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La respuesta de Canadá a la COVID-19 precisa de vigilancia en materia de derechos humanos, afirma amnistía Internacional

25, Mar. 2020 | Categoría: ,

La organización de derechos humanos recomienda aplicar 10 principios rectores en la respuesta a la pandemia

OTTAWA – Amnistía Internacional insta a los gobiernos de todo Canadá a establecer comités de vigilancia que se encarguen de hacer seguimiento del impacto en los derechos humanos de las decisiones, políticas y leyes aplicadas para abordar la pandemia de COVID-19.

“La historia ha demostrado que, en momentos de crisis, es frecuente que los gobiernos no evalúen ni aborden las violaciones de derechos humanos hasta que todo haya pasado”, ha afirmado Alex Neve, secretario general de la sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá. “Tomar ahora medidas proactivas para ejercer una estricta vigilancia brinda a los gobiernos una buena oportunidad para garantizar deliberadamente que los problemas de derechos humanos se prevén, identifican y minimizan desde el principio.”

Amnistía Internacional recomienda que los comités de vigilancia de los derechos humanos estén formados por una amplia variedad de especialistas y sean un reflejo de las comunidades más expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos. En este sentido, podrían incluir a representantes de las comisiones federales, provinciales y territoriales de derechos humanos, las organizaciones de pueblos indígenas, la sociedad civil y el mundo académico. Los comités se encargarían de prestar con prontitud asesoramiento a los gobiernos de todo el país con respecto al impacto de las decisiones que se tomen en los derechos humanos, así como de formular recomendaciones acerca de los problemas de derechos humanos relacionados con el COVID-19 sobre los que sea necesario tomar medidas. Los comités informarían con periodicidad públicamente.

Esta recomendación forma parte de un conjunto de 10 principios rectores de derechos humanos que Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo Canadá –federal, provinciales, territoriales y municipales– que integren en sus respuestas al brote de COVID-19

El marco rector incluye llamamientos a tratar la COVID-19 y responder a ella en tanto que obligación de derechos humanos, a la vez que se limitan estrictamente las medidas que violen otros derechos humanos. Además, los gobiernos deben reconocer que el virus mismo, así como las restricciones impuestas para contener su transmisión, puede causar especial daño a las comunidades que sufran ya abusos contra los derechos humanos de manera desproporcionada. Entre ellas figuran las comunidades indígenas, las personas que sufren violencia familiar y de su pareja sentimental, las mujeres no incluidas en la fuerza de trabajo que desempeñan tareas de cuidado, quienes viven en situaciones de vivienda inadecuada, los trabajadores y trabajadoras con empleos precarios, las personas con discapacidades, quienes solicitan refugio y las personas recluidas en prisiones y centros de detención de inmigrantes. Es esencial también que todos los aspectos de la respuesta a la COVID-19 sean sometidos al Análisis de Género Plus interseccional.

“Los gobiernos de todo el país están respondiendo a esta crisis de coronavirus nueva y sin precedentes con extensas campañas públicas de salud, restricciones de la libertad de circulación y de la interacción social y cantidades enormes de estímulo económico”, ha señalado France-Isabelle Langlois, directora de la sección de habla francesa de Amnistía Internacional Canadá. “Muchas de estas medidas cumplen totalmente las normas de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría no aplican un enfoque expreso de derechos humanos y algunas incumplen importantes obligaciones de derechos humanos.»

“La cuestión fundamental es bien sencilla: los derechos humanos deben ser parte esencial de la respuesta de Canadá a la COVID-19.”

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