Ante la aprobación del tanto tiempo esperado proyecto de ley sobre violencia sexual por la Cámara de Representantes indonesia, Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia ha declarado:
“Este es un paso adelante que debía haberse dado hace tiempo para proteger los derechos de las sobrevivientes de la violencia sexual y una contribución a los esfuerzos del Estado para abordar la violencia sexual en Indonesia”.
“Este momento histórico sólo ha podido alcanzarse gracias a la persistencia y a la ardua labor de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de los grupos de derechos de las mujeres, así como de las sobrevivientes de violencia sexual y sus familias, que trabajaron sin descanso casi un decenio para concienciar sobre la urgencia del problema”.
“Aunque la ley es un primer paso que acogemos con satisfacción, hacen falta muchas más medidas, y consideramos que la decisión de eliminar los artículos sobre la violación del proyecto fue desafortunada. Instamos al gobierno y a la Cámara de Representantes a que garanticen que los artículos sobre la violación contenidos en el proyecto de revisión del Código Penal son compatibles con las leyes y normas internacionales de derechos humanos sobre violación y consentimiento”.
Información complementaria
El 12 de abril de 2022, la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó el proyecto legislativo sobre violencia sexual, convirtiéndolo en la primera ley de este tipo de la historia de Indonesia. Con anterioridad, las únicas formas de violencia sexual reconocidas por la legislación indonesia eran la violación y los abusos sexuales de menores.
El proyecto de ley contra la violencia sexual fue propuesto por la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer (Komnas Perempuan) en 2012, que finalizó su redacción junto con la Fundación de Asistencia Jurídica de la Asociación de Mujeres Indonesias por la Justicia (LBH APIK) y el Foro de Proveedores de Servicios (FPL) en 2016, tras lo cual fue llevado a la Cámara de Representantes.
La oposición de grupos conservadores, algunos de los cuales alegaban que era “proadulterio” porque no penalizaba las relaciones sexuales fuera del matrimonio, paralizó el proyecto, que en 2020 fue retirado de la lista de leyes prioritarias, aunque volvió a ser incluido en 2021.
La ley introduce nueve tipos de delitos de violencia sexual: el acoso sexual (físico y no físico), la contracepción forzada, la esterilización forzada, el matrimonio forzado, la tortura sexual, la explotación sexual, la esclavitud sexual y la violencia sexual online.
La violación y el aborto forzado, que se habían incluido en borradores anteriores, fueron eliminados de la redacción final para evitar que se solapara con un proyecto de revisión del Código Penal que en la actualidad sigue siendo debatido de deliberación por la legislatura.