“Cambiar la Constitución de Chile es un imperativo de derechos humanos” ha dicho hoy Amnistía Internacional al presentar su campaña “Hasta que la dignidad sea Constitución”.
El proceso constituyente es un momento crucial en el que Amnistía Internacional ha decidido ser partícipe y si corresponde lo hará de manera crítica. La organización entiende, además, que la Constitución por sí sola no asegurará una protección adecuada e inmediata de los derechos de todas las personas, pero es un paso imprescindible para avanzar en esa dirección. “La Constitución actual ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos; sino que, por el contrario, dificulta los cambios necesarios. Una nueva Constitución que incluya la perspectiva de derechos humanos es el único camino que dirige hacia una sociedad con condiciones de vida más dignas”, señala Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Tras el estallido social del 18 de octubre muchas demandas de la ciudadanía, las que ya se venían escuchando por años, se alzaron de manera más generalizada y con más fuerza. La necesidad de una vida digna para todas las personas se vio reflejada, entre otras cosas, con la urgencia de contar con una Constitución que se haga cargo de estas necesidades.
En tanto, la actual pandemia mostró de manera más cruda que la vulnerabilidad y desigualdad que llevó a la ciudadanía a manifestarse, era efectivamente una realidad que requiere ser abordada de forma urgente. Esto, nuevamente, incluye la necesidad de contar con una nueva Constitución que ponga los derechos humanos en el centro.
Para Amnistía Internacional el debate respecto al proceso constituyente ofrece una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar. “Queremos una Constitución que esté a la altura del Chile que somos hoy: un país solidario que cree y lucha a favor de la justicia y la dignidad en condiciones de igualdad”, menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
De cara a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución actual presenta evidentes falencias que en lo cotidiano afectan la vida de las personas y sus derechos fundamentales.
En primer lugar, existen derechos con una regulación débil que bloquea la posibilidad de contar con las debidas garantías, mientras existen otros derechos, como el derecho de propiedad, que tienen una regulación en extremo detallada. “Asuntos tan primordiales como algunos derechos económicos y sociales están regulados de manera excesivamente frágil, como sucede con la regulación del derecho a la salud o el derecho a la seguridad social, lo cual deja al Estado con un rol pasivo de asegurar el acceso, sin una garantía clara de condiciones dignas. En la práctica, les da más el carácter de servicios que de derechos. Esto explica en parte la situación de alta vulnerabilidad en que vivimos”, menciona Ana Piquer.
En otros casos, la regulación que hace la actual Carta Fundamental de ciertos derechos es incluso contraria a lo establecidos por los estándares internacionales. Por ejemplo, el derecho a reunión deja la regulación del uso de espacios públicos a “las disposiciones generales de policía”, sin ninguna especificación, siendo que cualquier limitación a derechos debiera regularse por ley y obedecer a criterios claros de necesidad y proporcionalidad.
Y, por último, está la categoría de derechos que no existen en la Constitución, tal es el caso del derecho a un nivel de vida adecuado (que debería incluir el acceso digno a la alimentación, vestido y vivienda), el derecho a trabajar o el derecho al agua y al saneamiento.
La actual Constitución no sitúa al Estado como garante de estos derechos fundamentales, sino le otorga un rol de facilitador o fiscalizador respecto al acceso, siendo vistos no como derechos sino como servicios. Esta limitación se da también en lo relativo a la posibilidad de exigirlos en tribunales. “Una manifestación de estos límites es que el recurso de protección de derechos constitucionales no permite reclamar, por ejemplo, por vulneraciones al derecho a la protección de la salud, al derecho a la educación o al derecho a la seguridad social. En consecuencia, en cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no tenemos maneras efectivas de exigir su protección por parte del Estado”, menciona Ana Piquer.
Para Amnistía Internacional una razón más para aprobar en el plebiscito del 25 de octubre es que la propia Constitución genera mecanismos que hacen extremadamente difícil realizar cambios, dado los quórums elevados que exige. Esta misma situación ocurre para hacer cambios significativos en la protección de derechos sociales. Durante la pandemia surgieron diversos proyectos de ley que apuntaban a atender necesidades básicas de la población que fueron cuestionados por el mismo Gobierno por su inconstitucionalidad, ya sea por su admisibilidad (porque de acuerdo a la Constitución vigente sólo los podría presentar el Presidente de la República) o por su contenido. En algunos casos, la justificación era que tales proyectos vulneraban derechos establecidos en la Constitución, tal como ocurrió con el proyecto que impedía el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia, el cual se argumentó que podía ser vulneratorio del derecho de propiedad de las empresas privadas que prestan estos servicios.
“Esperamos que la nueva Constitución abra el camino para dejar atrás el Chile que favorece a unas personas por sobre otras, y dé paso reflejar el país que somos actualmente, aquel que ya no tolera las desigualdades. Por lo mismo, es necesario que todo el proceso de construcción sea una verdadera conversación ciudadana, un proceso participativo e inclusivo, y que cuente con mecanismos de participación que sostenga sus debates de cara a la ciudadanía”, añade Ana Piquer.
Amnistía Internacional insta a dar el primer paso yendo a votar en el plebiscito, tomando todos los resguardos sanitarios pertinentes. Aprobar es la oportunidad que tiene Chile en estos momentos para abrir un diálogo que desencadene en una Constitución que verdaderamente ponga los derechos humanos en el sitial que corresponde.
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