- Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la decisión histórica y unánime del Comité Europeo de Derechos Sociales que concluye que Suecia ha infringido la Carta Social Europea al no respetar el derecho a la atención médica sin discriminación.
- Las personas ciudadanas de la Unión Europea (UE) tienen derecho a acceder a atención médica en cualquier país de la UE y que su país de origen reembolse la atención recibida en el extranjero. A las personas de la UE que visitan Suecia para una estancia breve se les requiere que tengan un seguro médico para acceder al sistema sanitario sueco. Las personas migrantes vulnerables de la UE, en su mayoría pertenecientes a la comunidad romaní, sufren discriminación, ya que no cuentan con la póliza de seguro correspondiente en su país de origen.
- La decisión del Comité se ha tomado tras una denuncia conjunta presentada en 2023 contra Suecia por Amnistía Internacional y Médicos del Mundo Internacional a causa de la violación sistemática del derecho de las personas migrantes vulnerables de la UE a acceder a la atención médica en condiciones de igualdad.
Amnistía Internacional pide al gobierno sueco que reforme ya la legislación para aclarar que todas las personas ciudadanas de la UE que se encuentren en el país, independientemente de la duración de su estancia o de si poseen seguro médico en su país de origen, tienen derecho a atención y servicios médicos subvencionados.
“Es una gran victoria para los derechos humanos de las personas migrantes vulnerables de la UE. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y Suecia está obligada a proporcionar atención médica a todas las personas que residan en el país, sin discriminación.
Durante demasiado tiempo, las personas migrantes vulnerables de la UE, incluidas las pertenecientes a la comunidad romaní, han sido tratadas como personas de segunda clase. Suecia debe cerrar de inmediato esta laguna discriminatoria y garantizar a todo el mundo el acceso a atención médica en condiciones de igualdad.
Anna Johansson, directora de Amnistía Internacional Suecia
Un sistema sanitario discriminatorio de dos niveles
Las personas migrantes vulnerables de la UE, la mayoría de las cuales pertenecen a la comunidad romaní, sufren racismo estructural e interseccional, no sólo en Suecia, sino en toda la Unión Europea y la región más amplia del Consejo de Europa. Esto se manifiesta tanto en un entorno político y mediático hostil y racista como en la falta de acceso en condiciones de igualdad a bienes y servicios públicos como una vivienda decente, salud, agua, saneamiento y educación. Muchas personas romaníes siguen viviendo en condiciones atroces en entornos segregados y sometidos a un control policial excesivo.
El Comité ha resuelto que Suecia ha violado el derecho a la salud al negar a un número significativo de migrantes de la UE el acceso a la atención médica por carecer de seguro médico en sus países de origen, un requisito que no tiene en cuenta el hecho de que esa carencia se debe a menudo a una discriminación sistémica. Sobre esta base, el Comité ha respaldado también la alegación de que Suecia ha discriminado a personas migrantes de la UE, y ha discriminado indirectamente a la comunidad romaní, ya que la mayoría de las personas afectadas pertenecen a ella.
Suecia está obligada a garantizar la igualdad de acceso a la atención médica a todas las personas, sin discriminación, en virtud tanto de la Carta Social Europea como de otros tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU.
Garantizar la dignidad humana para todas las personas
El Comité también ha subrayado que la obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud, incluido el acceso a atención médica sin discriminación, es fundamental para salvaguardar la dignidad humana, núcleo del derecho europeo de los derechos humanos.
“Esto se refiere a personas, tanto en Suecia como en toda Europa, que llevan mucho tiempo sufriendo una fuerte discriminación a causa de su origen étnico y su situación socioeconómica. Cuando los miembros de este grupo vienen a Suecia con la esperanza de construir una vida mejor, las autoridades suecas no alivian la discriminación, sino que la agravan. Esta conducta es inaceptable en cualquier país, y especialmente en uno como Suecia, que afirma respetar y defender los derechos humanos”, ha manifestado Anna Johansson.
La denuncia se basó en una investigación exhaustiva llevada a cabo por Amnistía Internacional y Médicos del Mundo que demostró las violaciones sistemáticas del derecho a la salud de las personas romaníes y otras personas migrantes vulnerables de la UE en Suecia. La denuncia documentó 129 casos que demostraban la manera en que Suecia negaba habitualmente a las personas migrantes vulnerables de la UE el acceso a atención médica y les cobraba el coste completo del tratamiento, en lugar de proporcionarles una atención subvencionada.
A consecuencia de ello, muchas personas tenían miedo de buscar el tratamiento médico necesario, lo que las exponía a graves riesgos para su salud y su vida. Este efecto disuasorio socava por completo el derecho universal a buscar y obtener acceso a atención y tratamiento médico adecuados.
La resolución tiene implicaciones más amplias más allá de Suecia
“La denuncia que presentamos es la punta del iceberg en lo que se refiere a la discriminación sistemática y estructural existente en el sistema de salud sueco contra las personas romaníes y otras personas migrantes marginadas de la UE. Nuestra meta es conseguir un cambio para que, en Suecia y en toda la UE, se respete el derecho de todas las personas a la salud y el acceso a atención y tratamiento médico esenciales”, ha manifestado Anna Johansson.
Esta decisión histórica debe servir como principio rector no sólo para Suecia sino para todos los países de la UE. Todos los Estados miembros del Consejo de Europa tienen la obligación de adoptar medidas enérgicas y concretas para defender los derechos sociales, incluida la protección frente a la discriminación para todos los grupos, residan donde residan dentro del territorio de la UE y el Consejo de Europa.
“Tanto en Suecia como en el resto de Europa, estamos presenciando cómo el racismo estructural está ganando terreno a medida que los dirigentes políticos cuestionan, socavan y restringen derechos humanos fundamentales de personas procedentes de otros países. Es de vital importancia que los Estados, incluida Suecia, tengan presente la universalidad de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, para todas las personas, independientemente de su etnia, nacionalidad o circunstancias, y actúen de acuerdo con ello. Los derechos humanos no saben de fronteras; al contrario, todas las personas tienen derecho a disfrutarlos sin discriminación”, ha declarado Anna Johansson.
Información complementaria
Después de que el Comité de Ministros apruebe una recomendación sobre esta decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, Suecia dispondrá de dos años para presentar un informe sobre las medidas de seguimiento necesarias para garantizar la conformidad con la Carta Social Europea.
El Comité de Ministros determinará entonces si la situación ya es conforme con la Carta Social Europea.
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