La detención ilegal en el conflicto que tiene lugar en Yemen —que abarca desde casos de condena a muerte por motivos políticos hasta desaparición forzada y tortura de personas detenidas en “lugares negros”— sigue predominando cuando está a punto de cumplirse el quinto aniversario de la guerra, el miércoles 25 de marzo; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Desde que estalló el conflicto actual en marzo de 2015, decenas de personas —entre ellas periodistas, personas del mundo académico y miembros de la comunidad religiosa bahaí— han sido detenidas y sometidas a desaparición forzada, principalmente por su activismo de derechos humanos, su filiación política o sus convicciones profundas.
“Estos cinco años de conflicto incesante han sido terreno abonado para cometer graves violaciones de derechos humanos contra personas detenidas en ambos bandos que, en algunos casos, constituyen crímenes de guerra”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“Las fuerzas huzíes han detenido por cargos falsos a decenas de personas —incluidos miembros de la comunidad religiosa bahaí— y muchas han sido condenadas a muerte. Es una atrocidad absoluta que tantos miembros de la comunidad bahaí continúen en peligro de ejecución por sus convicciones profundas y actividades pacíficas.
Pedimos la libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia en Yemen, así como verdad y justicia en los múltiples casos de desaparición forzada y tortura asociadas a la detención ilegal.”
El año pasado, los huzíes y sus fuerzas aliadas incrementaron el uso de un tribunal antiterrorista como medio de ajustar cuentas políticas, que a menudo impuso la pena de muerte por cargos falsos de espionaje y “ayudar a un país enemigo” tras juicios manifiestamente injustos. Por su parte, las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos y sus aliados en el sur de Yemen dirigían una red de lugares de detención secreta en los que decenas de personas sufrieron desaparición forzada y tortura, en actos equiparables a crímenes de guerra.
Con motivo del aniversario, Amnistía Internacional va a lanzar una campaña de un año de duración centrada en la detención arbitraria, y específicamente en los casos que constituyen violaciones de la libertad de expresión, de asociación y de religión.
El mes pasado, representantes de las partes del conflicto acordaron el que iba a ser el mayor canje de personas presas auspiciado por la ONU.
Ataques selectivos de los huzíes contra minorías religiosas y otras personas
En una nueva declaración pública, Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 personas que están actualmente procesadas, excepto una. Todas han comparecido ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná —tradicionalmente reservado a los casos de terrorismo— en los últimos cinco años. Entre las personas sometidas a un juicio injusto por cargos falsos ante este tribunal hay defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de minorías religiosas y de la oposición política. Todas estas personas están siendo juzgadas por espionaje, que conlleva la pena de muerte preceptiva con arreglo a la legislación yemení.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona acusada y del método de ejecución empleado por el Estado. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Sufrimiento de la población civil
Desde 2015, todas las partes del conflicto de Yemen han cometido violaciones reiteradas y graves del derecho internacional humanitario.
Las fuerzas huzíes, que controlan grandes extensiones del país, han bombardeado zonas residenciales y lanzado misiles contra Arabia Saudí de forma indiscriminada. La coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos —que apoya al gobierno yemení internacionalmente reconocido— continúa bombardeando infraestructuras civiles y lanzando ataques indiscriminados, con el resultado de cientos de civiles muertos y heridos. Todas las partes, además, han reprimido la libertad de expresión mediante la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos bajo custodia.
La población civil está atrapada en medio del conflicto y sufre las peores consecuencias de la violencia. Hasta la fecha, más de 233.000 personas han resultado muertas o heridas. La escalada de la crisis humanitaria ya ha dejado a unos 14 millones de personas al borde de la hambruna. La situación se ha visto agravada por años de mala gobernanza que se han traducido en pobreza y un sufrimiento inmenso.
Debido al alargamiento del conflicto y al uso de tácticas ilegítimas por todos los bandos, es inevitable que los mecanismos de afrontamiento de la población civil estén ya al límite. Se calcula que 22 millones de yemeníes necesitan actualmente ayuda humanitaria para sobrevivir.