Por Ilsen Jara, directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional Chile
Hablar de la Justicia Militar y sus implicancias puede no tener ningún interés para usted, pero si yo le digo que si por casualidad sufre abuso policial y decide denunciar (no muchas personas lo hacen), su caso podría ser investigado por la Justicia Militar. Sí, usted como un civil común y corriente podría tener que ir a la Jurisdicción Militar para que vean su caso. Es más, su caso podría ser visto por un juez de rango militar, que incluso podría ser un juez sin formación de abogado. Así es, aunque todo parezca absurdo, así es.
Entonces, usted que fue víctima del uso excesivo de la fuerza de parte de Carabineros ya vio sus derechos humanos violados, y más aún si su caso es investigado y juzgado en un tribunal que no garantiza la independencia y la imparcialidad, sus derechos humanos vuelven a ser violentados. Y claro, cómo se puede pensar que la Justicia Militar goza de independencia y asegura un debido proceso si la composición de sus tribunales hace que ellos investiguen y dicten sentencia a miembros de sus mismas filas. En palabras simples, ellos son juez y parte en el proceso.
Así, siguiendo la cadena de los hechos es altamente probable que su caso termine en una causa cerrada o bien el policía responsable de la “violencia innecesaria” reciba una pena tristemente ridícula e irrisoria. En el reciente informe de Amnistía Internacional “No sabía que existían dos justicias”. Jurisdicción Militar y violencia policial, se menciona que en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, que cubre la zona central del país, precisamente donde se ha registrado el mayor número de manifestaciones públicas en los últimos años, menos de un 1% de los casos denunciados por uso excesivo de la fuerza policial terminó con una sentencia. El 99% de los restantes casos conoció los efectos de la in-justicia militar. En resumidas cuentas, la Justicia Militar propicia la peligrosa impunidad.
Entonces siguiendo con la sucesión de los hechos, usted sufrió violencia policial, su caso fue visto por un tribunal no competente y la sentencia que hubo (por si la hubo) es una soberana burla. En resumidas cuentas, lamentablemente sus derechos humanos fueron “pisoteados” una y otra vez.
Ahora bien, dejemos de hablar de lo hipotético y hablemos de casos de personas de carne y hueso, la misma carne y hueso que sintió el golpe de una luma, el chorro directo del “guanaco” o peor aún un sangriento balazo, en algunos casos un balazo por la espalda…
En esta ocasión, quisiera traer el caso de Manuel Gutiérrez. Manuel tenía 16 años cuando observaba unos disturbios y un disparo detuvo para siempre su vida. Este balazo fue disparado por un carabinero, quien inicialmente negó la utilización del armamento, limpió el arma y repuso las municiones para impedir que se le descubriera. Ese mismo carabinero, aunque usted no lo crea, fue beneficiado por “colaborar con el proceso” y condenado a un poco más de 3 años pero en libertad. Y esto no es todo, la Corte Marcial redujo la sentencia a 461 días de pena remitida. Eso vale la vida de Manuel Gutiérrez para la Justicia Militar.
Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel, mencionó a Amnistía Internacional que “no sabía que en Chile existían dos justicias”. Gerson se enteró tarde de esto, se enteró recién cuando el caso de su hermano menor fue visto por la llamada Justicia Militar.
Por mi parte, lo último que quiero decir es que la Jurisdicción Militar necesita una nueva reforma. En realidad no lo digo yo, lo han dicho diversos órganos de Naciones Unidas. ¿Sabía usted que Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace más de 10 años por este tema? Esta Corte ordenó, entre otras cosas, al Estado de Chile que reforme la Jurisdicción Militar para limitar su alcance y asegurar que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción. Pero parece que a Chile no le quedó del todo claro esto.
Es más, a modo de recordatorio Chile recibió nuevos llamados de atención. Recientemente el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, han hecho un imperioso llamado al Estado chileno a que en ninguna circunstancia se utilice la jurisdicción militar para sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Chile debe “golpear fuerte” y asegurar que la violencia policial y otras violaciones a los derechos humanos serán investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios que garanticen en serio la obtención de justicia.
FIRMA PARA PEDIR QUE NUNCA MÁS SE INVESTIGUEN LAS VIOLACIONES A LOS DDHH EN LA JUSTICIA MILITAR