Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Majdi Fathi/NurPhoto
Todas las víctimas nos preocupan por igual, pero no todos los grupos de agresores son lo mismo. Ante situaciones de crisis como la que está viviendo Israel y Gaza, debemos ser claros y tajantes en lo referente a las violaciones de derechos humanos y a los crímenes de guerra.
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados están viviendo desde el 7 de octubre una catástrofe humanitaria sin precedentes debido a los ataques lanzados por Hamás y otros grupos armados palestinos, y el castigo colectivo a la población palestina por parte del Estado de Israel.
Las cifras hablan por sí solas: los grupos armados palestinos han matado al menos a 1.400 personas y han tomado más de 200 rehenes. Por su parte, las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 10.000 personas, la mayoría civiles, de las cuales más de 4.000 eran menores de edad. Dejaron más de 17.000 personas heridas y han detenido a más de 2.000, contra quienes han utilizado tortura y malos tratos.
Según el derecho internacional humanitario, ambas partes tienen la obligación de proteger la vida de las personas civiles y han cometido crímenes de guerra que deben ser investigados y sancionados.
Sin embargo, no podemos olvidar que, por un lado, estamos hablando de grupos armados, y por otro, de la fuerza de todo un Estado que lleva 16 años sometiendo a la población palestina al apartheid, un crimen de lesa humanidad.
Desde 2007, Israel ha impuesto a la Franja de Gaza un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo. En 2022 denunciamos que dicho Estado ha realizado un ataque generalizado y sistemático para mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina.
En su intención de destruir a Hamás, el ejército de Israel está matando civiles masivamente y destruyendo infraestructuras esenciales. Mientras tanto, Gaza, debido a la intensificación del bloqueo, se queda rápidamente sin agua, medicamentos, combustible y electricidad. Además, una orden de evacuación les ha sometido al desplazamiento forzado y un bloqueo comunicacional les impide informar e informarse, lo cual hace cada vez más difícil documentar las violaciones de derechos humanos. Los civiles no deben utilizarse como peones políticos y no pueden devaluarse sus vidas.
Desde Amnistía Internacional pedimos a la comunidad internacional que lleve a cabo un embargo de armas y exija un alto el fuego humanitario, significativo e inmediato, y que ejerzan toda la presión necesaria sobre las autoridades israelíes y Hamás para que acaten este llamamiento. Ello permitirá el acceso de ayuda humanitaria y poner fin al sufrimiento de la población civil. Se debe pensar también en un compromiso de recuperación a largo plazo de Gaza: trabajos de reconstrucción, ayudas a las personas afectadas, y medios de supervivencia; reconocimiento del derecho de la población de Gaza a regresar a sus hogares y a las zonas donde vivían antes; y, por supuesto, incluir una solución política a la crisis.
Ante una devastación y un sufrimiento sin precedentes, la humanidad debe prevalecer.