Amnistía Internacional ha firmado una declaración conjunta con motivo del décimo aniversario de la “Represión 709” de abogados y abogadas de derechos humanos en China; la directora de la organización para China, Sarah Brooks, ha declarado:
“La ‘Represión 709’ desembocó en el enjuiciamiento injusto y la persecución de algunos de los abogados y abogadas de derechos humanos y activistas jurídicos más diligentes de China, pero no fue más que el comienzo de una década de ataque contra los derechos humanos y el Estado de derecho que hoy no muestra signos de remitir”.
“Muchos de los abogados y abogadas afectados hace 10 años siguen estando en riesgo de ser encarcelados y son objeto habitualmente de hostigamiento y de duras restricciones de sus derechos, lo que no sólo perturba su vida cotidiana, sino también la de sus familias, hijos e hijas incluidos”.
“El deterioro de la situación de los derechos humanos en China desde la ‘Represión 709’ no es una coincidencia. El ataque de Pekín contra la profesión jurídica ha contribuido a facilitar un ataque más general y sostenido contra los derechos humanos que afecta a la forma en que las personas LGBTI pueden encontrar su comunidad, los trabajadores y trabajadoras pueden buscar resarcimiento, y las mujeres, las personas migrantes y las que tienen una discapacidad pueden combatir la violencia y la discriminación”.
“Este deterioro continuo pone de relieve la insuficiencia de la respuesta internacional a la ‘Represión 709’. Este décimo aniversario debe recordar a los gobiernos del mundo que insten a sus homólogos chinos a garantizar la libertad y un trato justo a todos los abogados y abogadas represaliados sólo por hacer el trabajo para el que habían recibido formación”.
Declaración conjunta
Acción internacional crítica para exigir rendición de cuentas por la “Represión 709” y otras violaciones de derechos
7 de julio de 2025. Diez años después de las medidas enérgicas generalizadas del gobierno chino contra abogados y abogadas de derechos humanos, los gobiernos interesados y las Naciones Unidas deben establecer una investigación internacional independiente sobre la persecución de la sociedad civil por parte de Pekín. Ninguna autoridad china ha rendido cuentas por los graves abusos perpetrados contra los derechos humanos de profesionales de la abogacía y de quienes defienden los derechos humanos, lo que ha envalentonado al gobierno para cometer violaciones de derechos humanos cada vez más generalizadas y sistemáticas. Según la ONU, estas violaciones incluyen posibles crímenes de lesa humanidad en la región uigur.
El 9 de julio de 2015, en un incidente conocido ahora como la “Represión 709”, autoridades de toda China lanzaron un ataque sin precedentes contra abogados y abogadas de derechos humanos y activistas que defendían el Estado de derecho. La policía arrestó a más de 300 profesionales de la abogacía y activistas: la mayoría de las personas que llevaban a cabo este tipo de trabajo. En los días y meses siguientes, muchas de estas personas fueron víctimas de desaparición forzada y decenas fueron detenidas arbitrariamente. Las autoridades encarcelaron a diez profesionales de la abogacía y activistas por cargos infundados al condenarlos a penas de entre tres y ocho años de prisión. Los funcionarios infligieron un castigo colectivo a sus familiares, incluidos niños y niñas, por su relación con, y defensa de, sus seres queridos.
La “Represión 709” representó un aumento significativo del ataque por parte del presidente chino y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, contra la sociedad civil independiente y, en concreto, contra la incipiente comunidad de profesionales de la abogacía que trataban de obtener una reparación por cuestiones legales y sociales a través del sistema judicial.
En los últimos diez años, nuestras organizaciones han ayudado a elevar las voces de las personas afectadas por la “Represión 709”. En este décimo aniversario, pedimos colectivamente una acción urgente por parte de los gobiernos interesados, incluidos los que son parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Abogados y abogadas de derechos humanos encabezaron iniciativas para promover el Estado de derecho
Antes de la “Represión 709”, abogados y abogadas de derechos humanos de todo el país propugnaron una reparación para sus clientes y dieron a conocer violaciones de la ley y de los derechos a la imparcialidad procesal con la intención de defender los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales y ratificados voluntariamente por el gobierno chino, y de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y las leyes chinas. Los abogados y abogadas ayudaron a promover reformas clave del Estado de derecho, como la abolición de sistemas de detención arbitraria como la “reeducación por el trabajo” y la shuanggui, el régimen disciplinario interno del Partido Comunista Chino. Además, pidieron la abolición del hukou o sistema de registro de residencia.
“Como profesional de la abogacía que defiende los derechos humanos, insistí en decirle la verdad al poder al mismo tiempo que traté de promover la libertad de religión y de creencias, la libertad de expresión, la dignidad humana, la justicia social, y la paz y la democracia.”
– Profesional de la abogacía de derechos humanos objeto de detención durante la “Represión 709”
Los abogados y abogadas representaban a miembros de muchos grupos perseguidos por las autoridades, como activistas de derechos humanos, personas de etnia tibetana, practicantes de Falun Gong, feministas y defensores y defensoras de las personas LGBT, personas de la fe cristiana, y víctimas de la corrupción del Estado y de crisis de salud pública como el escándalo de la leche infantil contaminada. Algunos de estos abogados y abogadas habían sido elogiados por las autoridades antes de ser arrestados, como Gao Zhishing, a quien el Ministerio de Justicia había nombrado en 2001 como uno de los diez mejores profesionales de la abogacía del país. Gao es víctima de desaparición forzada desde hace casi ocho años, tras haber sido objeto de la persecución del Estado durante años.
IImpacto de la “Represión 709”
“La ‘Represión 709’ fue el primer ataque en gran escala contra la profesión jurídica desde la fundación de la República Popular de China. Muchos de los recursos del país se dedicaron a reprimir a abogados y abogadas y a socavar los derechos humanos y el Estado de derecho”.
– Defensora de los derechos humanos y esposa de un abogado detenido en la “Represión 709”
A muchas de las personas arrestadas se les impusieron duras penas de prisión por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. La condena de ocho años de cárcel impuesta al activista Wu Gan fue la pena de prisión más larga, y Zhou Shifeng fue el abogado que recibió el castigo más severo tras estar encarcelado siete años. La policía recurrió ampliamente al abusivo sistema de detención secreta de “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” que especialistas de la ONU consideraban equivalente a desaparición forzada; y muchos de los abogados, abogadas y activistas detenidos arbitrariamente durante la represión fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.
Tras los enjuiciamientos iniciales, las autoridades chinas impusieron nuevas medidas para limitar aún más la capacidad de abogados y abogadas para desempeñar su profesión sin injerencias o ejercer sus derechos humanos. El gobierno introdujo cambios legislativos a medidas administrativas que aumentaron la vigilancia y los controles ideológicos a profesionales de la abogacía a fin de restringir el ejercicio de sus derechos humanos, y dio amplias facultades a las autoridades judiciales para suspender, cancelar o revocar la licencia a profesionales y bufetes. En los años que siguieron a estos cambios, al menos 20 abogados y abogadas fueron despojados de sus licencias para ejercer y otros 26 fueron objeto de otras sanciones, como ser obligados a salir de sus bufetes debido a la presión oficial, lo que los dejó sin ingresos a ellos y a sus familias. Pekín también castigó a quienes perseveraron en defender el Estado de derecho con la imposición de penas aún más duras de prisión, como las condenas a 12 y 14 años impuestas, respectivamente, al abogado Ding Jiaxi y al jurista Xu Zhiyong en 2023 por el cargo de seguridad nacional de “subversión del poder del Estado”.
Las autoridades chinas también siguen imponiendo castigos colectivos a familiares y personas asociadas a los abogados y abogadas y activistas afectados por la “Represión 709”. Además de cumplir condenas de prisión injustas, gran número de personas continúan sufriendo vigilancia policial, actos de hostigamiento que desembocan en la pérdida de vivienda y empleo, restricciones al acceso a la educación de sus hijos e hijas, y prohibiciones que les impiden salir del país. Muchas sufren el impacto psicológico de la detención y la vigilancia continua.
“El impacto de la ‘Represión 709’ en mí está en todas partes. Hay cámaras de alta definición instaladas frente a la entrada de nuestra unidad. No puedo conseguir trabajo y perdí mi empleo a tiempo parcial después de que la policía de seguridad nacional hablase con mi empleador. Nos echaron de nuestra vivienda de alquiler después de que la policía dijera a vecinos y vecinas que éramos unos ‘traidores’”.
– Defensora de los derechos humanos y esposa de un abogado detenido en la “Represión 709”
“El trastorno de estrés postraumático ha afectado a la familia; todo el mundo tiene algún grado de ansiedad y depresión”.
– Activista de derechos humanos y esposa de un abogado detenido en la “Represión 709”
Aunque algunos abogados y abogadas de derechos humanos continúan con valentía su trabajo, la “Represión 709” del gobierno chino ha reducido drásticamente el número de profesionales dispuestos a enfrentarse al Estado por sus abusos contra los derechos humanos. Y, en la última década, las autoridades vienen usando de forma creciente tácticas clave de la “Represión 709”, como la vigilancia domiciliaria en un lugar designado y la vigilancia y los controles a los que somete a quienes defienden los derechos humanos y profesionales de la abogacía una vez cumplen sus arbitrarias penas de prisión.
El ataque de Pekín contra la sociedad civil exige una respuesta global más enérgica
Inmediatamente después de la “Represión 709”, varios gobiernos y la Unión Europea manifestaron su preocupación. Durante los Exámenes Periódicos Universales de China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de los últimos diez años, varios Estados pidieron a las autoridades chinas la libertad de los abogados y abogadas y defensores y defensoras detenidos y que les permitiera trabajar sin injerencias ni hostigamiento. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura pidió una investigación nacional en 2015. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y varios expertos y expertas en derechos humanos de la ONU denunciaron la “Represión 709” y pidieron la libertad de las personas detenidas arbitrariamente. El año pasado, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y los abogados condenó la inhabilitación por el gobierno chino de abogados y abogadas de derechos humanos y las violaciones continuas de estos derechos de los que son objeto.
Aun así, las autoridades chinas han ignorado todos estos llamamientos y, en su lugar, han ampliado y profundizado su represión. En los años transcurridos desde la “Represión 709”, el gobierno de Xi ha cometido posibles crímenes de lesa humanidad en la región uigur, ha suprimido libertades fundamentales en Hong Kong, ha clausurado escuelas que enseñaban la lengua y la cultura tibetanas al mismo tiempo que exigía al alumnado que asistiera a las escuelas estatales, ha alterado la Constitución para permitir que Xi Jinping gobierne indefinidamente, y ha aumentado la represión transnacional de activistas y de la diáspora fuera de China.
“Espero que la comunidad internacional condene rotundamente al gobierno chino y le exija responsabilidades para hacer justicia a las víctimas. Necesitamos que aumenten los esfuerzos para apoyar a los abogados y abogadas chinas de derechos humanos y a las personas de toda condición que contribuyen a la libertad y la democracia en China. Luchemos por un rayo de luz para la sociedad”.
– Activista de derechos humanos detenido durante la “Represión 709”
La resiliencia de quienes defienden los derechos humanos en toda China pese a una década de empeoramiento de la represión se basa en el deseo de que el gobierno cumpla sus obligaciones de respetar el Estado de derecho y los derechos humanos universales, incluidos los asumidos libremente al incorporarse a numerosos tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los gobiernos interesados deben escuchar los llamamientos procedentes del interior del país y tomar medidas para exigir responsabilidades al gobierno chino.
Los gobiernos deben apoyar el establecimiento de una investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno chino. Esos gobiernos pueden asimismo aumentar el apoyo a abogados y abogadas y otras personas que defienden los derechos humanos en China, y también a sus familias. Los y las dirigentes de esos Estados deben pedir públicamente la libertad de los y las profesionales de la abogacía, y de los defensores y defensoras de derechos humanos detenidos injustamente —citando sus nombres—, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, e insistir en esta cuestión en todas las reuniones con funcionarios chinos. Los gobiernos que tienen, o estén considerando suscribir, cualquier tipo de acuerdo bilateral de cooperación en materia de Estado de derecho deben exigir que las autoridades chinas retiren todos los cargos y anulen todas las sentencias condenatorias impuestas a las personas detenidas injustamente por ejercer pacíficamente los derechos humanos o defenderlos.
Consejo de Derechos Humanos debe atender al llamamiento que han hecho decenas de especialistas en derechos humanos de la ONU desde junio de 2020 y establecer un mecanismo específico para observar la situación de los derechos humanos en China e informar sobre ella. Además, los Estados deben crear y aprovechar oportunidades para destacar públicamente la situación de quienes defienden los derechos humanos tanto en China como procedentes de este país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con, entre otros medios, declaraciones conjuntas, informaciones y eventos paralelos.
“Lo más importante sobre la ‘Represión 709’ es la unidad, la valentía y la lucha tenaz de los abogados y abogadas y sus familias. Sin familiares que toman la iniciativa en la protección de los derechos, el nombre 709 se habría olvidado hace tiempo”.
– Activista de derechos humanos que lideró el trabajo de rescate “709”
Firmantes
Alliance for Citizens Rights
Amnesty International
ARTICLE 19
Asian Lawyers Network
Campaign for Uyghurs
China Aid
China Citizen’s Movement Alliance
China Democracy Party
Chinese Democracy & Human Rights Alliance
Committee for Freedom in Hong Kong Foundation
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Freedom House
Humanitarian China
Human Rights in China
Human Rights Watch
International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
International Service for Human Rights
International Tibet Network
Jewish Movement for Uyghur Freedom
Judicial Reform Foundation
Law Society of England and Wales
Lawyers for Lawyers
Lawyers’ Rights Watch Canada
Network of Chinese Human Rights Defenders
No Business With Genocide
Safeguard Defenders
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy
The Rights Practice
Uyghur Projects Foundation
Victims of Communism Memorial Foundation
World Organisation against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders