Las organizaciones abajo firmantes expresan su profunda preocupación ante la comunicación de un número creciente de muertes bajo custodia en Myanmar, especialmente en los últimos cuatro años y medio, que han sido testigos de una erosión sin precedentes del respeto y la protección de los derechos humanos. Desde el golpe militar de 2021, según informes, han muerto más de 1.800 personas mientras se encontraban detenidas por la Junta Militar, muchas de ellas debido a la denegación sistemática de la atención médica en prisiones o como consecuencia de lesiones no tratadas, producidas durante interrogatorios abusivos tras su detención. Exigimos a las fuerzas armadas de Myanmar que proporcionen urgentemente a las personas privadas de libertad acceso a una atención sanitaria adecuada, del mismo nivel y con las mismas opciones que la disponible en la comunidad y accesible sin discriminación a todas las personas detenidas, y que pongan fin de inmediato a la tortura y otros malos tratos que les infligen.
Medios de comunicación independientes y grupos de observación penitenciaria comunicaron la muerte de varias personas en distintos centros de detención en julio de 2025. Ma Wutt Yee Aung, activista estudiantil de 26 años —detenida por las fuerzas de la Junta Militar en septiembre de 2021 por presuntos cargos de terrorismo e incitación—, murió en la prisión de Insein, en Rangún, en torno al 19 de julio de 2025. El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Dagon ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que su muerte fuera consecuencia de las heridas profundas en la cabeza que sufrió durante los interrogatorios mientras estaba detenida y de la denegación de un tratamiento adecuado por parte de las autoridades penitenciarias, pese a las peticiones de su familia para que recibiera atención médica hospitalaria fuera de prisión. El mismo día, Ko Pyae Sone Aung, de 44 años —representante de la sección del partido Liga Nacional para la Democracia en el municipio de Belin, estado de Mon— murió en la prisión estatal de Thaton tras ser brutalmente golpeado, según informes. De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos de Monland, Ko Pyae y otras cuatro personas recibieron golpes de porra y patadas en el abdomen. Las fuentes también temían que su muerte fuera consecuencia de la denegación del tratamiento médico adecuado para la hipertensión, la diabetes y la arteriosclerosis por parte de las autoridades penitenciarias. Ko Pyae, detenido en enero de 2022, había sido condenado a seis años de prisión por presunta sedición y terrorismo. A principios de julio, otros dos presos políticos murieron en prisiones diferentes, también debido a complicaciones médicas.
En un informe de septiembre de 2024, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos afirmó que al menos 1.853 personas habían muerto bajo custodia desde el golpe de 2021. Tomando como referencia los datos de observación, sólo entre enero y julio de 2025 murieron más de 70 personas bajo custodia. Según informes, al menos 59 de ellas perdieron la vida cuando se derrumbaron unas estructuras debilitadas de la prisión de Obo, en la región de Mandalay, tras un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo de 2025. La cifra incluye a las personas detenidas arbitrariamente por su apoyo —conocido o percibido— a grupos de la oposición, incluida la Liga Nacional para la Democracia, derrocada por las fuerzas armadas en el golpe de 2021. Las cifras podrían ser más elevadas, dadas las dificultades para obtener y verificar la información, especialmente a la luz de las restricciones de acceso a las prisiones y la prohibición de muchos medios de comunicación en el país.
El informe de 2024 de la OACNUDH también describe la tortura y otros malos tratos bajo custodia de las fuerzas armadas como generalizados, en particular en los centros y recintos de interrogatorios, así como en las prisiones, incluida la tristemente famosa prisión de Tharyarwaddy, en la región de Bago. Las prácticas en estos centros incluyen abusos físicos y psicológicos, incluidos abusos sexuales, perpetrados por autoridades que tratan de obtener confesiones o información sobre otras personas presuntamente afiliadas a grupos antimilitares o simpatizantes. Los presos políticos, especialmente los que participan en protestas pacíficas dentro de las prisiones contra los abusos, sufren castigos que incluyen palizas graves, reclusión en régimen de aislamiento, nuevos cargos y, en algunos casos, el traslado a centros de detención remotos o, lo que es peor, pierden la vida durante estos traslados. La Red de Presos Políticos de Myanmar, una organización dedicada a la vigilancia, señaló que, entre 2021 y julio de 2025, al menos 190 presos políticos han muerto debido a interrogatorios abusivos, otros malos tratos o la negación de acceso a una atención sanitaria adecuada. Pese a la amplia documentación de estas prácticas por parte de diversos grupos nacionales e internacionales, no se tiene constancia de que ningún miembro de la Junta Militar haya rendido cuentas por estas muertes y abusos en las prisiones.
Cabe señalar que la tortura y los malos tratos infligidos a las personas detenidas, ampliamente denunciados, son solo una faceta de la grave situación de los derechos humanos en el país, que sigue requiriendo la atención y la acción sostenidas de la comunidad internacional. Desde el golpe de 2021, la Junta Militar de Myanmar ha matado a más de 7.000 personas, en su mayoría civiles, y ha detenido arbitrariamente a cerca de 30.000. Durante el conflicto armado en curso, se han desplazado internamente más de 3,5 millones de personas. Los grupos de derechos humanos han documentado ataques aéreos indiscriminados de las fuerzas armadas, que han causado la muerte de civiles en escuelas, bodas, refugios e incluso tras el terremoto de marzo de 2025, así como la denegación de ayuda humanitaria, hechos que podrían ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Reiteramos nuestros llamamientos de larga data a la Junta Militar de Myanmar para que ponga fin a la tortura y otros malos tratos infligidos a las personas detenidas y trabaje con urgencia para mejorar las condiciones en los centros de detención, a fin de que se ajusten a las Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos (Reglas de Nelson Mandela) y otras normas internacionales sobre detención. Debe permitirse que las personas detenidas accedan de forma oportuna y adecuada a la atención sanitaria y al tratamiento médico, lo que incluye permitirles visitar hospitales no penitenciarios para recibir el tratamiento que no esté disponible en prisión. Debe reforzarse el suministro de medicamentos y otros productos básicos a los centros de detención y, en especial, permitir la ayuda internacional y el acceso a las prisiones de las organizaciones humanitarias y médicas, así como de las familias que puedan aportar alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. Además, las fuerzas armadas de Myanmar deben liberar de inmediato a todas las personas sometidas a detención arbitraria.
ALTSEAN-Burma
Amnesty International
Article 19
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Assistance Association for Political Prisoners
Athan – Freedom of Expression Activist Organization
Burma Campaign UK
Chin Human Rights Organization
Exile Hub
Fortify Rights
Human Rights Foundation of Monland
Manushya Foundation
Myanmar Peace Museum
Political Prisoners Network – Myanmar
Politics for Women Myanmar