Por Jurema Werneck y Pedro Villardi*
En la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud, el 24 de mayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, abandonó cualquier barniz diplomático que pudiera quedar en su discurso para señalar el escándalo de que sólo 10 países del mundo concentren el 75% de las dosis disponibles de la vacuna contra la COVID-19. En Brasil, con parte de la población indignada con las nuevas escenas de falta de respeto a las normas sanitarias y de negligencia explícita por parte del presidente de la República, al que se vio sin mascarilla desfilando en motocicleta y en aglomeraciones en la ciudad de Río de Janeiro, se cumplían 14 meses desde la confirmación del primer caso de infección por el nuevo coronavirus. Son más de 470.000 personas las que han muerto en el país sin que se hayan puesto en práctica de manera técnica y coherente las medidas necesarias para interrumpir la progresión de la epidemia.
¿Será que aún nos acordamos del momento en el que el anuncio sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, allá por noviembre de 2020, nos trajo tanta esperanza a todas y todos? Seis meses después, evidenciado el apartheid de la vacuna, la esperanza de una vida sin COVID-19 se limita solamente a quienes viven en los países ricos. Éstos, a pesar de haber adquirido cantidades de vacuna muy superiores a las que necesita su población, se han negado a poner sus excedentes a disposición de todo el mundo o han tardado mucho en hacerlo. No puede haber una respuesta adecuada a una pandemia que no sea global y abarque a toda la humanidad. Esto incluye la necesidad de que trabajemos conjuntamente para garantizar una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Para ello, es urgente que Brasil haga lo que le corresponde.
Tras los testimonios ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la COVID-19, sabemos que el gobierno federal recibió y rechazó varias ofertas para la compra de vacunas de distintos fabricantes, lo que ha perjudicado a la inmunización de la población brasileña. Sabemos también que el gobierno federal se negó a participar en otras dos iniciativas que podrían alterar la desigualdad y el patrón actual de vulnerabilidad de los brasileños y brasileñas y de las personas que viven en otros países del mundo. En primer lugar, no invirtió todos los recursos posibles en el consorcio Covax, una iniciativa de la OMS para llevar cuotas de vacunas a todos los países del planeta. Posteriormente, Brasil no apoyó la propuesta de los gobiernos de India y Sudáfrica para la suspensión global temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual (denominada Waiver), en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Tras seis meses retrasando las negociaciones y traicionando la historia de diplomacia sanitaria del país, el gobierno brasileño dice que se implicará de manera activa y transparente en las negociaciones.
En el Congreso Nacional se están tramitando casi una decena de proyectos de ley que tienen por objeto facilitar la emisión de licencias obligatorias durante la pandemia de COVID-19 y otras futuras emergencias nacionales de salud pública. La licencia obligatoria no es más que la interrupción del monopolio de la empresa titular de la patente, del privilegio temporal de impedir que otras empresas entren en el mercado.
El 29 de abril, el Senado Federal aprobó los Proyectos de Ley 12/21 y 1171/21, en forma de sustitutivo. Aunque se trata de un Proyecto de Ley autorizativo, es decir, que no obliga al ejecutivo a actuar, el Proyecto de Ley es la primera indicación política de que es necesario actuar para hacer frente a las barreras que las patentes constituyen a la hora de afrontar la epidemia. De conformidad con el sustitutivo aprobado, el ejecutivo federal tiene que elaborar una lista de las tecnologías de interés y, salvo condiciones específicas que las empresas tengan que cumplir, en 30 días, el gobierno tendría que emitir licencias obligatorias para dichas tecnologías de la salud. Este Proyecto de Ley ya se encuentra en la Cámara de Diputados, pero no fue acordado por el presidente Arthur Lira (PP/AL).
A pesar de la decisión favorable, necesitamos ir más allá y crear un acuerdo nacional por el que no pueda haber monopolios durante las pandemias, en tanto que están en peligro las vidas de tantas personas. Eso es lo que propone el Proyecto de Ley 1462/20, del que son autores 15 parlamentarios y que ya tiene el requerimiento de urgencia registrado ante la presidencia de la cámara, al unir la declaración de emergencia nacional de salud pública con la emisión de licencias obligatorias para cualquier tecnología sanitaria útil para hacer frente a esta pandemia. Esta propuesta está en la agenda de la Comisión de Seguridad Social y Familia (CSSF) de la Cámara de Diputados y debe someterse a votación lo antes posible para que avance en las comisiones de la Casa.
En el debate en la OMC, el gobierno brasileño se quedó aislado cuando el gobierno de Estados Unidos realizó el anuncio histórico de que apoyaba la suspensión de las patentes de las vacunas (una posición más conservadora que la propuesta de India y Sudáfrica). Tras el cambio de postura de Estados Unidos, Brasil —el único de los países de renta media y baja que se declaró contrario al Waiver— señaló en una nota conjunta de los Ministerios de Exteriores, de Salud, de Economía, y de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, cierta disposición a apoyar las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. No obstante, en dicha nota, ambigua e imprecisa, el gobierno no se posiciona en la práctica a favor de la suspensión de las patentes y, por tanto, a favor de la salud de todas las personas. Está lejos de las determinaciones de la ONU de que los Estados armonicen sus leyes sobre la propiedad intelectual con sus obligaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y el derecho a los beneficios del progreso científico. Al gobierno de Brasil le falta reconocer que esta crisis sanitaria que ha provocado la COVID-19 es también una crisis humanitaria. ¡Las vidas deben primar sobre las ganancias! Y los gobiernos tampoco pueden obviar sus responsabilidades y su deber de garantizar a la población el acceso universal, gratuito y equitativo a las vacunas y medicamentos adecuados para luchar contra la pandemia.
Nos estamos acercando a la impensable cifra de medio millón de muertos por una enfermedad para la que ya existe inmunizante y, a pesar de que nuestro país cuenta con una trayectoria sólida y una capacidad mundialmente reconocida de vacunación masiva a través del Sistema Único de Salud, no hay atajos en el camino para superar esta tragedia, caracterizada por desigualdades estructurales históricas que no hacen más que ampliarse. Hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias requiere conjugar políticas efectivas de salud y asistencia social con la deconstrucción del falso dilema que opone la economía al derecho a la vida. La suspensión temporal de las patentes a nivel global, así como las iniciativas legislativas que tratan de adecuar la emisión de licencias obligatorias a la dinámica de una pandemia, representa un paso importante en la construcción de una recuperación justa de la crisis social y sanitaria que debemos afrontar conjuntamente como humanidad.
*Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil
*Pedro Villardi, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual y coordinador de proyectos de la Asociación Brasileña Interdisciplinar del SIDA.