Señor/a director/a:
El pasado 19 de agosto cinco senadores ingresaron un proyecto de ley que busca consagrar una amnistía–perdón de delitos y extinción de responsabilidad –para agentes del Estado, quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Sí, los altos mandos también. Es decir, busca impunidad.
La existencia de graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en el estallido social no es una opinión, sino una realidad. Cuatro informes de organismos internacionales documentaron casos de homicidios, tortura, violencia sexual entre otros. Hoy, existen 67 sentencias condenatorias y otras cientos esperan lo mismo.
Es importante considerar el derecho a la protesta como un derecho fundamental y legítimo para alzar la voz frente a las injusticias. Esto no implica, justificar los delitos cometidos durante el estallido social: quienes robaron/saquearon deben responder ante la ley. Nadie discute que las fuerzas de orden deben cumplir su rol, pero ¿puede alguien sostener que las torturas y vejámenes sexuales, ampliamente documentados, contribuyen al orden público?
Exigir que carabineros y militares respeten sus propios protocolos y enfrenten las consecuencias legales cuando no lo hacen no es un capricho: es un mínimo democrático. El proyecto presentado vulnera ese consenso, erosiona la legitimidad institucional, debilita la seguridad y, sobre todo, atenta contra los derechos humanos. Chile necesita justicia para poder avanzar y la amnistía sería todo lo contrario.
Chile conoce el impacto de leyes de amnistía y prescripción de violaciones a los derechos humanos, medidas prohibidas por los tratados internacionales ya suscritos. Aprendamos de nuestra historia, dejemos de repetir los mismos errores. Los derechos humanos son un mínimo civilizatorio que todas las autoridades y candidaturas deben respetar en cualquier país y circunstancia.
Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Publicada el sábado 30 de agosto en El Mercurio.