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Legalizar las devoluciones sumarias de solicitantes de asilo en las fronteras de Lituania significaría dar luz verde a la tortura; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo de la votación prevista esta semana en el Parlamento lituano sobre un proyecto de ley para legalizar las devoluciones sumarias conforme a la legislación nacional.
De aprobarse, las reformas de la Ley de Lituania sobre la Frontera del Estado y su Protección consagrarán en la legislación nacional la práctica actual de las expulsiones sumarias en la frontera, que implican devolver personas a lugares donde corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y la devolución de personas a países donde podrían sufrir violaciones graves de derechos humanos.
“En lugar de dar los pasos urgentes necesarios para poner fin al uso generalizado de la violencia, la intimidación y los malos tratos físicos en el contexto de las operaciones de expulsión sumaria, esta ley significaría en la práctica dar luz verde a la tortura”, ha manifestado Nils Muižnieks, director de la Oficina Regional Europea de Amnistía Internacional.
“Si no quieren que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Comisión Europea censuren de nuevo la legislación de Lituania, el Parlamento lituano debería rechazar enérgicamente este indignante intento de legalizar una ilegalidad. Lituania no puede afirmar que es un país respetuoso de los derechos si elude el Estado de derecho.”
Información general
La votación, prevista para el martes o jueves de esta semana, llega sólo semanas después de la publicación de un informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, máximo organismo europeo contra la tortura, en el que concluye que las autoridades de Lituania y otros países han recurrido a prácticas que constituyen tortura al actuar contra las personas refugiadas y migrantes que intentan cruzar las fronteras de Europa.
Según las conclusiones de la investigación de Amnistía Internacional publicada en junio de 2022, las autoridades fronterizas de Lituania cometían abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes que llegaban a sus fronteras, incluidos ataques crueles y gratuitos con porras o pistolas taser. Además, muchas personas refugiadas y migrantes fueron atacadas con piedras y balas de goma y golpeadas cuando yacían semiinconscientes en el suelo tras sufrir los efectos del gas lacrimógeno en un espacio cerrado.