Amnistía Internacional Sudáfrica ha sido admitida como amicus curiae (amigo de la corte) en la solicitud de una orden declarativa para que, si el presidente ruso Vladimir Putin asiste a la Cumbre de países BRICS que se celebrará en Sudáfrica en agosto, las autoridades de este país tengan la obligación de detenerlo.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó en marzo sendas órdenes de detención contra el presidente Putin y la comisionada de Derechos de la Infancia de la Presidencia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra en relación con la deportación ilegítima de menores de edad de Ucrania a Rusia, y el traslado ilegítimo de menores desde zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa.
Como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica tiene la obligación de detener y entregar a la Corte al presidente Putin si pone un pie en el país. En 2002, Sudáfrica aprobó la Ley de Aplicación que proporcionaba el marco para la aplicación del Estatuto de Roma en el país.
“Las obligaciones legales internacionales de Sudáfrica son claras como Estado miembro de la CPI. Las autoridades deben detener a Putin y entregarlo a la CPI. Pretoria no puede ayudar a un fugitivo de la CPI a asistir a la Cumbre de países BRICS y dejar que se marche mientras está acusado de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Eso sería contrario a las obligaciones contraídas por Sudáfrica en virtud del derecho internacional y una traición para las víctimas de crímenes de derecho internacional en Ucrania”, declaró Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.
Amnistía Internacional viene siguiendo de cerca la situación en Rusia y Ucrania desde que comenzó la invasión, el 24 de febrero de 2022, y ha documentado diversos crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario.
Como amicus curiae, nuestra intención es presentar contribuciones escritas sobre las obligaciones de Sudáfrica en virtud del derecho internacional y de la legislación nacional. También aportaremos la investigación y los informes sobre la situación de Ucrania de nuestra organización en relación con este tema concreto.
Shenilla Mohamed afirmó que Amnistía Internacional Sudáfrica se sumaría a la solicitud como amigo independiente e imparcial de la corte con el fin de ayudar a ésta en asuntos de justicia internacional, violaciones de derechos humanos y rendición de cuentas de actores estatales.
“Como Amnistía Internacional, tenemos claro que si el presidente Putin llega a Sudáfrica, el Estado tiene la obligación legal de detenerlo y entregarlo a la CPI”, dijo.
En 2015, Sudáfrica incumplió su obligación al no detener al entonces presidente de Sudán Omar al Bashir, que está acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, cuando asistió a la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana en Johannesburgo.
“Esto no debe repetirse nunca. Si Sudáfrica permite que esto ocurra de nuevo, mostrará su menosprecio tanto de la legislación nacional como de la internacional. También indicará que el país, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no protege los derechos humanos ni combate la impunidad por crímenes de derecho internacional”, declaró Shenilla Mohamed.
Justicia internacional
Sudáfrica fue fundamental en la generación de consenso para la creación de la CPI, hace más de 20 años, a fin de acabar con la impunidad por crímenes como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sudáfrica firmó el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 y lo ratificó el 27 de noviembre de 2000. El país está en la vanguardia de la justicia internacional y debe seguir estándolo, aun cuando otros se nieguen a estar.
“La CPI sigue siendo una de las vías clave a la justicia para millones de víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El Estatuto de Roma penaliza el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, incluido el apartheid como crimen de lesa humanidad. En un momento en el que se siguen cometiendo crímenes de derecho internacional, a menudo con impunidad, la CPI es con frecuencia la última oportunidad para que muchas víctimas de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma conozcan la verdad y obtengan justicia y reparación”, prosiguió Shenilla Mohamed.
En virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el respeto al carácter sagrado de la vida humana, la condena y el rechazo de la impunidad es uno de los objetivos clave y de los principios fundamentales del Acta fundacional de la Unión Africana, en la que es también parte Sudáfrica.
“Sudáfrica sigue siendo un Estado miembro de la CPI de crucial importancia y debería estar en la vanguardia de los intentos de prevenir que se cometan crímenes de derecho internacional y enjuiciar a los perpetradores. Mecanismos internacionales como la CPI son esenciales para que víctimas y sobrevivientes de crímenes graves en todo el mundo obtengan justicia, verdad, plena reparación y garantías de no repetición”, manifestó Shenilla Mohamed.
Rendición de cuentas
Sin embargo, creemos que las instituciones de la justicia internacional también tienen que rendir cuentas.
Amnistía Internacional ha destacado varias decisiones y prácticas recientes que parecen cuestionar si los principios de la CPI se aplican por igual a las víctimas de crímenes de derecho internacional en cualquier situación o región. Por ejemplo, en 2020, la Fiscalía de la Corte decidió no investigar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak a pesar de su propia conclusión de que dichos crímenes se habían perpetrado. Posteriormente, en 2021, se decidió rebajar la prioridad de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y por las fuerzas nacionales afganas en Afganistán alegando limitaciones presupuestarias.
“Amnistía Internacional ha pedido a la CPI que se asegure de que toda la financiación se asigna de forma no discriminatoria y en interés de la justicia, y de que todas las víctimas de crímenes graves tienen acceso equitativo a los derechos a interponer recursos y obtener reparaciones”, dijo Mohamed.
Información complementaria
La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente Putin el 17 de marzo de 2023.
En noviembre de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo las fuerzas rusas y sus afines estaban llevando a cabo traslados forzosos y deportaciones de civiles ucranianos, incluidos menores de edad, a Rusia o al interior de zonas ucranianas ocupadas por Rusia. La organización concluyó que tales actos eran equiparables a crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad.
El 30 de mayo de 2023, la Alianza Democrática presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Pretoria en el que solicitaba una orden declaratoria para que, en el caso de que el presidente Putin llegase a Sudáfrica para asistir a la Cumbre de países BRICS, y tras recibir una petición de la CPI de detener a Putin, el gobierno sudafricano lo detuviera y entregara inmediatamente a la CPI.
