La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” (Ley 5272) es una grave amenaza para las vidas, los derechos humanos y las familias en Guatemala, declaró Amnistía Internacional después de que, en el 8 de marzo, el Congreso aprobó la Ley por una amplia mayoría.
“Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas. Es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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La ley modificaría el código penal para criminalizar los abortos espontáneos e imponer penas de prisión a quien “promueva o facilite el acceso al aborto”. También prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza de la diversidad sexual y la igualdad de género en las escuelas, y proscribe la persecución penal de personas o grupos por discriminar a otros por su orientación sexual.
Al menos 32 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Guatemala el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+, y en lo que va de 2022 se han registrado otros nueve asesinatos. El país también ha sufrido niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y el país registró más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
“Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+. Al criminalizar los abortos espontáneos, prohibir que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no-heterosexuales y sancionar la discriminación por motivos de orientación sexual, el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, dijo Erika Guevara Rosas.
“El acceso al aborto legal y la educación sexual integral no sólo son derechos humanos, sino también políticas públicas fundamentales para hacer frente a los embarazos adolescentes, así como la violencia y la discriminación por razones de género. Si el presidente Giammattei quiere combatir estos problemas, y garantizar que su gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe vetar este proyecto de ley indefendible.”
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