blank
Internet y redes sociales
  • Logotipo de Facebook
  • Logotipo de Twitter

Los derechos digitales de la infancia necesitan algo más que una falsa promesa de seguridad

Lisa Dittmer, investigadora sobre Derechos Digitales de la Infancia de Amnistía Internacional, y Paloma Candia y Ahmed Dhman, protectora y protector, respectivamente, de los derechos digitales, red global de niños, niños, niñas y jóvenes defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional.

Este artículo fue publicado por primera vez en TechPolicy.Press.

La seguridad de la infancia en Internet se ha convertido en una cuestión política de primer orden a medida que la preocupación que suscitan los efectos perniciosos de las grandes empresas tecnológicas salía de los debates académicos para llegar a las listas de libros más vendidos y a las noticias de los principales medios. El presidente francés Emmanuel Macron elogió la prohibición de las redes sociales para adolescentes en Francia como “liderar el camino en Europa en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”. El máximo tribunal francés bloqueó la ley posteriormente alegando motivos relacionados con la privacidad y la libertad de expresión. El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha pedido un compromiso con la seguridad de la infancia en relación con la inteligencia artificial (IA). Pero en medio de la avalancha de compromisos generales y la prisa por proteger a “nuestros hijos e hijas”, brillan por su ausencia las voces de un grupo demográfico: el de la propia infancia.

Aparte de un breve vídeo pregrabado, ni un solo niño o niña pudo intervenir cuando una nueva coalición de Estados para la protección de la infancia presentó su trabajo en julio, en el Diálogo sobre la Inteligencia Artificial de la ONU. Kenia, uno de los Estados integrantes de esa coalición, debate actualmente un nuevo proyecto de ley sobre IA que carece de protecciones y de un mecanismo de consulta específicos para la infancia. La ausencia de niños, niñas y jóvenes en los espacios de formulación de políticas y el hecho de que no se reconozcan sus demandas y necesidades están claramente ligados. A nivel global, una mezcla de captura del Estado por las grandes empresas tecnológicas, miopía política y aumento de las prácticas autoritarias en el ámbito digital está socavando los derechos de la infancia precisamente cuando el mundo proclama que, por fin, se ha logrado garantizar la seguridad de la infancia en Internet.

Mitigar los daños en lugar de garantizar los derechos

Los niños, las niñas y las personas jóvenes son tratados a menudo como sujetos pasivos a los que hay que salvar mediante normativas en lugar de como partícipes en la elaboración de las normas que los afectan. Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU reconoce el derecho de los niños y niñas a ser oídos, su participación sigue siendo, con demasiada frecuencia, meramente simbólica en el mejor de los casos. Invitar a un número selecto de niños y niñas a que hagan comentarios dentro de unos límites predefinidos sin darles medios para dar forma material a procesos y resultados no es una participación significativa.

Es esta actitud paternalista lo que reduce cada vez más los problemas relativos a los derechos digitales de la infancia a una cuestión de mitigar los daños en lugar de garantizar sus derechos y crear un futuro digital positivo. Aunque hay que abordar con urgencia los daños que causan las redes sociales, las prohibiciones de usar estas redes sociales a adolescentes son un ejemplo de la política performativa resultante que busca apaciguar al electorado adulto en lugar de abordar las causas fundamentales de los daños derivados de la tecnología.

Quienes trabajan en favor de la infancia y la juventud llevan tiempo pidiendo soluciones que aborden las decisiones de diseño manipuladoras y las violaciones de la intimidad habituales en las experiencias de las personas menores de edad en las redes sociales, los juegos y los chatbots de IA. Organizaciones dirigidas por jóvenes como ctrl+alt+reclaim, Design It for Us y FlippGen son firmes defensoras de soluciones más matizadas que reflejen las experiencias que viven niños, niñas y jóvenes.

Y aun así, estas peticiones de cambio sistémico son con demasiada frecuencia ignoradas cuando los dirigentes políticos optan por supuestas soluciones rápidas para “nuestra protección”. Hay que abordar riesgos como el ciberacoso, la captación de menores con fines sexuales, la violencia online y el uso problemático de las redes sociales, pero tratar de impedir que entren en ellas las personas menores de edad, que también recurren a estas plataformas en busca de comunidad, información y activismo, descarta todo un conjunto de derechos a cambio de una falsa promesa de seguridad. Los datos que llegan de Australia muestran fallos evidentes en este razonamiento: los niños y las niñas siguen accediendo a las plataformas dañinas a las que se les debería haber impedido el acceso y quienes eluden la prohibición o no son nunca excluidos continúan expuestos a los mismos daños que la política trata de abordar. Mientras tanto, siguen sin abordarse retos fundamentales para los derechos digitales de la infancia y la juventud.

La normalización de la vigilancia en Internet en la vida de niños y niñas

Niños, niñas y jóvenes crecen en un mundo en el que sus datos personales se recopilan, se rastrean y se comparten constantemente desde el momento en que las plataformas y anunciantes online se dan cuenta de un embarazo hasta su primera exploración del mundo digital mediante vídeos y juegos, y más tarde en escuelas y universidades, que cada vez vigilan más al alumnado con herramientas de protección, registros biométricos de asistencia, y análisis del rendimiento y gestión de la conducta basados en la IA. Así, los niños y niñas son adiestrados para crecer acostumbrados a la vigilancia de una red en gran parte invisible de actores gubernamentales y particulares, en la mayoría de los casos sin un consentimiento libre e informado.

Muchos de los mismos gobiernos que actualmente debaten las restricciones para adolescentes en las redes sociales acogen con entusiasmo el auge de la IA en la educación, invitando colaboraciones con importantes empresas de IA para llevar chatbots a las escuelas a pesar de lo enormemente preocupante de la ausencia de salvaguardias de los derechos de la infancia en relación con la privacidad en Internet, el diseño manipulador, los materiales discriminatorios y nocivos, así como la ausencia de datos científicos de los beneficios y los riesgos en el ámbito educativo.

Los datos de las personas menores de edad siguen estando mal protegidos y ahora corren el riesgo de ser aún más socavados por las herramientas de verificación de la edad necesarias para aplicar la prohibición a adolescentes. La tendencia mundial apunta hacia controles de edad más estrictos, lo que presenta nuevos riesgos en cuanto a rastros adicionales de datos, incidentes de ciberseguridad y vigilancia online tanto por actores empresariales como estatales. Francia se limitó a esquivar la cuestión de la aplicación de su nueva ley para adolescentes para evitar chocar con la normativa europea, pero lo que se conoce como carteras de identidad digital pronto se extenderán a las experiencias en Internet en toda la UE a pesar de la preocupación de especialistas en privacidad.

Gobiernos como los de Turquía, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos están aprovechando el momento de la seguridad de la infancia en Internet para proponer acciones que se sumarán a medidas preocupantes ya existentes sobre privacidad y libertad de expresión que afectan a personas usuarias de Internet menores de edad y adultas por igual.

Presentar a los gobiernos como una fuerza para el bien en medio de una creciente represión digital

El debate actual también ignora las muchas formas en que los gobiernos abusan activamente de la tecnología para vigilar y silenciar a niños, niñas y jóvenes. La reciente ola de protestas de la influyente generación Z en diversos contextos, incluidos, entre otros, Bangladesh, India, Nepal, Kenia, Madagascar y Perú, ha puesto de relieve el poder de una juventud conectada digitalmente y experta en redes sociales.

Por otro lado, los gobiernos convierten cada vez más las huellas y rastros de datos de activistas jóvenes en las redes sociales en herramientas de censura y represión. Cuando el estudiantado tomó las calles de Delhi para exigir la dimisión del ministro de Educación, el gobierno indio respondió cerrando primero el servicio de datos móviles en partes centrales de la ciudad, y yendo luego contra la aplicación basada en Bluetooth a la que había recurrido la juventud en medio del cierre. En Kenia, Amnistía Internacional documentó cómo, en 2024 y 2025, las autoridades utilizaron el acoso y la vigilancia en Internet para aplastar las protestas encabezadas por jóvenes en todo el país. Las herramientas de análisis de macrodatos ya están llevando las capacidades de vigilancia de los Estados a nuevos niveles, facilitando la represión tanto de migrantes como de manifestantes.

Todo esto son desafíos críticos para los derechos digitales de la infancia y la juventud que la actual visión limitada, centrada en las prohibiciones en las redes sociales, pasa por alto. Las políticas que intentan marginar a la juventud en lugar de trabajar con ella fracasarán, como los y las adolescentes de Australia y el estudiantado de India están demostrando de forma contundente.

Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs

Niños, niñas y jóvenes tienen que ser finalmente incluidos de forma significativa en toda su diversidad como especialistas críticos de sus propias experiencias para que sus derechos y su seguridad sean algo más que un paso hacia un control de Internet y una privación deliberada de sus derechos cada vez mayores.

En lugar de iniciativas puntuales y meramente simbólicas, los gobiernos tienen que crear oportunidades para que las personas menores de edad hagan su aportación a los procesos de política digital de formas seguras y significativas, y rendir cuentas de cómo se refleja su aportación en la política, del mismo modo que las empresas tecnológicas tienen que codiseñar productos con menores si van a ser usados por menores.

Las autoridades reguladoras deberían aspirar a construir un futuro digital positivo, invirtiendo en alfabetización digital y creando políticas que preserven y premien las ventajas del mundo digital en lugar de limitarse a mitigar los daños. Eso significa salvaguardar efectivamente la privacidad de las personas menores y las adultas; regular los servicios de Internet garantizando que los usuarios y usuarias disponen de opciones y autonomía reales, y prohibiendo los diseños manipuladores; frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas, y establecer unos límites efectivos a las facultades de vigilancia del Estado.

“Nadie debe tener que elegir entre su seguridad y su voz”, escribió hace poco el estudiante de secundaria keniano Mark Igathe en el texto que ganó el concurso anual de redacción sobre derechos digitales de Amnistía Kenia. Las personas responsables de la formulación de políticas harían bien en dar más espacio a esas voces y escuchar.

Contenido relacionado: