Por Agnès Callamard y Federico Borello
Cuando el mundo salió de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y juró que “nunca más”, las naciones sentaron las bases del sistema de justicia internacional que existe actualmente para abordar los peores crímenes del planeta. Hoy, Estados Unidos intenta activamente desmantelarlo.
El 4 de septiembre, el gobierno de Trump impuso sanciones a tres destacadas organizaciones de derechos humanos palestinas: Al Haq, fundada en 1979 y pionera en la documentación de violaciones de derechos en Gaza y la Cisjordania ocupadas; Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, que desde hace más de dos decenios lleva a cabo una meticulosa narración de las violaciones de la leyes de la guerra en Gaza; y Centro Palestino de Derechos Humanos, que ofrece desde hace tiempo asistencia jurídica a las víctimas, principalmente de Gaza.
En junio, el gobierno de Trump impuso sanciones a otro destacado grupo de derechos palestino, Addameer, en aplicación de un conjunto distinto de medidas.
Todo ello forma parte de un empeño más amplio del gobierno de Trump dirigido contra quienes apoyan que se haga justicia para la población palestina. El motivo alegado para las sanciones impuestas en septiembre fue que los tres grupos habían ayudado a la Corte Penal Internacional en su investigación de Israel “sin el consentimiento de Israel”. Pero el gobierno de Estados Unidos también ha actuado contra funcionarios de la Corte, que ha emprendido una investigación que abarca denuncias de graves delitos cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza; ha dictado órdenes de detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, a quienes acusa de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El gobierno ha impuesto sanciones al fiscal, dos fiscales adjuntos y seis jueces de la CPI, así como a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.
Además de lo que se le ha hecho a la población palestina, el gobierno de Trump ha menoscabado el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la justicia internacional, elementos que constituyen una parte fundamental del orden mundial basado en normas. El gobierno ha reducido la financiación a las Naciones Unidas y ha amenazado con más recortes, y también se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De forma abrupta, canceló casi toda la ayuda exterior de Estados Unidos, que apoyaba a quienes defienden los derechos humanos y prestaba una asistencia humanitaria que salvaba vidas en todo el mundo. Los recortes de las subvenciones de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado y de las oficinas dedicadas a personas refugiadas, mujeres y justicia global han degradado aún más el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos.
Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino son organizaciones reconocidas con premios que en circunstancias extremadamente difíciles han denunciado violaciones de derechos humanos y del derecho ambiental cometidas por autoridades, grupos armados y empresas israelíes y palestinas. Son la voz de las víctimas palestinas, amplifican historias de injusticia que, de otro modo, se desconocerían.
Los grupos han continuado su valiente labor en Gaza durante casi dos años. Al Mezan y el Centro Palestino están radicados en Gaza, y Al Haq, con sede en Ramala, Cisjordania, también tiene personal en ese territorio. Han sufrido bombardeos que han matado o causado heridas a miembros del personal y cientos de sus familiares, además de hambre y desplazamiento forzado. El 7 de septiembre, bombardeos israelíes arrasaron el edificio de gran altura donde tenía su sede el Centro Palestino. Las oficinas de Al Mezan en Gaza sufrieron daños y quedaron destruidas en 2024.
Las sanciones de Estados Unidos no sólo perturbarán la crucial labor que aún pueden llevar a cabo sino que también enviarán un mensaje amedrentador a los defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo trabajo involucra a actores poderosos o sus aliados. Los grupos palestinos han apoyado claramente la investigación de la CPI sobre la actuación de Israel y han presentado información a la fiscalía de la Corte.
Nuestras organizaciones, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, colaboran estrechamente con estos grupos desde hace decenios y, de conformidad con nuestros mandatos independientes y de larga data de alzar la voz para proteger los derechos humanos, podemos atestiguar que su labor es indispensable para la comunidad e derechos humanos no sólo en la región sino a nivel internacional.
Esta labor forma parte de un amplio movimiento global que promueve la justicia para víctimas y supervivientes de los abusos contra los derechos humanos. Un sistema de justicia internacional creíble que aborde el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad es un elemento esencial para cimentar el respeto de los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional es un pilar fundamental de este sistema. Creada por medio de un tratado en 1998, la Corte es un foro de último recurso. Los gobiernos pretendían cumplir la promesa de “nunca más” formulada después de la Segunda Guerra Mundial mediante el establecimiento de esa institución permanente. El sistema no es perfecto, pero su capacidad para tratar de hacer rendir cuentas incluso a quienes ocupan los puestos de poder más elevados puede contribuir a poner fin a los ciclos de abusos. Este poder de la ley está ahora en peligro.
La imposición de nuevas sanciones u otras medidas de Estados Unidos, incluida la ampliación de las sanciones a la Corte en su conjunto, pondría en peligro los derechos de las víctimas en todo el planeta. Los gobiernos deben estar a la altura de las circunstancias para proteger el sistema que crearon.
Cuando Israel designó como “organizaciones terroristas” a destacados grupos de derechos humanos palestinos, entre ellos Addameer y Al Haq, en 2021, nueve Estados miembros de la Unión Europea rechazaron las acusaciones por infundadas. Este rechazo fue probablemente uno de los principales motivos que impulsaron a Israel a no ir más lejos.
Hasta ahora, otros gobiernos han sopesado cuidadosamente sus reacciones a las sanciones de Estados Unidos por temor a provocar al gobierno de Trump. Esta estrategia es errónea y no se ajusta a la urgencia que la situación reclama.
Los gobiernos deben condenar los intentos de menoscabar la independencia de la CPI y de silenciar a quienes documentan los abusos. Deben usar las leyes regionales y nacionales, como el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, que puedan emplearse para anular leyes exteriores en la Unión, para mitigar el impacto de las sanciones de Estados Unidos en quienes colaboran con la Corte. Quienes ayudaron a establecer la corte internacional y afirman defender los valores en los que ésta se sustenta deben dar un paso al frente para defenderlos.
Agnès Callamard es la secretaria general de Amnistía Internacional. Federico Borello es el director ejecutivo en funciones de Human Rights Watch.
Este artículo fue publicado por primera vez en The New York Times.