En los últimos días funcionarios de la Policía de Investigaciones, una vez más, han iniciado una oleada de detenciones y expulsiones de personas migrantes, en desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a estas personas, y que el Estado chileno está obligado a respetar.
Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes informan que en varias regiones del territorio nacional, particularmente en Arica, Antofagasta, Tarapacá y Santiago, decenas de personas migrantes han sido detenidas para ser inmediatamente expulsadas del país por medio de órdenes de expulsión emitidas y notificadas de forma irregular.
De hecho, el gobierno anunció que el 24 de abril tuvo lugar la expulsión del primer grupo de 55 personas mediante un vuelo con destino a Caracas, siendo este el primero de otros 15 vuelos contratados para trasladar a migrantes en situación de irregularidad fuera del territorio nacional, a pesar de muchas de esas personas no contaban con una orden judicial al efecto. En muchos casos, esto puede implicar una violación a las protecciones legales mínimas reconocidas por la Constitución de Chile y distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentran las garantías del derecho al debido proceso, la igual protección ante la ley y a la defensa jurídica. Esto entre otras razones, pues las personas migrantes se vieron imposibilitadas de recurrir a la medida de expulsión impuesta o solicitar amparo, como denunció Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, al encontrarse la Corte de Apelaciones de Iquique cerrada los días domingo. Esta situación provocó que las personas fueran expulsadas sin opción de un recurso judicial efectivo.
Por otra parte, las víctimas de esta agresión arbitraria se exponen a quedar permanentemente separadas de sus familiares y seres queridos residentes en Chile. Muchas personas en situación migratoria irregular han establecido su familia en Chile, y constituyen el sostén económico y afectivo de sus hijos o hijas menores de edad. Por lo tanto, estas expulsiones podrían resultar contrarias a principios de derechos humanos importantes, como lo son la protección a la unidad familiar y el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Inclusive, estas detenciones resultan contrarias a la nueva ley migratoria, publicada la semana pasada (20 de abril). El artículo octavo transitorio otorga a las personas que ingresan por paso no habilitado la oportunidad de salir voluntariamente del territorio nacional sin ser sancionadas y sin que se les aplique prohibición de ingreso al país, siempre que lo hagan dentro de 180 días de publicada la nueva legislación.
Tal y como ha ocurrido en eventos anteriores, el Estado chileno ha anunciado intenciones de ejecutar un proceso de expulsión masiva, obligando a las personas detenidas a regresar a su país de origen aun cuando podrían ser allí víctimas de persecución o sus vidas estén en inminente peligro. Cabe tener presente que, desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vinculante para la administración y la judicatura; las personas, sin importar que ingresen por paso no habilitado, cuentan con el derecho a solicitar refugio y a la no devolución. Estas salvaguardas resultan especialmente importantes al considerar que la mayoría de las personas expulsadas son de nacionalidad venezolana, las cuales, debido a la situación de crisis que vive su país, podrían verse en la condición de refugiadas. Además de ello, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia, e incluso la nueva ley de migraciones recientemente publicada, existe expresamente la prohibición de expulsiones colectivas. Estas vulneraciones fueron denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, quienes expresaron su preocupación, recordando a Chile su deber de proteger integralmente los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, con apego a los estándares interamericanos.
Amnistía Internacional exige el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, exige al Estado de Chile que desista de continuar ejecutando estas expulsiones de carácter masivo, asegure que se analice cada caso en su mérito, incluyendo la necesidad de protección internacional, y a que sus oficiales se conduzcan de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, protegiendo a todas las personas sin importar su condición migratoria.