Cristóbal Flen, víctima de violencia policial durante el estallido social en octubre de 2019.
Cristóbal Flen es una víctima de la violencia policial desatada tras el estallido social, pero su caso prácticamente no es conocido. Poco se sabe de él y de lo que vivió en la Comisaría de Talagante donde estuvo detenido junto a ocho personas más. Y poco, casi nulo, ha sido también el avance de la investigación de su caso como víctima a diferencia de lo que está ocurriendo en la investigación que hay en su contra a raíz de su detención.
Este joven de 30 años participaba en una manifestación en la plaza de armas de Isla de Maipo el 20 de octubre de 2019. “Ese día fuimos con mi hermana y mi hija de 5 años a la concentración. Todo era pacífico. Había familias completas. Una vez que empezó a oscurecer, ellas se fueron y me quedé solo. Ahí estuvimos caceroleando con mucha gente. En eso llegó Carabineros y apuntaban con escopetas”, recuerda Cristóbal. Eran aproximadamente las 20:30 horas y, tras el atropello a un manifestante por un vehículo policial, y la respuesta de algunas personas con piedras contra el carro, un grupo de carabineros armados habría comenzado a disparar para disolver la concentración y a golpear a los asistentes con bastones. A propósito del caos que se generó por el atropello, Cristóbal fue arrestado por Carabineros en el marco de una detención masiva. Recibió golpes con bastones, pie y puño en todo el cuerpo, principalmente en la cara. “Me golpearon la cabeza con la puerta del vehículo en el que me trasladaron a la comisaría”, ha relatado.
Cristóbal permaneció esposado y sangrando durante al menos dos horas antes de ser llevado a un centro asistencial a constatar las lesiones, junto a los otros ocho detenidos. Finalmente, todos fueron trasladados al SAPU de Isla de Maipo donde no habrían registrado la real magnitud de sus lesiones. Luego, fue devuelto a la subcomisaría; allí funcionarios formaron a los detenidos en una fila en la entrada del recinto, llamado el “callejón ciego”, donde los golpearon con bastones. A las 3 de la madrugada, todos fueron trasladados a la Comisaría de Talagante, donde los desnudaron uno a uno, y los obligaron a hacer “sentadillas”. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por torturas y otros apremios ilegítimos.
Curiosamente, a Cristóbal le cuesta autodefinirse como víctima de tortura, situación que suele ocurrir cuando se naturaliza este tipo de actos crueles, relatando que “uno piensa en lo que vivieron otras personas. Algunas murieron y otras perdieron la vista. Si comparo mi situación con esas, no parece tan grave mi caso”. No obstante, la desnudez forzada ha sido reconocida en el Protocolo de Estambul como el acto inicial de tortura sexual. En este documento, se señala que “la persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida”.
Actualmente avanza en el Congreso un proyecto de ley que prohíbe los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en los procesos de detención policial, y penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten. Si bien podríamos pensar que esto es innecesario porque en Chile este tipo de conductas ya constituyen delito, la existencia constante de situaciones como las vividas por Cristóbal confirman la necesidad de generar nuevos mecanismos que de manera explícita y específica prohíban estos actos tan indignos.
Tras la noche en que ocurrieron estos abusos en la comisaría, Cristóbal y los otros detenidos fueron puestos a disposición del tribunal, donde fueron formalizados por maltrato de obra a los carabineros y desórdenes en espectáculo público. A la fecha, no hay formalizados respecto a lo que le sucedió a Cristóbal, y sigue habiendo diligencias básicas que están pendientes. Por ahora sólo se ha tomado declaración a las víctimas y pericias instruidas al Servicio Médico Legal. Sin embargo, a casi dos años de los hechos, es impresentable que Carabineros no haya enviado todavía la información sobre la dotación de funcionarios que había aquel día en la comisaría, antecedentes que por ley deben registrarse, y que han sido requeridos por Fiscalía. Sin esto, difícilmente se puede avanzar hacia la verdad, identificar a quienes participaron en el procedimiento y obtener las sanciones penales correspondientes.
A diferencia, la causa en contra de Cristóbal avanza con celeridad y sin inconvenientes. Él fue formalizado por maltrato de obra y desórdenes en “espectáculo público”. En la audiencia de juicio oral simplificado que se realizó a finales de julio se decretó una reprogramación para octubre, esto porque la defensa de Cristóbal está trabajando en una teoría alternativa a la de Fiscalía, para lo cual solicitó nuevas diligencias. Lo cierto es que Cristóbal arriesga 400 días de cárcel. Dice: “Da impotencia y rabia la situación. La causa en mi contra avanza, pero la otra está estancada. Quizás yo tampoco me he movido mucho para que avance la querella por tortura, pero es que me he tenido que preocupar de lo otro. He tenido que buscar testigos y pruebas que confirmen mi inocencia”.
Este caso es un ejemplo claro de cómo la justicia opera distinto, dependiendo de quién es el imputado. Esta disparidad es incomprensible e injustificable. Lo vivido por Cristóbal Flen debe investigarse con premura porque la tortura y otros malos tratos no son aceptables bajo ninguna circunstancia. No podemos dejar sin justicia este caso de violación a los derechos humanos, ni ningún otro, porque la impunidad siembra repetición.
Directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional Chile.