Respuesta de Amnistía Internacional a la sentencia de la Corte Suprema de Arizona sobre la prohibición casi total del aborto

En respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de Arizona que apoya una prohibición casi total del aborto, Karla Gonzales Garcia, directora de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

“La decisión anunciada hoy por la Corte Suprema de Arizona es un recordatorio para que todos y todas salgamos y luchemos por el derecho humano al aborto. La decisión de llevar a término un embarazo es personal, y no es función del gobierno interferir en ella”.

“Aunque esta sentencia es un revés, no nos detendrá. Comunidades de toda Arizona siguen alzándose y actuando en apoyo del derecho humano al aborto recogiendo firmas para una iniciativa electoral que modificará la Constitución de Arizona para establecer el derecho al aborto. La iniciativa será sometida a la votación de la población de Arizona en noviembre.”

“Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones personales sobre sus cuerpos. Las comunidades sistemáticamente marginadas se enfrentan ya a mayores obstáculos a la hora de acceder a servicios médicos, incluido el aborto, pero nuestras comunidades son fuertes y están organizadas. Mi mensaje para quienes se preocupan por los derechos reproductivos: implícate, recoge firmas en apoyo de la iniciativa electoral, difunde el mensaje de que tenemos la oportunidad de hacer historia en Arizona, y —lo más importante— ve a las urnas en noviembre y vota a favor de la constitucionalidad protegiendo este derecho humano.”

Más información

El acceso al aborto es un derecho humano. Las leyes y políticas que afectan a la vida de las personas que pueden quedarse embarazadas deben garantizar el acceso al aborto y a la autonomía corporal completa. Las leyes que restringen el acceso a un aborto sin riesgos violan los derechos humanos de las mujeres y de las personas que pueden quedarse embarazadas. Las personas que ya sufren marginación se ven desproporcionadamente afectadas por estas leyes. Entre ellas figuran las personas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las mujeres y niñas lesbianas y bisexuales, las personas transgénero o que no se ajustan a las convenciones de género y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas.

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