La decisión tomada por el Tribunal Penal de Zeinhom de congelar las cuentas bancarias personales de un grupo de destacados y premiados profesionales del derecho y activistas de derechos humanos y de sus organizaciones, acusados por motivos políticos de utilizar fondos del extranjero con propósitos ilegales, es un reprobable golpe al movimiento de derechos humanos egipcio, ha dicho Amnistía Internacional.
Estas personas podrían ser procesadas y condenadas a penas de prisión, incluso de cadena perpetua, que en Egipto supone una condena de 25 años.
“Las autoridades egipcias están utilizando este caso para aplastar al movimiento de derechos humanos del país. Mientras, la brutal represión gubernamental de la disidencia no tiene visos de parar, y las desapariciones forzadas y la tortura se han convertido en una cuestión de política de Estado. “Egipto necesita más que nunca estas voces críticas”, ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Pedimos que este injusto fallo sea anulado con efectos inmediatos y que las autoridades egipcias dejen de acosar a estos defensores de los derechos humanos y a sus familiares. Se trata de un flagrante uso indebido del sistema de justicia penal para evitar que la gente denuncie el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.”
El tribunal ha congelado los activos de: Hossam Bahgat, periodista de investigación y fundador de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales; Gamal Eid, fundador de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos; Bahey el Din Hassan, fundador y director del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos; Mostafa al Hassan, director del Centro Jurídico Hisham Mubarak; y Abdel Hafez Tayel, director del Centro Egipcio para el Derecho a la Educación.
El tribunal también ha congelado los activos organizativos del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, el Centro Jurídico Hisham Mubarak y el Centro Egipcio para el Derecho a la Educación. La situación de los activos de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales y Red Árabe por la Información de Derechos Humanos sigue sin estar clara, pues aunque el juez no los mencionó en el tribunal, podrían estar vinculados a las personas cuyos activos fueron congelados hoy. El tribunal no mantuvo la congelación de activos de los familiares de los acusados.
La causa fue presentada por unos jueces que supervisaban la investigación de grupos de derechos humanos por cargos entre los que figuraba la transferencia de fondos a entidades presuntamente ilegales y el uso de tales fondos con fines ilegales, vagamente formulados como “emprender actos perjudiciales para los intereses nacionales”, “desestabilizar la paz general” o “perjudicar la seguridad y el orden público”. Las agencias de seguridad presentaron como pruebas contra ellos su actividad en favor de los derechos humanos.
En los últimos meses, las autoridades egipcias han incrementado las restricciones contra los activistas de derechos humanos y sus organizaciones, prohibiéndoles viajar, congelando sus activos y dictando órdenes de cierre.