RUSIA: LA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA UNA BIBLIOTECARIA POR TENENCIA DE “LIBROS EXTREMISTAS” REFLEJA UN EVIDENTE DESPRECIO POR EL ESTADO DE DERECHO

Amnistía Internacional ha declarado hoy que la sentencia condenatoria por tenencia de “libros extremistas” contra Natalya Sharina, ex directora de la Biblioteca Pública de Literatura Ucraniana de Moscú, refleja un evidente desprecio por el Estado de derecho, y pone de manifiesto la falta de independencia de la magistratura rusa.

En efecto, el Tribunal de Distrito de Meshchansky (Moscú) la ha hallado culpable de “incitación al odio” y “malversación”, y le ha impuesto una condena condicional de cuatro años. Natalya Sharina había sido detenida en octubre de 2015, tras haberse encontrado obras del nacionalista ucraniano Dmytro Korchynsky entre un montón de libros sin indizar de la biblioteca que dirigía. Las obras de ese autor están oficialmente prohibidas en Rusia, y la fiscalía calificó los libros en cuestión de “extremistas” y “antirrusos”.

“Esta causa, extremadamente politizada, es un atropello a la justicia, y pone en evidencia graves problemas en cuanto a la independencia de la magistratura rusa. Natalya Sharina no debería haber sido juzgada, y mucho menos condenada”, ha declarado Denis Krivosheev, director adjunto para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“La fiscalía ha explotado el extremadamente tenso ambiente antiucraniano que predomina hoy en día en Rusia, y el tribunal ha desestimado —sin más— pruebas clave de la defensa, incluidos testimonios de personas que afirmaban haber visto cómo agentes de policía introducían los libros prohibidos en la biblioteca.”

Durante el juicio, la fiscalía acusó a Natalya Sharina de promover el nacionalismo ucraniano que —aseguró— se da la mano con el fascismo alemán.

Amnistía Internacional considera que los dos cargos en su contra son infundados, y responden a intereses políticos, por lo que considera a Natalya Sharina víctima de una farsa.

Información complementaria:

Natalya Sharina fue detenida el 28 de octubre de 2015, y pasó un año y siete meses bajo arresto domiciliario antes de ser juzgada.

El cargo de malversación se añadió en su contra en abril de 2016, cuando se la acusó de haberse apropiado indebidamente de fondos de la biblioteca para pagar a un abogado que la defendiera entre 2011 y 2013, durante una maniobra previa para enjuiciarla.