En una visita de alto nivel a Líbano realizada del 23 al 25 de noviembre, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, pidió a las autoridades libanesas que adopten medidas concretas encaminadas a la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado con Israel, justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut, y actividades de apoyo para reforzar la protección de la libertad de expresión y el espacio de la sociedad civil.
Durante la visita, Agnès Callamard se reunió con el primer ministro, Nawaf Salam, y el ministro de Justicia, Adel Nassar, así como con defensores y defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.
“En sólo unos años, la población libanesa ha tenido que soportar una guerra demoledora con Israel, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia y un desplome económico brutal. Los daños persisten y las víctimas continúan esperando a que los responsables respondan de sus actos”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Al gobierno libanés se le presenta una ocasión excepcional y urgente para romper decisivamente con años de impunidad, mala gestión y abuso, y poner los derechos humanos en el centro de su agenda. En mis conversaciones con autoridades libanesas, éstas me expresaron su voluntad de comprometerse con asuntos fundamentales en materia de derechos humanos. Ahora, la verdadera prueba radica en convertir esas palabras en acciones. El gobierno debe cumplir sus promesas, garantizando una investigación sobre la explosión del puerto de Beirut sin injerencias políticas, dando pasos para exigir que las autoridades israelíes rindan cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Líbano desde octubre de 2023, despenalizando la difamación y procurando justicia a las víctimas de homicidio político, entre ellas Lokman Slim, e impulsando reformas institucionales.”
La visita se produce en un momento crítico, cuando prácticamente se cumple un año del alto el fuego declarado el 27 de noviembre de 2024 para poner fin a las hostilidades en gran escala entre Israel y Hezbolá. A pesar de esa tregua, Israel ha seguido llevando a cabo una destrucción masiva en las fronteras de Líbano y perpetrando ataques en su interior, y ha rehusado retirarse de algunas partes del territorio libanés, mientras hay comunidades que continúan desplazadas en el sur, viviendo en condiciones inseguras, y sin perspectiva de unos planes de reconstrucción basados en derechos.
Justicia y rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario
Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas israelíes durante la guerra contra Líbano, como ataques aéreos ilícitos contra la población civil y bienes de carácter civil que deben investigarse como crímenes de guerra, uso de fósforo blanco, explosiones masivas e indiscriminadas dirigidas contra dispositivos electrónicos y ataques a periodistas, centros médicos, ambulancias y personal paramédico. Además, Amnistía Internacional ha documentado ataques de Hezbolá con cohetes no guiados contra zonas civiles densamente pobladas de Israel.
Al gobierno libanés se le presenta una ocasión excepcional y urgente para romper decisivamente con años de impunidad, mala gestión y abuso, y poner los derechos humanos en el centro de su agenda.
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
Tras el alto el fuego declarado en noviembre de 2024, la organización también documentó destrucción y daños masivos causados por las fuerzas armadas israelíes en estructuras civiles y terrenos agrícolas del sur de Líbano entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de enero de 2025.
Hasta la fecha, el gobierno de Líbano no ha adoptado medidas significativas para garantizar rendición de cuentas, resarcimiento o reparaciones a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto.
“La política nunca debe interponerse en el camino de la justicia, la verdad y la reparación. Las autoridades libanesas deben analizar todas las posibles vías de rendición de cuentas, poniendo en marcha investigaciones nacionales verosímiles sobre presuntos crímenes de guerra, estableciendo un registro de todos los homicidios, lesiones y daños causados, permitiendo actuar a la Corte Penal Internacional y tomando medidas concretas para garantizar reparaciones a las personas y comunidades afectadas. Amnistía Internacional también pide al gobierno de Líbano que sea una voz potente en el ámbito internacional contra los asesinatos de periodistas en conflictos armados y, en general, a favor de la protección de un orden basado en normas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut
Más de cinco años después de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020 —una de las mayores explosiones no nucleares de la historia—, que mató a al menos 236 personas, hirió a más de 7.000 y destruyó gran parte de Beirut, las víctimas y sus familiares siguen esperando verdad y justicia. Las autoridades han obstruido la investigación nacional repetidamente protegiendo a figuras políticas y autoridades de la rendición de cuentas. Tras una prolongada suspensión, el juez Tarek Bitar reanudó oficialmente su trabajo en enero de 2025, emitiendo nuevas citaciones y reanudando el interrogatorio de altos cargos de seguridad. No obstante, el progreso de la investigación sigue siendo incierto. La organización pidió a las autoridades que protejan el camino a la justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut garantizando una investigación exhaustiva, independiente y sin injerencias políticas.
“Es una prueba de fuego para Líbano y un momento crítico para restablecer la confianza de la población en el sistema de justicia. Las familias de las víctimas han demostrado una persistencia extraordinaria en su búsqueda de la verdad. Las autoridades libanesas deben corresponder a ese coraje con una voluntad política genuina”, ha dicho Agnès Callamard.
Investigaciones sobre homicidios políticos
Líbano tiene un largo historial de asesinatos de motivación política sin una investigación efectiva para identificar a todos los perpetradores y obligarlos a rendir cuentas. Lokman Slim, intelectual, editor y defensor de los derechos humanos, fue asesinado en el sur de Líbano el 3 de febrero de 2021. La investigación sobre su homicidio permaneció estancada durante tres años y fue suspendida en diciembre de 2024. En mayo de este año se nombró una nueva jueza, que celebró una vista en junio.
“Nos agrada ver que, tras años de dilación, ahora parece que existe un renovado interés en la investigación del homicidio de Lokman Slim. Pedimos a las autoridades judiciales que garanticen que no se trata de otra salida en falso y que la investigación permitirá acusar formalmente y exigir rendición de cuentas a los responsables del homicidio, incluidos sus autores intelectuales”, ha afirmado Agnès Callamard.
Legislación sobre medios de comunicación y protección de la libertad de expresión
Amnistía Internacional continúa profundamente preocupada por el uso indebido que se sigue haciendo de las disposiciones penales sobre difamación e injurias para intimidar a periodistas, activistas y ciudadanos que critican a quienes ejercen el poder. Dado que el Parlamento estaba estudiando un borrador de la ley sobre medios de comunicación revisada, la delegación animó a las autoridades a apoyar reformas dirigidas a anular las condenas de prisión y detenciones preventivas por delitos relacionados con la libertad de expresión y a sustituir las disposiciones penales sobre difamación por nuevas disposiciones civiles.
Información complementaria
Agnès Callamard es experta internacional en derechos humanos. Destacada defensora de la libertad de expresión, feminista y activista contra el racismo, Agnès Callamard ha estado en primera línea de las iniciativas internacionales para combatir algunos de los mayores desafíos en materia de derechos humanos de nuestro tiempo. Fue nombrada secretaria general de Amnistía Internacional en 2021, tras haber desempeñado el cargo de relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.