Las autoridades tunecinas deben poner en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ONG y antiguas autoridades locales que llevan un año recluidos en detención arbitraria previa al juicio a causa de su apoyo legítimo a las personas refugiadas y migrantes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La constante represión, que forma parte de una agresión más amplia contra la sociedad civil de Túnez, se ha visto alimentada por la creciente xenofobia y ha alterado severamente la ayuda crucial para las personas refugiadas y migrantes.
Desde mayo de 2024, las autoridades tunecinas han hecho redadas en al menos tres ONG que proporcionan ayuda fundamental a personas refugiadas y migrantes, y han detenido y recluido al menos a ocho miembros de su personal, así como a dos antiguas autoridades que cooperaban con ella. También han abierto investigaciones penales sobre al menos otras 40 personas en relación con el trabajo legítimo de las ONG para apoyar a las personas refugiadas y migrantes.
“Resulta sumamente inquietante que estos defensores y defensoras de los derechos humanos lleven ya más de un año en detención arbitraria simplemente por ayudar a personas refugiadas y migrantes. Para empezar, nunca debieron haber sido detenidos”, ha manifestado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Las autoridades tunecinas deben poner de inmediato en libertad a las personas detenidas exclusivamente por su trabajo humanitario y de derechos humanos y deben retirar los cargos contra ellas.
Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“Esta irresponsable represión del personal de organizaciones que trabajan de acuerdo con la ley tunecina ha tenido consecuencias humanitarias devastadoras para las personas refugiadas y migrantes en el país, y constituye un revés enormemente nocivo para los derechos humanos en Túnez. Las autoridades tunecinas deben poner de inmediato en libertad a las personas detenidas exclusivamente por su trabajo humanitario y de derechos humanos y deben retirar los cargos contra ellas.”
El 3 y 4 de mayo de 2024, la policía tunecina detuvo a Mustapha Djemali y Abderrazak Krimi, director y responsable de proyectos, respectivamente, del Consejo Tunecino para los Refugiados, una ONG de Túnez que trabaja con la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y con las autoridades tunecinos para hacer un registro previo de quienes solicitan asilo y proporcionar ayuda esencial a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las autoridades los han mantenido desde hace más de un año recluidos en virtud de órdenes sucesivas de detención preventiva mientras los investigan por “ayudar a la entrada clandestina” de personas de ciudadanía extranjera y “proporcionarles cobijo”, basándose exclusivamente por su trabajo con el Consejo Tunecino para los Refugiados.
Del 7 al 13 de mayo de 2024, la policía detuvo a Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo, exdirectora, director, y director administrativo y económico, respectivamente, de Terre d’asile Tunisie, la sección tunecina de la ONG francesa France Terre d’asile.
Las autoridades judiciales los mantienen desde entonces recluidos en detención preventiva y los están procesando por cargos de “cobijar a personas que entran o salen ilegalmente del territorio” y “facilitar la entrada, salida, circulación o estancia irregulares de una personas extranjera”, exclusivamente por promover ayuda fundamental a personas refugiadas y migrantes. Para respaldar el cargo, al cerrar la investigación el juez de instrucción citó un “plan de la sociedad civil respaldado por Europa para promover la integración social y económica de migrantes irregulares en Túnez y su asentamiento permanente en el país”.
El 11 de mayo de 2024, la policía detuvo también a la exvicealcaldesa de Sousse, Imen Ouardani, por los mismos cargos, más el cargo adicional de utilizar su posición como autoridad pública “para obtener una ventaja injustificada o perjudicar a la administración”, exclusivamente por la colaboración entre el municipio y Terre d’asile Tunisie.
En virtud del derecho internacional, la detención preventiva sólo debe utilizarse como una excepción, para evitar socavar la presunción de inocencia, y basándose en una evaluación individualizada que demuestre que la detención es necesaria y proporcionada por la existencia de un riesgo sustancial de fuga, injerencia en la investigación, daño a otras personas o reincidencia en el presunto delito. Las autoridades tunecinas no han demostrado ninguno de estos motivos respecto a estas personas.
“La detención de defensores y defensoras de los derechos humanos criminaliza derechos humanos fundamentales y el trabajo humanitario. La prestación de apoyo a personas refugiadas y migrantes —independientemente de su situación jurídica— está protegida por el derecho internacional y nunca debe equipararse con el tráfico o la trata de seres humanos”, ha manifestado Sara Hashash.
Túnez es Estado Parte en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, que establecen normas precisas para la definición de tráfico y trata de seres humanos, y eximen el trabajo legítimo humanitario y de derechos humanos.
La represión de mayo de 2024 tuvo lugar después de una serie de campañas xenófobas y racistas de difamación en las redes sociales contra varias organizaciones, entre ellas el Consejo Tunecino para los Refugiados y Terre d’asile Tunisie, después de que la primera, en respuesta a una petición de ayuda del ACNUR y autoridades locales, publicara una licitación para hoteles en los que albergar a personas refugiadas y solicitantes de asilo que se hallaban en situación precaria.
El 6 de mayo de 2024, el presidente Kais Saied acusó a las ONG que trabajan sobre migración de “traidoras” y “agentes [extranjeros]”, y de intentar el “asentamiento” de personas migrantes subsaharianas en Túnez. Un día después, un fiscal de Túnez anunció la apertura de una investigación contra ONG por proporcionar “ayuda económica a migrantes ilegales”.
La represión que ha incluido la detención de personal de ONG y la congelación de cuentas bancarias de estas organizaciones ha provocado la suspensión de servicios vitales desde mayo de 2024, lo que ha alterado el acceso a procedimientos de asilo, cobijo, atención médica, protección de la infancia y asistencia jurídica. Esto ha dejado a miles de potenciales personas refugiadas y migrantes, entre ellas menores no acompañados, en situaciones precarias e inciertas y en un mayor riesgo de enfrentarse a abusos y violaciones de derechos humanos.
En abril de 2025, el ministro del Interior tunecino, Khaled Ennouri, declaró que las autoridades estaban dispuestas a “hacer frente a todos los planes de alterar la composición demográfica de la población tunecina”. Esos comentarios han contribuido a un aumento de la violencia racista contra las personas migrantes y refugiadas negras, sobre todo en las regiones fronterizas. Ha habido usuarios de redes sociales que han compartido vídeos de sí mismos “persiguiendo a africanos [negros]” y amenazándolos de violencia y otros abusos.
Otras organizaciones atacadas son la organización contra el racismo Mnemty —nueve de cuyos empleados y asociados llevan bajo investigación desde mayo de 2024 por delitos económicos de los que las autoridades aún no han proporcionado pruebas— y la ONG de derechos de la infancia Niños de la Luna de Medenine. Las autoridades también tienen detenida desde el 12 de diciembre de 2024 a la directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción del Derecho a la Diferencia (ADD), Salwa Ghrissa, en espera de una investigación sobre la financiación de la organización.
Las autoridades tunecinas deben cesar de inmediato la criminalización del trabajo humanitario y de derechos humanos y deben poner fin a la peligrosa práctica de denigrar a la sociedad civil y convertirla en chivo expiatorio.
Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“Las autoridades tunecinas deben cesar de inmediato la criminalización del trabajo humanitario y de derechos humanos y deben poner fin a la peligrosa práctica de denigrar a la sociedad civil y convertirla en chivo expiatorio”, ha declarado Sara Hashash.
Información complementaria
Las autoridades y los parlamentarios tunecinos han utilizado reiteradamente una retórica racista y xenófoba durante los últimos dos años, empezando con los comentarios racistas realizados por el presidente Kais Saied en febrero de 2023.
Desde mayo de 2024, las autoridades tunecinas han seguido además llevando a cabo regularmente desalojos forzosos y expulsiones colectivas ilícitas de personas refugiadas y migrantes a Libia y Argelia. A principios de abril de 2025, las autoridades anunciaron una “operación de desmantelamiento” en la región oriental de Sfax, donde personas refugiadas y migrantes habían establecido campamentos improvisados en los últimos dos años, tras haber sido desalojadas forzosamente y reubicadas desde zonas urbanas por las autoridades.
La oleada de detenciones de mayo de 2024 forma parte de un ataque más amplio contra la sociedad civil. En el periodo previo a las elecciones presidenciales de octubre de 2024, las autoridades abrieron investigaciones sobre las ONG I Watch y Mourakiboun en relación con su financiación, y les prohibieron actuar como observadoras de las elecciones.
Las autoridades económicas tunecinas han abierto posteriormente investigaciones sobre al menos una decena de organizaciones por financiación y actividades protegidas por el derecho a la libertad de asociación, mientras que los bancos han retrasado u obstaculizado cada vez con más frecuencia las transferencias de fondos procedentes del extranjero, y han exigido una documentación excesiva sobre dichas transferencias, con lo que han impedido operaciones de las ONG.