdida de empleo y represión implacable.
Las milicias y las fuerzas de seguridad han lanzado lo que muchas voces califican de “campaña de venganza” contra activistas, que ha obligado a decenas de personas a pasar a la clandestinidad o exiliarse o las ha llevado a prisión. Las autoridades siguen allanando las casas de activistas sin orden judicial, con frecuencia haciendo uso de la violencia y hostigado a familiares. Al mismo tiempo, los ataques a la libertad de expresión se recrudecen, y este año se han practicado decenas de detenciones en el marco de la represión de “contenidos indecentes” que lleva a cabo el Ministerio del Interior.
“Es abominable que, seis años después de las protestas de Tishreen, las autoridades iraquíes continúen acosando e intimidando a activistas y sus familias, mientras los responsables de los horrendos homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas continúan en libertad. Esto destruye las expectativas de justicia, verdad y reparación por los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad y las milicias afiliadas durante las protestas y después de ellas”, ha declarado Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.
“La libertad de expresión es atacada desde todos los flancos. Activistas y manifestantes ponen en peligro su vida y a sus familias por alzar la voz. Las autoridades deben dar las respuesta que prometieron hace tiempo a las demandas: justicia y fin del acoso y el homicidio de iraquíes que reclaman sus derechos básicos.”
“Parecía que venían a detener a un terrorista”
Varios activistas que viven en la clandestinidad debido a las órdenes de detención dictadas en sus ciudades de origen relataron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían allanado en repetidas ocasiones los domicilios de sus familias y hostigado a sus familiares para presionarlos para que saliera de la clandestinidad.
Amnistía Internacional tiene constancia de al menos un caso en el que un activista que estaba en la clandestinidad regresó a su ciudad de origen con la esperanza de que así aliviaría o pondría fin a los frecuentes allanamientos del domicilio de su familia que realizaban las fuerzas de seguridad. Fue condenado a seis meses por cargos falsos que lo acusaban de violencia durante las protestas, pero fue absuelto más tarde tras llegar a un acuerdo a través de contactos tribales, lo que de hecho requirió el pago de un soborno.
Algunos activistas de Bagdad, Nasiriya y otras gobernaciones que participaron en las protestas y se han visto obligados a pasar a la clandestinidad fuera de sus ciudades de origen dijeron que temían ser enviados a otras partes de Irak donde se han presentado cargos contra ellos u otras personas que participaron en las protestas.
En uno de los casos, el activista Yassin Majed Shehab, de 25 años, fue detenido el 25 de septiembre de 2025 después de salir brevemente de la clandestinidad para visitar a su padre y su madre en Bagdad. Había participado en las protestas de Tishreen y después había participado en muchas protestas convocadas para pedir justicia para las víctimas de homicidio y desaparición forzada, y había criticado a las autoridades en las redes sociales.
Su familia contó a Amnistía Internacional:
“Llegó hacia las ocho de la tarde del miércoles [24 de septiembre]. Hacia las tres de la madrugada [del 25 de septiembre] llegó una fuerza enorme: policía local, inteligencia y fuerzas de seguridad. Parecía que venían a detener a un terrorista. Hombres armados derribaron a patadas la puerta y entraron antes de que las mujeres pudieran taparse. La hermana de Yassin, que estaba embarazada, fue golpeada en la cabeza cuando intentaba protegerlo. Golpearon a Yassin, lo sacaron a rastras y amenazaron con detener a otros miembros de la familia si hacíamos preguntas. Blandían sus armas y no mostraron orden de detención alguna. Dijeron que se lo llevaban a la dirección de inteligencia. Fuimos al día siguiente pero nos dijeron que no estaba allí”.
Detenciones en Nasiriya: “Es en venganza por Tishreen”
En Nasiriya, gobernación de Thi Qar, en el sur de Irak, activistas y sus familias hacen frente a incesantes represalias, que incluyen allanamientos de domicilios, hostigamiento y detenciones en virtud de órdenes “latentes”, algunas de las cuales incluían cargos punibles con la muerte. La campaña se intensificó después del nombramiento de un nuevo jefe de policía en octubre de 2024.
El director de una ONG local calificó lo ocurrido en Nasiriya de “campaña de venganza”, y agregó que el nuevo jefe de policía anunció inmediatamente planes para ejecutar 400 órdenes de detención “latentes” o pendientes de ejecución que las personas activistas creían que se habían retirado en 2020.
Amnistía Internacional habló con activistas de Nasiriya que pasaron a la clandestinidad debido a órdenes de detención pendientes que se dictaron en su contra en 2020 por participación en protestas en Nasiriya.
Un activista en la clandestinidad dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad atacaron la casa de su familia en diciembre de 2020: “Llevaron con ellos a miembros de Saraya al Salam [una facción de las Unidades de Movilización Popular] y no tenían orden de detención alguna, ni siquiera dijeron cuál era el motivo de la detención. Se trata de las mismas órdenes de detención con las que nos persiguen ahora [que no se habían mostrado en su momento]. Es en venganza por Tishreen. Queríamos cambios, no el poder político. Queremos un Irak mejor y el Estado de derecho. […] Ellos [las milicias] matan, aterrorizan y hacen desaparecer a la gente, pero es a nosotros a quienes se acusa de desestabilizar Irak”.
En uno de los casos, el 8 de marzo de 2025, las fuerzas de seguridad detuvieron a un activista en Nasiriya. El 13 de abril fue condenado a 15 años en virtud del Código Penal por el presunto homicidio de un manifestante en 2020. Según su familia y activistas que hablaron con Amnistía Internacional, los cargos eran falsos, y las declaraciones de testigos se obtuvieron mediante tortura. Señalaron que lo habían detenido por el papel que había desempeñado en la organización de protestas, incluidas las protestas de Tishreen, desde 2019.
Otro activista declaró: “Lo torturaron hasta que confesó. Cuando se retractó, lo liberaron. Pero entonces sus acusadores apelaron y ahora cumple 15 años”.
Amnistía Internacional no ha tenido acceso a los documentos judiciales pertinentes relacionados con el caso y no ha podido evaluarlos.
El mismo mes, las fuerzas de seguridad asaltaron una vez más la casa de la familia con munición real y granadas de humo, en un intento de detener al hermano menor del activista pero detuvieron a su padre, Que fue puesto en libertad unos días más tarde y denunció fuertes palizas mientras lo interrogaban en relación con el paradero de su hijo. Amnistía Internacional examinó fotografías en las que se observan contusiones es su abdomen y cabeza.
Amnistía Internacional examinó una orden de detención del hermano menor de fecha 1 de enero de 2025, dictada por la Autoridad Judicial del Tribunal de Apelación de Thi Qar, en la que se acusa formalmente al activista de “contribuir deliberadamente” a causar daños a bienes importantes de carácter público o propiedad del Estado con la intención de derrocar el régimen constitucional en virtud del artículo 197.4 del Código Penal, delito que puede ser penado con la muerte.
El activista, que continúa en la clandestinidad, afirmó: “Toda mi familia en Nasiriya está en peligro. Mi hermana tiene que ser acompañada en su camino de ida y vuelta a la universidad porque seguimos recibiendo amenazas Nos preocupa que sea secuestrada, herida o incluso violada. Mi padre ha sido hostigado e intimidado en su trabajo. Yo continúo en la clandestinidad y ellos [las milicias] nos vigilan. Todo esto es porque mi familia y yo nos negamos a que ser comprados. Porque alcé la voz y participé en las protestas”.
“Seis años después, es hora de que las autoridades iraquíes rompan el círculo vicioso de impunidad. Deben poner fin a su represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y hacer públicos los resultados de la investigación que dicen haber llevado a cabo sobre las violaciones de derechos cometidas en el contexto de Tishreen y con posterioridad”, ha manifestado Razaw Salihy.
Información complementaria
En los últimos años, las autoridades iraquíes han restringido aún más el espacio cívico. El Ministerio del Interior ha llevado a cabo decenas de detenciones de creadores de contenido de las redes sociales por “contenidos indecentes”, y los tribunales han condenado a decenas de creadores de contenido a pagar multas o cumplir penas de prisión en virtud de diversos artículos del Código Penal, aunque sigue sin saberse con certeza qué tipo de “contenidos” se consideran indecentes. El Parlamento también ha intentado aprobar leyes restrictivas sobre libertad de expresión, protesta pacífica y actividad de las ONG.