El gobierno de Pakistán sigue avanzando en sus planes de someter a expulsión arbitraria y forzosa a ciudadanos afganos, incluidas personas refugiadas y solicitantes de asilo, como parte de su opaco “Plan de repatriación de personas extranjeras ilegales”, que agrava la difícil situación de las personas afganas en riesgo. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, al menos 844.499 personas afganas se han visto obligadas a regresar a Afganistán, donde se enfrentan a un riesgo real de verse sometidas a violaciones de los derechos humanos por los talibanes, en medio de una crisis humanitaria cada vez peor.
Estas historias forman parte de un compendio titulado “Treat us like human beings”: Afghans in Pakistan at risk of unlawful deportation, publicado para conmemorar la nueva campaña de Amnistía Internacional #undothedeadline, que tiene como objetivo amplificar la voz de las personas afganas en riesgo de deportación ilegal. El compendio pone de relieve diez historias de personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas, artistas, periodistas y mujeres que no pueden regresar al Afganistán gobernado por los talibanes y que no sólo están en riesgo, sino que también pueden perder décadas de la vida que habían construido en Pakistán.
Parwana Rahimi: la supervivencia de una mujer afgana en el exilio

“Las mujeres que hablan de progreso y desarrollo nacional se convierten en un peligro para quienes se oponen al cambio”, afirma Parwana Rahimi*, mujer de 27 años de Laghman (Afganistán) que trabaja como periodista desde 2014, incluso para medios de comunicación afganos destacados. Gran parte de su trabajo aspiraba a concienciar sobre los retos socioeconómicos a los que se enfrentan las mujeres afganas. Su pasión por hablar sobre los derechos de las mujeres en Afganistán la situó en el punto de mira de los talibanes. Empezó a recibir amenazas de muerte y, cuando los talibanes impusieron varias restricciones a las mujeres periodistas, Parwana decidió abandonar Afganistán para sobrevivir y se trasladó a Pakistán.
“Cuando una mujer se muda sola a otro país, se enfrenta a muchos problemas”, afirma. Pese a tener visado y documentación legal, las recientes órdenes de deportación han dejado a muchas personas afganas refugiadas, Parwana incluida, en estado de pánico. “Las autoridades me hablaron con malos modales y amenazaron con deportarme a Afganistán”.
Como voluntaria que ayuda a otras personas refugiadas afganas a gestionar su caso con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Parwana ha visto el efecto de este miedo en su comunidad. “Muchas de estas personas eran periodistas, activistas y otras que, en caso de ser deportadas, se enfrentarían a conflictos con el gobierno. Podrían recibir palizas, ser encarceladas o incluso asesinadas”, explica. Las barreras para obtener una tarjeta de identificación del ACNUR agravan el problema, ya que las personas refugiadas no pueden demostrar su condición para evitar la detención. Esta incertidumbre pesa mucho sobre Parwana, quien, pese a sus propios temores, continúa ofreciendo esperanza y apoyo a otros miembros de la comunidad de personas refugiadas. Sin embargo, el coste psicológico es innegable.
El mensaje de Parwana al gobierno de Pakistán y a la comunidad internacional es claro: “Demuestren humanidad. Solicito al gobierno de Pakistán que nos vea como seres humanos, no sólo como personas refugiadas, y que extienda su apoyo a las personas refugiadas afganas que se enfrentan a dificultades reales”.
Demuestren humanidad. Solicito al gobierno de Pakistán que nos vea como seres humanos, no sólo como personas refugiadas.
Parwana Rahimi*, periodista afgana de 27 años residente en Pakistán
Sahar: la lucha de una mujer transgénero por la seguridad

Sahar*, mujer transgénero de 20 años, trabajaba como secretaria en un hospital local de Afganistán. La presión social y la discriminación la obligaron a reprimir la expresión de su identidad de género. “No podía mostrar mis sentimientos ni a la sociedad ni a mi familia”, recuerda. “Las mujeres no tienen derechos, ni siquiera a la educación, ni oportunidades laborales u otros derechos humanos básicos”, explica Sahar. “Para las personas transgénero, es aún más difícil bajo el régimen talibán, que no reconoce tales derechos”.
Ante esta constatación y la creciente hostilidad a su alrededor, Sahar y su familia tomaron la dolorosa decisión de abandonar Afganistán en busca de seguridad. Sahar llegó a Pakistán con toda la documentación legal en regla y se registró junto con su familia en el ACNUR en espera de poder reasentarse en un tercer país. Sin embargo, debido al volumen de solicitudes, le indicaron que debería esperar por tiempo indefinido.
En abril de 2024, cuando el gobierno de Pakistán anunció su intención de llevar a cabo una nueva ola de deportaciones, Sahar y un grupo de otras personas presentaron una petición ante el Tribunal Superior de Peshawar instando a las autoridades a no repatriar por la fuerza a personas refugiadas y solicitantes de asilo de Khyber Pakhtunkhwa a Afganistán. Tras conceder una orden de suspensión en junio de 2024, el tribunal ordenó a las autoridades paquistaníes en enero de 2025 que determinaran los casos de asilo de artistas y personas transgénero de acuerdo con el principio de no devolución del derecho internacional. También ordenó que no se deportara a ninguna persona solicitante de asilo hasta que el gobierno no hubiese tomado una decisión sobre cada caso particular.
El miedo a la deportación es más que un simple miedo a la reubicación; para Sahar podría poner en riesgo su vida. “Si nos deportan, corremos el riesgo de morir, porque los talibanes no reconocen los derechos de las personas transgénero”.
Sahar describe que el desplazamiento no ha logrado resolver sus sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad, ni siquiera en Pakistán. “Una persona transgénero no está segura en ningún lugar sin no tiene un hogar”.
Sahar hace un llamamiento a la comunidad internacional para que acelere su reubicación en un país más seguro a través del ACNUR y suplica a las autoridades paquistaníes que le permitan esperar en el país hasta que se tramite su inmigración en un tercer país.
“Solicito al gobierno de Pakistán que nos vea como seres humanos, no como migrantes, ni como hombres, mujeres o personas transgénero”.
Si nos deportan, corremos el riesgo de morir, porque los talibanes no reconocen los derechos de las personas transgénero.
Sahar*, mujer transgénero afgana de 20 años residente en Pakistán
Dos historias, un mismo destino: la lucha de Malik Javed y Faisal Barakzai por proteger el futuro de sus hijas

Desde hace más de cuatro décadas, Malik Javed* y Faisal Barakzai* consideran Pakistán su hogar. Ambos hombres han construido su vida y su familia en el país. Sin embargo, pese a los años que llevan contribuyendo a la economía y la sociedad de Pakistán, les persigue la amenaza inminente de la deportación. Para ellos, la incertidumbre de su propio futuro se ve ensombrecida por un miedo aún mayor: que les arrebaten la educación y el futuro de sus hijas si se ven obligados a regresar a Afganistán, donde la educación de las niñas está prohibida.
Malik Javed emigró a Pakistán en 1984 y vive en el país desde hace 41 años. Ha formado una familia en el país, incluidas dos hijas de nueve y siete años, que están totalmente escolarizadas. La perspectiva de abandonar Pakistán, donde han nacido y se han criado sus hijas, le resulta devastadora. Para Javed, la amenaza de deportación supone algo más que perder su hogar: significa privar a sus hijas de la oportunidad de aprender y crecer. “Cuando corrieron los rumores sobre la deportación, mis hijas rompieron a llorar desconsoladas ante la posibilidad de quedarse sin escuela”, afirma.
Faisal Barakzai nació en Kohat después de que su familia dejara Afganistán en 1978, y vive en el país desde hace 47 años. Sus temores son similares. “Si nos deportan, la educación de mis hijas se verá alterada”, indica. “La escolarización de las niñas está prohibida en Afganistán, y me preocupa qué tipo de futuro tendrán si nos obligan a marcharnos”.
Para Malik Javed y Faisal Barakzai, el retorno forzado a Afganistán no sólo pone en entredicho la seguridad y estabilidad de su familia, sino que también amenaza sus medios de vida. “Hay personas afganas que trabajan en diferentes zonas de Pakistán, cuyos negocios valen crores (millones de rupias)”, explica Javed. “Pagamos impuestos aquí, contribuimos a la economía, pero vivimos con el miedo de que nos obliguen a marcharnos sin nada”. Muchas personas de la comunidad se enfrentan a obligaciones financieras pendientes, como acreedores que se niegan a devolver préstamos a las personas afganas a medida que crece la amenaza de su deportación.
Ambos hombres comparten la esperanza de que Pakistán los trate con compasión.
Javed, casado con una mujer paquistaní, ha vivido las complejidades de la situación legal a la que se enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Pakistán; la mitad de sus familiares tiene tarjeta de refugiado, mientras que la otra mitad tiene la nacionalidad pakistaní. La deportación podría dividir familias. “Llevamos generaciones aquí”, expone Javed. “Nuestros hijos y nietos nacieron aquí. Las personas afganas no somos una carga para Pakistán: trabajamos y contribuimos a la economía”.
Faisal Barakzai se expresa de modo similar. “Lo único que queremos es vivir con dignidad, contribuir a la sociedad y garantizar la educación de nuestras hijas”.
Cuando corrieron los rumores sobre la deportación, mis hijas rompieron a llorar desconsoladas ante la posibilidad de quedarse sin escuela.
Malik Javed*, padre afgano de dos hijas de nueve y siete años, residente en Pakistán desde hace más de 40 años
*Se ha cambiado el nombre para proteger su identidad.