Amnistía Internacional ha publicado, el 21 de septiembre, un informe en el que denuncia que la unidad especial de policía creada en Nigeria para combatir la delincuencia violenta se dedica a torturar a detenidos para obtener de ellos confesiones y pagos.
En el documento Nigeria: You have signed your death warrant, se recogen las declaraciones de ex detenidos, que describen a Amnistía Internacional los terribles métodos de tortura a los que fueron sometidos por agentes corruptos de la temida Unidad Especial Antirrobos (SARS), entre ellos suspensión del cuerpo, privación de alimentos, disparos y simulacros de ejecución.
“Una unidad policial que fue creada para proteger a la población, se ha convertido, en cambio, en un peligro para la sociedad, que tortura impunemente y fomenta un tóxico ambiente de temor y corrupción”, explica Damian Ugwu, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
“Nuestras investigaciones han puesto al descubierto cómo se cometen asiduamente violaciones de derechos humanos, consistentes en detener y torturar a personas hasta que ‘confiesan’ o pagan a los agentes a cambio de su libertad.”
Amnistía Internacional ha recibido denuncias de profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, que corroboran los testimonios recogidos, según los cuales es habitual que los agentes de la SARS exijan pagos y sobornos, o roben, a los sospechosos y a sus familias.
“Con sus brutales prácticas, los agentes de la SARS se están haciendo ricos. Parece que en Nigeria la tortura es un negocio lucrativo”, opina Damian Ugwu.
Los detenidos por la SARS son recluidos en distintos lugares, entre ellos un espeluznante centro de detención de Abuya conocido como “El Matadero”, en cuyas celdas Amnistía Internacional encontró apiñados 130 reclusos.
En sus investigaciones, la organización ha observado que la SARS no sólo se dedica a la delincuencia violenta –su misión expresa–, sino que también investiga asuntos civiles y, en algunos casos, tortura a personas detenidas por litigios contractuales o empresariales o, incluso, por disputas en las que no existe delito alguno.
Por ejemplo, en una ocasión la SARS detuvo en Onitsha (estado de Anambra) a un hombre de 25 años que trabajaba como dependiente en una gasolinera, porque su jefe lo había acusado de un robo ocurrido en la empresa.
El dependiente explicó a Amnistía Internacional: “La policía me pidió que firmara una hoja en blanco. En cuanto lo hice, me dijeron que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Me colgaron de un hierro hasta que mi cuerpo dejó de funcionar y perdí el conocimiento. Cuando estaba a punto de morir, me bajaron y me echaron agua para reanimarme”.
Como muchas de las personas detenidas por la SARS, este joven no tuvo acceso a asistencia letrada ni a cuidados médicos, y tampoco pudo ponerse en contacto con su familia, durante las dos semanas que permaneció detenido.
Sin embargo, cuando varias víctimas de tortura y malos tratos policiales han pedido justicia, las autoridades no han tomado ninguna medida.
Por su parte, cuando Amnistía Internacional ha preguntado a la policía por qué no se ha suspendido de sus funciones ni enjuiciado a ningún agente por actos de tortura, ésta se ha limitado a negar la existencia de dicha práctica,
lo que contradice las declaraciones de un alto cargo, quien afirmó que, en abril del presente año, se había trasladado de comisaría a unos 40 agentes presuntamente responsables de tortura y malos tratos. El alto cargo en cuestión no aclaró si las denuncias en su contra se estaban investigando.
“Esta falta de rendición de cuentas fomenta y perpetúa la impunidad, y da lugar a un ambiente en el que los agentes de la SARS creen tener carta blanca para torturar”, afirma Damian Ugwu.
“No es de extrañar, ya que muchos de esos agentes han pagado a su vez para entrar en la SARS. Los propios jefes de policía están implicados en la corrupción”.
Chidi Oluchi, de 32 años, describió a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS lo detuvieron en Enugu, le robaron sus pertenencias y lo torturaron.
“Me ordenaron que yo mismo me abofeteara y, cuando me negué, comenzaron a pegarme con el reverso de los machetes y con palos muy duros. Empecé a sangrar por la boca, y a ver borroso”, continúa Chidi, que finalmente quedó en libertad tras haber pagado a los agentes de la SARS 25.500 nairas (100 dólares estadounidenses).
Los agentes de la SARS han sido acusados, no sólo de exigir pagos, sino también de robar o confiscar propiedades de familiares de detenidos.
De hecho, algunos familiares han relatado a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS les robaron sus automóviles o sacaron del banco todo el dinero que tenían en sus cuentas.
El hermano de un hombre detenido por su presunta participación en un robo a mano armada, explicó a Amnistía Internacional que un equipo de la SARS había registrado su casa en Nsukka.
“La policía forzó cajas, muebles cerrados con llave y cajones. Cuando se fueron, faltaban varias cosas, como relojes, joyas y zapatos. No denunciamos, porque teníamos miedo”, concluyó.
La mayoría de las víctimas de tortura bajo custodia de la SARS son pobres y no pueden contratar asistencia letrada. En algunos casos, cuando los detenidos no pueden pagar, simplemente los torturan más.
“Nuestras investigaciones han puesto en evidencia la cruel forma de trabajar de una unidad policial que opera al margen de la ley, y se ensaña a diario con nigerianos que no pueden defenderse de las acusaciones en su contra, y mucho menos de la tortura de la SARS”, afirma Damian Ugwu.
“Resulta deprimente que casi no exista ningún mecanismo judicial o de otro tipo para impedir que los agentes de la SARS se lucren a costa de someter a personas vulnerables a violaciones de derechos humanos”.
Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional a lo largo de los últimos años, el sistema de justicia nigeriano sigue sin impedir ni castigar la tortura.
En diciembre de 2014, la policía nigeriana publicó un manual de derechos humanos, que prohíbe torturar e infligir malos tratos a detenidos, pero la SARS no lo ha aplicado.
Tras el nombramiento de un nuevo inspector general de Policía, a principios de 2015, se anunció que se iba a proceder a la reforma y reorganización de la SARS, pero varios agentes de la unidad aseguraron a Amnistía Internacional no tener conocimiento de ninguna reforma.
En junio de 2016, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de un proyecto de ley, que penaliza la tortura y que fue por primera vez aprobado en 2012, pero que el presidente se negó a firmar. Este proyecto de ley se debatirá en el Senado este mismo año.
“Hasta el momento, las iniciativas del gobierno nigeriano para erradicar la tortura han sido completamente ineficientes, por lo que ha llegado la hora de que las autoridades garanticen la rendición de cuentas de los agentes responsables de estas violaciones de derechos humanos”, declara Damian Ugwu.
“La tortura policial es una lacra para la sociedad nigeriana, y debe abordarse con órdenes claras dirigidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que no sometan a los detenidos a tortura ni a malos tratos en ninguna circunstancia.
También es urgente una enérgica legislación penal que que tipifique como delito cualquier acto de tortura en Nigeria. Todas las víctimas tienen derecho a reparaciones, y deben tomarse medidas para evitar que nadie saque partido de cometer abusos contra detenidos”.
En virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, Nigeria está obligada a garantizar la prohibición de la tortura y los malos tratos.