La imposición del estado de excepción anunciada por el presidente Erdogan no debe preparar el terreno para una reducción de los derechos humanos ni servir de pretexto para suprimir aún más libertad de expresión y las salvaguardias contra la detención arbitraria y la tortura, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Tras una reunión que mantuvieron el Consejo de Seguridad Nacional y el gobierno turco el miércoles por la noche, el presidente Erdogan anunció que se iba a imponer el estado de excepción durante al menos tres meses.
“Con la situación de violencia generada a raíz del intento de golpe de Estado, es comprensible que se tomen medidas que den prioridad a la seguridad pública. Pero las medidas de excepción deben respetar las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional, no deben eliminar libertades y salvaguardias de los derechos humanos que ha costado mucho ganar y no deben acabar aplicándose de forma permanente”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
“En una situación donde casi 10.000 personas se encuentran detenidas en la actualidad, en medio de denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia, y donde se está llevando a cabo una purga en los ministerios del Estado y los medios de comunicación, los amplios poderes que confiere el estado de excepción podrían preparar el terreno a una reducción aún mayor de los derechos humanos.”
A modo de estremecedor preludio de lo que está por venir, el viceprimer ministro ha anunciado hoy que, durante el tiempo que se mantenga el estado de excepción, el gobierno suspenderá el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El estado de excepción confiere al primer ministro y a su gobierno atribuciones para eludir el Parlamento y gobernar por decreto. Amnistía Internacional teme que la medida sirva a las autoridades como pretexto para aumentar la duración de la detención preventiva sin cargos, que actualmente es de cuatro días. En las actuales circunstancias, tal aumento podría menoscabar aún más las salvaguardias contra los malos tratos, así como el derecho a un juicio justo. Las medidas de excepción podrían utilizarse también para imponer restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y de reunión pacífica y para negar a los empleados públicos su derecho a recurrir contra las suspensiones y despidos.
De acuerdo con el derecho internacional, las medidas de excepción deben ser necesarias y proporcionadas en magnitud y duración y utilizarse sólo para responder a amenazas reales a la seguridad de la nación. Un aspecto decisivo es que deben vigilarse atentamente, ser temporales y aplicarse con sensatez, es decir, sólo cuando sean absolutamente necesarias.
“Es esencial que el gobierno turco no utilice el estado de excepción como pretexto para reprimir con mayor severidad aún la disidencia pacífica. Incluso durante los estados de excepción, la Constitución de Turquía garantiza el cumplimiento de las obligaciones del país con arreglo al derecho internacional”, ha añadido Andrew Gardner.
“De acuerdo con el derecho internacional, hay ciertos derechos, como el derecho a un juicio justo y las prohibiciones de la tortura y la discriminación, que no pueden jamás suspenderse ni limitarse de ningún modo.”
“El gobierno ha hecho uso indebido de la legislación vigente, y el estado de excepción le da mayor capacidad para continuar por este peligroso camino.”
Información complementaria
- El gobierno ha emprendido una campaña de represión de proporciones excepcionales, dirigida contra personas supuestamente vinculadas a Fethullah Gülen, a quién acusa de ser el cerebro de la trama golpista. Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades estén actuando de manera arbitraria, al detener y suspender de sus funciones a muchas personas sin pruebas de que hayan hecho algo indebido.
- Desde el intento de golpe de Estado han sido suspendidos 2.745 jueces y fiscales, según Habertürk, importante canal de noticias de televisión turco afín al gobierno. De acuerdo con el viceprimer ministro Numan Kurtulmuş, han sido detenidos 2.277 jueces y fiscales, de los que 1.270 están recluidos en la espera de juicio y 730 se encuentran en detención preventiva sin cargos.
- El 19 de julio, el Ministerio de Educación informó de que que habían sido suspendidos 15.200 empleados suyos y estaban siendo investigados por vínculos con Fethullah Gülen. Según el periódico afín al gobierno Sabah, el 19 de julio el Consejo de Educación Superior (YÖK) pidió a 1.577 decanos de universidad que dimitieran. De ellos, 195 han presentado ya su dimisión. Todos los decanos serán investigados por vinculación con Fethullah Gülen, según Habertürk.
- De acuerdo con la agencia semioficial de noticias turca Anadolu, el gobierno ha iniciado el proceso de cierre de 524 colegios privados y otras 102 instituciones subordinadas al Ministerio de Educación por presunta vinculación con Fethullah Gülen.
- Asimismo, el Ministerio de Educación ha suspendido hasta nueva orden el derecho de los profesores universitarios a realizar investigaciones en el extranjero y ha pedido a los que están trabajando actualmente fuera del país que regresen.
- Las autoridades han bloqueado arbitrariamente el acceso a más de 20 sitios web de noticias, han retirado la licencia a 25 empresas de medios de comunicación del país, han anulado las credenciales de prensa a 34 periodistas y han dictado al menos una orden de detención contra una periodista por informar del intento de golpe.
- Esta mañana ha sido detenido en Estambul y llevado al jefatura de policía de la ciudad el respetado abogado de derechos humanos y periodista Orhan Kemal Cengiz.