En las elecciones celebradas el 8 de noviembre de 2016 en Estados Unidos, se plantearon muchos asuntos en votaciones de ámbito estatal además de la elección entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y la de los miembros del Congreso estadounidense. En cuatro propuestas sometidas a votación en tres estados –California, Nebraska y Oklahoma– se plantearon al electorado cuestiones relativas a la pena de muerte. En las cuatro cuestiones, la mayoría de los votos se pronunciaron en favor de la pena de muerte.
Aunque estos resultados son lamentables –además de ilustrar la necesidad de un liderazgo fuerte basado en principios de derechos humanos contra una pena que tiende a generar cierto grado de apoyo de la opinión pública incluso ante pruebas concluyentes de arbitrariedad, discriminación y errores en su aplicación–, la tendencia a largo plazo en Estados Unidos es de avance hacia la abolición.
En California, la Proposición 62 pretendía la abolición de la pena de muerte y su sustitución por cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. Según el recuento, esta propuesta fue derrotada por el 53,8 por ciento de los votos frente al 46,2 por ciento. California tiene la población condenada más numerosa de cualquier estado de Estados Unidos, con unos 750 reclusos en espera de ejecución.
La última ejecución en California se llevó a cabo hace casi 11 años, en enero de 2006. El objetivo declarado de la segunda proposición sometida a votación en California, la Proposición 66, redactada por fiscales, es “reformar” la pena de muerte y disminuir el tiempo que media entre la condena a muerte y la ejecución. Esta propuesta fue aprobada, con el 50,9 por ciento frente al 49,1 por ciento de los votos. Se ha presentado ya ante la Corte Suprema de California un recurso judicial que alega que la Proposición 66 carece de validez.
En Nebraska, el órgano legislativo del estado aprobó en 2015 la abolición de la pena de muerte, anulando el veto del gobernador Pete Ricketts. Sin embargo, la revocación quedó en suspenso tras el éxito de una iniciativa para someter la cuestión a consulta popular. El 8 de noviembre de 2016, por un margen del 61 por ciento frente al 39 por ciento, el electorado de Nebraska se pronunció a favor de la propuesta del Referéndum 426 de mantener la pena de muerte. El gobernador Ricketts ha declarado a este respecto: “Ahora que contamos con la voluntad popular en este asunto”, dijo, “trabajaremos con el fiscal general para establecer los fundamentos para llevar a cabo las condenas”. Al igual que otros estados de Estados Unidos, Nebraska ha tenido problemas para conseguir sustancias para las inyecciones letales. En la actualidad hay 10 hombres en espera de ejecución en ese estado.
Mientras tanto, el electorado de Oklahoma aprobó la Cuestión Estatal 776 para enmendar la Constitución del estado a fin de autorizar cualquier método de ejecución no prohibido por la Constitución de Estados Unidos y para impedir que los tribunales del estado declaren “cruel o insólita” la pena de muerte. La Cuestión 776 fue aprobada por el 66 por ciento de los votos frente al 34 por ciento.
Aunque estos resultados fueron decepcionantes desde una perspectiva abolicionista, no alteran sustancialmente el panorama nacional de la pena de muerte en Estados Unidos. El panorama sigue siendo de una pena en declive. Amnistía Internacional considera que los intentos de arreglar lo que no tiene arreglo están condenados al fracaso: nada puede hacer compatible esta pena con los principios fundamentales de dignidad humana y derechos humanos.
Un total de 18 estados han abolido la pena de muerte, 5 de ellos desde 2007. De los 32 estados que retienen la pena capital, 9 (Arkansas, California, Colorado, Kansas, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oregón, Pensilvania y Wyoming) no llevan a cabo ejecuciones desde hace al menos 10 años. Los gobernadores de los estados de Colorado, Oregón, Pensilvania y Washington han decretado la suspensión de las ejecuciones en los últimos años. Las autoridades federales no llevan a cabo ejecuciones desde 2003, y las autoridades militares desde 1961.
Pero no es sólo allí donde la pena de muerte de muerte no se lleva a cabo donde hemos observado avances. Este año registrará el número total de ejecuciones más bajo en Estados en 25 años, desde 1991. Unos pocos estados siguen siendo responsables de la mayoría de las ejecuciones. Las 17 ejecuciones realizadas hasta la fecha en 2016 han tenido lugar en sólo 5 estados, siendo 14 de las 17 (el 82 por ciento) en Georgia y Texas, 7 en cada estado. El número de ejecuciones en Texas en 2016 será el más bajo que se registra registrado en ese estado en 20 años, mientras el número de personas que están condenadas a muerte en el estado es el más bajo en casi 30 años.
En general, las condenas a muerte continúan muy por debajo de sus máximos de la década de 1990. Por ejemplo, en 1996 hubo más personas condenadas a muerte que el total de condenadas a muerte en los cuatro años que van de 2012 a 2015.
Las elecciones de 2016 también parecen mostrar que el clima político que rodea la pena de muerte ha cambiado al aumentar el conocimiento de la población acerca de sus deficiencias. Cuando el firme apoyo a la pena de muerte se consideraba antes un requisito previo necesario para ocupar puestos de alta responsabilidad, en muchos lugares esto ya no es así. En el estado de Washington, por ejemplo, el gobernador Jay Inslee fue elegido para un segundo mandato el 8 de noviembre de 2016. Había impuesto la suspensión de las ejecuciones en 2014. En Oregón, Kate Brown fue elegida gobernadora. Había defendido en su programa prorrogar la suspensión de las ejecuciones en ese estado.
En Kansas, los partidarios de la pena de muerte intentaron desbancar a cuatro de los magistrados de la Corte Suprema del estado en las elecciones para la renovación del poder judicial el 8 de noviembre de 2016. Esta iniciativa era una respuesta al papel desempeñado por los cuatro en la revocación de varias condenas a muerte (restablecidas posteriormente por la Corte Suprema de Estados Unidos este mismo año). La campaña no tuvo éxito: el electorado votó mantener a los cuatro magistrados.
Amnistía Internacional seguirá trabajando por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos y en otros lugares del mundo donde sigue existiendo. Hoy, unos 141 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, y la Asamblea General de la ONU ha pedido en repetidas ocasiones una moratoria de las ejecuciones en todos los países retencionistas, en espera de la abolición de la pena capital. Cuando su Tercera Comisión se dispone a examinar esta semana el proyecto de resolución de 2016 sobre este tema, Amnistía Internacional insta al gobierno de Estados Unidos a que adopte en la votación una postura que refleje de manera adecuada la realidad de que la mayoría de los Estados Unidos llevan ya varios años sin ejecuciones.