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Proyecto de ley de migraciones: un avance sólo en apariencia

27, May. 2020 | Categoría: ,

La votación del proyecto de ley de Migración y Extranjería representa el evento de mayor significancia en nuestro país en décadas, en lo que a un marco normativo y políticas migratorias se refiere. Resulta desconcertante, entonces, la absoluta falta de una óptica de derechos humanos en dicha legislación en trámite. 

Afirmar que el proyecto de ley es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes en Chile es simplemente quedarse corto. El texto que será sometido a votación dentro de las próximas semanas por el Senado – dado que el gobierno le dio urgencia para “discusión inmediata” – no sólo no garantiza de manera satisfactoria el resguardo de derechos básicos, sino que incluso subordina el reconocimiento de los mismos y la obtención de beneficios sociales a plazos arbitrarios de residencia en el país, además de requisitos de corte económico, como el contar con un contrato de trabajo indefinido o de al menos un año, y “acreditar medios económicos suficientes”.

Por otro lado, impide el cambio de categoría migratoria para personas extranjeras que ya están en Chile, por lo que, en vez de entregar maneras de subsanar situaciones de irregularidad, el proyecto de ley las incrementa artificialmente: una persona que por cualquier motivo quede en situación irregular en el país, no tendría más alternativa que salir de Chile sin que pueda regularizar su situación estando aquí. Es decir, no se contemplan mecanismos efectivos de regularización, lo que implica sólo aumentar el número de personas migrantes que se encuentren excluidas del sistema y, por tanto, totalmente desprotegidas.

Finalmente, la férrea oposición del Ejecutivo a incluir en el proyecto de ley un principio tan básico como lo es el de no devolución de las personas migrantes a su país de origen, incluso cuando en aquél su vida y su integridad física y mental puedan correr serio peligro, demuestra con total claridad la falta de un verdadero interés por brindar salvaguardas mínimas a las personas en movimiento. 

Hemos observado cómo a lo largo del gobierno del presidente Sebastián Piñera se han implementado medidas y adoptado discursos verdaderamente deshumanizantes hacia las personas extranjeras viviendo en Chile. Desde la entrega de información acerca de la cantidad de expulsiones de migrantes como que fuera un gran éxito, hasta dichos de autoridades que los vinculan con aumentos en casos de VIH. La recurrente frase “ordenar la casa” que empleó el gobierno al referirse a su política migratoria es bastante reveladora, puesto que se entiende a los migrantes no como personas iguales en dignidad y derechos a cualquier chileno/a, sino como objetos, de los cuales se puede disponer a elección.  

Ahora bien, si vivir en Chile es sumamente difícil para las personas migrantes en condiciones de “normalidad”, la actual crisis sanitaria sólo ha acrecentado tales dificultades. La pandemia de coronavirus ha golpeado de manera especialmente dura a las personas migrantes, quienes muchas veces se encuentran en una posición especialmente vulnerable ante su irregular condición migratoria. Sin embargo, en vez de haber recibido medidas de apoyo y protección, las personas migrantes se han enfrentado a una administración indolente, que si bien ha adoptado algunas medidas para extender la vigencia de algunos documentos, ello ha sido insuficiente para proteger sus derechos. Larguísimos tiempos de espera para la renovación de visas, vivir en condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica y tests PCR, sumado a lamentables actos de discriminación de la prensa y vecinos, son sólo algunas de las muchas problemáticas de las cuales hemos tenido noticia.  

Ante este escenario, una ley que otorgue verdaderos resguardos y que se condiga con los estándares internacionales de Derechos Humanos es una necesidad urgente. Este es el momento de dejar atrás nuestra actual normativa (el Decreto Ley N°1.094 de 1975), insuficiente para dar respuesta a los fenómenos migratorios contemporáneos, y adoptar una que refleje los principios de un Estado democrático. Con decepción, observamos cómo el texto que será prontamente sometido a votación por nuestro Congreso se encuentra lejos de aquello. 

 

Florencia Moral Araneda

Coordinadora Equipo Migración y Refugio

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