Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Para quienes trabajamos por los derechos humanos las últimas semanas han sido duras. Hemos podido constatar diversos discursos, ataques y retrocesos en este tema que nos decepcionan y alertan, pero también nos reafirman la relevancia de nuestra labor.
Hace tres semanas la diputada María Luisa Cordero realizó afirmaciones falsas respecto a los daños a la vista que sufrió la senadora Fabiola Campillay producto de la acción de personal de Carabineros durante el periodo del estallido social. Al respecto, es pertinente recordar que existen varias formas de negacionismo de violaciones de derechos humanos. Hay expresiones que las aprueban, otras que las niegan o minimizan y otras que las trivializan. Como se ha señalado por órganos de tratados, ninguna de ellas está amparada por la libertad de expresión. Esto es preciso que lo sepan, sobre todo, las autoridades del país.
En segundo lugar, en las últimas semanas se ha legislado a la rápida en temas de seguridad aprovechando la contingencia y los discursos populistas, sin tener en cuenta que esto puede atentar fuertemente a la dignidad de las personas y sus derechos. Desde Amnistía Internacional pedimos participar de la discusión legislativa de la ley Nain Retamal, pero no se nos quiso escuchar. Finalmente, dicha normativa se aprobó y, tal como hemos señalado, se trata de un retroceso en derechos humanos. Lo anterior pues puede implicar que se valide un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad, y la jurisprudencia internacional en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata de una ley que difícilmente aumentará la seguridad, sino que, por el contrario, incrementará el riesgo de abusos policiales y violaciones de derechos humanos y de que éstos queden impunes.
Hemos señalado en reiteradas ocasiones que una forma eficaz de proteger tanto a la ciudadanía como a los policías es implementando una reforma integral a Carabineros. Una reforma policial que contemple, entre otros aspectos, preparación, recursos y herramientas adecuadas para ejercer la fuerza, cuando sea necesario de forma proporcional y progresiva, y asumiendo la responsabilidad de mando por los resultados de las intervenciones. Por otra parte, debe considerar un mayor control civil y una actualización de protocolos que tengan como eje central el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, todo ello sigue pendiente.
Por último, también hay nuevos instructivos de la fiscalía y proyectos de ley que establecen medidas que pueden significar criminalizar y restringir de manera desproporcionada la libertad personal de personas migrantes. Al respecto, cabe recordar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”.
Todo lo anterior, nos muestra que estamos en tiempos complejos para los derechos humanos. Incluso ciertos avances civilizatorios mínimos están en cuestión. Es un momento en que es importante recordar que nunca los avances en derechos humanos se pueden dar por sentados. También que las luchas por los derechos tienen avances y retrocesos. En Amnistía Internacional seguiremos trabajando incansablemente, indignándonos ante las injusticias y haciéndole frente, pues construir una sociedad que proteja y respete a todas las personas es lo único que nos mueve.