En respuesta a las últimas enmiendas legislativas de Rusia, que incluyen un nuevo proyecto de ley que permite designar a cualquier comunidad u organización como “extremista” sin orden judicial, y a otro proyecto de ley que dispone sanciones administrativas simplemente por buscar en la web “materiales extremistas” o acceder a ellos, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“Una vez más, las autoridades rusas disfrazan su implacable persecución de la disidencia bajo el manto de la lucha contra el ‘extremismo’, utilizando una legislación vaga y excesivamente amplia que permite una interpretación abusiva y una actuación arbitraria”.
“Si este proyecto de ley sobre ‘extremismo’ se convierte en ley, cualquier grupo de personas —incluso un chat online privado o un círculo de amistades— puede ser designado y criminalizado como ‘extremista’ si tan sólo uno de sus miembros ha sido declarado culpable de cargos de ‘extremismo’, como les ha sucedido a muchas personas críticas con el gobierno. Estas disposiciones otorgan a los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley una oportunidad aparentemente ilimitada de lanzar sus redes y procesar aún a más personas por asociaciones incluso remotas con personas denominadas ‘extremistas’.”
Las autoridades rusas disfrazan su implacable persecución de la disidencia bajo el manto de la lucha contra el “extremismo”, utilizando una legislación vaga y excesivamente amplia que permite una interpretación abusiva y una actuación arbitraria.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“Se ha propuesto otra enmienda que es igual de peligrosa. De ser adoptada, convertiría en punible por la ley la búsqueda online de contenido ‘extremista’ o el acceso a él. Habida cuenta que en la Rusia actual cualquier cosa puede ser material ‘extremista’, desde un libro que ‘promueva las relaciones entre personas del mismo sexo’ hasta publicaciones en redes sociales realizadas por grupos de oposición, esta enmienda impide de hecho el acceso de la sociedad rusa a cualquier información u opiniones consideradas ‘peligrosas’ por las autoridades.”
“Estos cargos son una violación de manual de las obligaciones internacionales contraídas por Rusia y de su propia Constitución, que garantiza a todas las personas el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión, incluido el acceso a la información. Estos proyectos de ley no deben convertirse en leyes.”
Información complementaria
El 15 de julio, la Duma (el Parlamento) estatal adoptó un nuevo paquete de enmiendas que endurecen aún más la legislación rusa contra el “extremismo”. Según las nuevas disposiciones, cualquier grupo —incluidos los grupos informales— puede ahora ser designado como “organización extremista” si uno solo de sus miembros ha sido declarado culpable de crear una “asociación extremista” o participar en ella (artículo 282.1 del Código Penal). Esto elimina el requisito anterior que exigía una orden judicial aparte que permitiera en la práctica a las autoridades proscribir arbitrariamente grupos enteros basándose en la declaración de culpabilidad previa de un único miembro.
Por separado, un grupo de legisladores propuso un nuevo artículo para el Código de Delitos Administrativos, según el cual se impondría una multa de hasta 5.000 rublos (aproximadamente 65 dólares estadounidenses) por “buscar materiales extremistas o acceder a ellos a sabiendas”, incluso a través de una VPN. Este borrador de artículo no explica cómo se detectaría ese tipo de actividad, lo que suscita preocupación respecto a la falta de claridad y precisión de la conducta criminalizada y respecto a la posible vigilancia ilegal y el acceso, también ilegal, a los dispositivos.