Cuando la población de Siria conmemora un año de la caída del gobierno del presidente Bachar al Asad, Amnistía Internacional reitera la necesidad urgente de que las nuevas autoridades sirias rompan con el pasado y se comprometan a garantizar justicia, verdad y reparación así como derechos humanos para todas las personas.
En 2024, la represión y las violaciones de derechos humanos sistemáticas cometidas durante décadas bajo la autoridad del gobierno de Asad continuaron afectando profundamente al país, y víctimas y sobrevivientes aún esperan para ver realizado su derecho a obtener verdad, justicia y reparación. El nuevo gobierno, constituido el 29 de marzo de 2025 y presidido por Ahmad al Sharaa, se ha comprometido a romper con este legado y ha adoptado algunas medidas encaminadas a garantizar justicia y rendición de cuentas, aunque persisten varios desafíos.
Las autoridades sirias deben actuar de manera decisiva y crear un futuro de respeto a los derechos humanos para una población siria que ya ha sufrido mucho. El gobierno debe adherirse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos, en particular las relativas al derecho al debido proceso, incluso en los casos de presuntos autores de delitos cometidos en el pasado y en la actualidad.
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
Además de los crímenes cometidos en el pasado, la respuesta del nuevo gobierno a las violaciones graves de derechos cometidas desde su llegada al poder, incluidos homicidios sectarios en las zonas costeras y meridionales de Siria, será una prueba definitiva de su compromiso con la obtención de justicia y rendición de cuentas. Los grupos armados enfrentados al gobierno también han cometido graves abusos, como homicidios ilegítimos, secuestros y quema de viviendas.
“Durante una visita reciente a Siria, sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones locales expresaron su afán de obtener verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes. Los desafíos son numerosos y la tarea monumental, pero hemos visto la energía, el esfuerzo y el compromiso de quienes desean sumar fuerzas para construir una nueva Siria respetuosa con los derechos, desde madres y esposas que se han agrupado para exigir respuestas sobre el paradero de sus hijos y esposos, hasta sobrevivientes de las últimas masacres que documentaron lo sucedido en sus comunidades, personas que lideran iniciativas cívicas y otras que se han incorporado a las comisiones nacionales constituidas para garantizar verdad, justicia y reparación”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Las autoridades sirias deben actuar de manera decisiva y crear un futuro de respeto a los derechos humanos para una población siria que ya ha sufrido mucho. El gobierno debe adherirse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos, en particular las relativas al derecho al debido proceso, incluso en los casos de presuntos autores de delitos cometidos en el pasado y en la actualidad. Debe adoptar un enfoque de tolerancia cero sobre las nuevas violaciones de derechos humanos que se cometan para evitar volver a caer en el antiguo círculo vicioso de impunidad por las atrocidades, y reforzar la protección del espacio de la sociedad civil para que ésta pueda contribuir de forma independiente a esta transición, alejándose de las violaciones de derechos de la época de Asad.”
Justicia por los crímenes del pasado
Una de las mayores tareas a las que se enfrenta el gobierno es cómo abordar las violaciones de derechos humanos de la época de Asad, cuando cientos de miles de personas sirias fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como asesinato y otros homicidios ilegítimos, arresto arbitrario, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada.
Se calcula que más de 100.000 personas desaparecieron en Siria entre 2011 y 2024. Aunque la inmensa mayoría fue objeto de desaparición forzada a manos del gobierno de Asad y se desvaneció en su tristemente célebre red de centros de detención, miles fueron secuestradas por grupos armados de oposición.
A lo largo del último decenio, sobrevivientes y familiares de víctimas se han unido en asociaciones, coaliciones y organizaciones para pedir que se revele el destino de sus seres queridos, se obligue a rendir cuentas a los perpetradores y se ofrezcan reparaciones. En un acto público en el Museo Nacional de Siria organizado por Amnistía Internacional y el Museo de las Prisiones de Siria el 28 de noviembre, familiares de las personas desaparecidas explicaron que no han podido llorar como es debido la pérdida de sus seres queridos al no ver realizado su derecho a obtener verdad y justicia. Asimismo expresaron su angustia al ver en libertad a sospechosos de crímenes y ante la falta de orientación sobre la situación jurídica de las personas desaparecidas, los retrasos en la revelación de información veraz sobre lo sucedido a sus seres queridos y las dificultades económicas que siguen atravesando.
Desde su establecimiento a finales de marzo, el nuevo gobierno sirio ha adoptado algunas medidas iniciales fundamentales para garantizar verdad, justicia y reparación. En mayo, el presidente estableció por decreto dos organismos nacionales: la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, con el cometido de crear una base de datos nacional de personas desaparecidas, determinar el destino de estas personas y ofrecer apoyo a sus familias, y la Comisión Nacional de Justicia Transicional, encargada de elaborar estrategias nacionales para garantizar verdad, rendición de cuentas por los delitos, reparación, garantías de no repetición, actos conmemorativos, reconciliación y consolidación de la paz.
En noviembre, la Comisión Nacional de Justicia Transicional confirmó a Amnistía Internacional que la nueva ley de justicia transicional, actualmente en proceso de redacción, garantizará que la Comisión pueda abordar los abusos cometidos por todas las partes del conflicto, incluidos el gobierno anterior de Asad y los grupos armados de oposición, y añadió que el anteproyecto de ley incluiría crímenes de derecho internacional no tipificados actualmente en el Código Penal sirio y sería revisado por un grupo de trabajo formado por 25 organizaciones de la sociedad civil.
“Dada la magnitud, la gravedad y el carácter generalizado de los crímenes cometidos en el pasado, los procesos de rendición de cuentas necesariamente llevarán tiempo. Para crear y mantener la confianza, las comisiones deben garantizar procesos inclusivos y transparentes, tener comunicaciones y consultas periódicas, garantizar igualdad de acceso a las víctimas de todas las partes enfrentadas en el brutal conflicto de Siria y reconocer el papel fundamental y complementario de las organizaciones de la sociedad civil”, ha afirmado Agnès Callamard.
“La comunidad internacional debe desempeñar una función esencial de apoyo a la justicia transicional y, en general, a un futuro de Siria basado en el respeto de los derechos humanos. La actitud de ‘esperar a ver’ contribuirá poco a garantizar que la transición en Siria procure realmente derechos y seguridad a la población siria. Los Estados deben apoyar las iniciativas para obtener verdad, justicia y reparación, entre otras cosas proporcionando fondos y conocimientos técnicos, y defendiendo la participación significativa de sobrevivientes, víctimas y sociedad civil, así como la transparencia e independencia de todos los mecanismos establecidos para abordar las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes cometidas por todas las partes.”
El año pasado, las autoridades detuvieron a varias personas sospechosas de tener responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo la autoridad del gobierno anterior. Hasta la fecha se han remitido a los tribunales cinco casos de sospechosos de alto rango. Mazhar al Wais, ministro de Justicia, contó a Amnistía Internacional el 26 de noviembre de 2025 que había alrededor de un centenar de presuntos perpetradores bajo custodia en esos momentos y que preveía más avances en el frente de la rendición de cuentas en las semanas siguientes, señalando que su ministerio había empezado a recibir expedientes de casos del Ministerio del Interior.
Justicia y rendición de cuentas por crímenes recientes
Además de los crímenes del pasado, la respuesta del nuevo gobierno a las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde su llegada al poder, incluidos los homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad del gobierno y fuerzas afines en la zona costera en marzo y en la provincia meridional de Suwayda en julio, será una prueba definitiva de su compromiso de garantizar justicia y rendición de cuentas para todas las personas que viven en Siria.
Amnistía Internacional documentó homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales de miembros de la minoría alauí y de la comunidad drusa por fuerzas del gobierno, grupos afines al gobierno y milicias. Grupos armados drusos y combatientes tribales beduinos también cometieron abusos graves contra los derechos humanos en la gobernación de Suwayda, incluidos secuestros, homicidios ilegítimos y quema de viviendas.
En marzo, el presidente estableció una comisión de investigación sobre los homicidios en la costa. En julio, la comisión hizo público un resumen de sus conclusiones, en las que señalaba que había identificado a unos 500 presuntos perpetradores. Sin embargo, siguen sin publicarse íntegramente las conclusiones y el informe de la comisión.
El 18 de noviembre comenzó la vista pública del juicio contra 14 personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos durante las masacres de la zona costera. El ministro de Justicia dijo a Amnistía Internacional que otras 80 personas sospechosas señaladas en el informe de la comisión estaban bajo custodia en espera de juicio.
Si bien las investigaciones, los arrestos de presuntos autores y las actuaciones judiciales son pasos necesarios para obtener verdad y justicia, no son suficientes. Es fundamental que las autoridades implementen un proceso de comprobación de antecedentes para garantizar que, mientras se lleva a cabo la investigación, los miembros de las fuerzas de seguridad y grupos afines sospechosos de participar en graves abusos contra los derechos humanos no son destinados ni permanecen en puestos en los que podrían repetirlos.
En respuesta a los homicidios de Suwayda, el Ministerio de Justicia estableció una comisión para investigar los hechos. Hace poco, el ministro prorrogó tres meses la labor de la comisión y explicó a Amnistía Internacional que esperaba que las conclusiones de la investigación se hicieran públicas.
“Las autoridades han hecho lo correcto al reconocer estas atrocidades. A fin de recuperar la confianza entre las autoridades y las comunidades minoritarias y establecer un orden basado en derechos, deben asimismo acometer reformas en materia de derechos humanos —sobre todo en el sector de la seguridad— y garantizar que los presuntos autores de crímenes son apartados de sus puestos y procesados con las debidas garantías, que se establece y hace pública la verdad, y que sobrevivientes y familiares de víctimas reciben una reparación efectiva, que incluya garantías de no repetición”, ha dicho Agnès Callamard.
“Las actuaciones judiciales deben cumplir las normas internacionales sobre juicios justos —que incluyen garantizar el derecho de la persona acusada a representación letrada y a contactar con familiares, e investigar toda denuncia de tortura u otros malos tratos— y excluir la pena de muerte.”
Espacio de la sociedad civil
Uno de los mayores logros de 2024 fue el florecimiento del espacio de la sociedad civil en muchas partes de Siria, incluidas zonas controladas por el gobierno anterior, con grupos de la sociedad civil siria organizándose para constituir ONG registradas o asociaciones informales.
Este espacio cívico pujante debe ser protegido y las autoridades deben garantizar un entorno propicio para el florecimiento y crecimiento de la sociedad civil.
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
No obstante, organizaciones de la sociedad civil informaron de que persisten algunos obstáculos, entre ellos la exigencia de autorización previa por las autoridades para organizar actos públicos y la falta de claridad y uniformidad en la concesión de esos permisos, incluso entre gobernaciones.
Para cumplir con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, las autoridades deben dejar de insistir en el requisito de autorización previa para las actividades legítimas de las asociaciones, como reuniones, actos públicos o asambleas.
Además de las iniciativas del Estado, los donantes deben apoyar el desarrollo de un ecosistema sano y robusto de iniciativas independientes de sobrevivientes, asociaciones de familiares, activistas, defensores y organizaciones de la sociedad civil que actúan documentando, informando o dando seguimiento a los casos, apoyando a las víctimas y haciendo reivindicaciones.
“Este espacio cívico pujante debe ser protegido y las autoridades deben garantizar un entorno propicio para el florecimiento y crecimiento de la sociedad civil. Para ello debe prescindir de los engorrosos requisitos de aprobación de reuniones pacíficas que pueden violar el derecho a la libertad de reunión pacífica. Las organizaciones de la sociedad civil son actores esenciales para el éxito de la transición en Siria, y deben tener confianza en que van a poder desempeñar su labor fundamental con seguridad e independencia”, ha manifestado Agnès Callamard.