Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en todas las protestas multitudinarias celebradas en marzo de 2025, algunas de las cuales pueden constituir tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación.
En “I cannot breathe”: Allegations of torture and other ill-treatment during protests in March, Amnistía documenta la violencia policial durante y después de las protestas en gran medida pacíficas que estallaron en todo el país a raíz de la detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y candidato presidencial por el opositor Partido Popular Republicano, y de 91 personas más el 19 de marzo de 2025.
“Nuestras conclusiones revelan pruebas irrefutables del frecuente uso ilícito de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley contra manifestantes pacíficos en ciudades de toda Turquía. Las autoridades usaron gas lacrimógeno, gas pimienta, proyectiles de impacto cinético y cañones de agua contra personas que sólo estaban ejerciendo sus derechos”, ha manifestado Esther Major, directora adjunta de investigación en Europa de Amnistía Internacional.
“Los abusos documentados constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, puede ser constitutivo de tortura. Estos actos ilícitos de violencia deben investigarse sin demora y sus perpetradores deben comparecer ante tribunales para someterse a un juicio justo.”
Todo el mundo a mi alrededor gritaba: “No puedo respirar” […] Había unas 30 personas amontonadas formando una pirámide humana.
Gente que se manifestaba pacíficamente sufrió numerosas lesiones e incluso necesitó hospitalización. Según las autoridades, los servicios encargados de hacer cumplir la ley detuvieron a al menos 1.879 personas, y más de 300 permanecían en detención preventiva a finales de marzo. Al menos ocho periodistas y cuatro profesionales de la abogacía fueron procesados en aplicación de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones, que penaliza la participación en reuniones no autorizadas. En abril se iniciaron decenas de enjuiciamientos, con cientos de personas llevadas ante los tribunales y más vistas pendientes en los próximos meses.
“Me arrastraron cuando estaba de rodillas. Pensé que iba a morir.’’
Amnistía Internacional entrevistó a 17 manifestantes y a varios profesionales de la abogacía, y su Laboratorio de Pruebas verificó decenas de vídeos que documentaban a agentes encargados de hacer cumplir la ley propinando golpes y patadas a personas que se manifestaban y arrastrándolas por el suelo a pesar de que se estaban dispersando, no oponían resistencia o ya estaban inmovilizadas. El personal investigador de la organización también obtuvo y examinó documentos judiciales, informes médicos y denuncias penales presentadas por manifestantes donde constaban los detalles de sus presuntos malos tratos y lesiones, que corroboraban el relato de las personas entrevistadas.
La policía actuó contra manifestantes utilizando cañones de agua, gas lacrimógeno y proyectiles de impacto cinético, a menudo desde corta distancia y apuntando directamente a la cabeza y parte superior del cuerpo, lo que supone una violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los agentes utilizaron pulverizadores de gas pimienta directamente contra el rostro de la gente, normalmente desde una distancia inferior a un metro, causándoles quemaduras, dolor e inflamación.
Las advertencias de la policía antes de la operación de dispersión no se ajustaron en ningún caso a las normas que establecen el derecho nacional e internacional, ni se hicieron con la antelación necesaria y dejando el espacio suficiente para que las personas participantes abandonaran la protesta voluntariamente y en condiciones seguras. Casi todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que no habían oído los avisos de dispersarse a través de la megafonía de la policía, o contaron que el uso de la fuerza comenzó inmediatamente después de la advertencia.
Te vamos a meter por la puerta de atrás del furgón policial antidisturbios, y tu cadáver saldrá por la puerta delantera.
Una persona contó a Amnistía Internacional que, en una manifestación celebrada el 23 de marzo en Estambul, la orden policial de dispersión fue seguida inmediatamente del uso de pulverizadores de gas pimienta y proyectiles de impacto cinético. Explicó que muchas personas que intentaban huir fueron cayendo unas sobre otras como un dominó, y que la policía siguió utilizando el gas pimienta y golpeando a la gente cuando ya estaba en el suelo.
Dijo a Amnistía Internacional: “Todo el mundo a mi alrededor gritaba: ‘No puedo respirar’ […] Había unas 30 personas amontonadas formando una pirámide humana”.
El 23 de marzo, en la plaza de Saraçhane (Estambul), un hombre fue alcanzado en el ojo por un proyectil de impacto cinético. Como consecuencia tuvo que ser sometido a una vitrectomía —operación quirúrgica para extraer el humor vítreo del ojo— y le han dicho que tal vez nunca recupere la visión de ese ojo. Otro manifestante en Ankara sufrió aplastamiento de un pie por un vehículo de cañón de agua.
Una estudiante de 27 años que se había sumado a una manifestación en Estambul el 22 de marzo contó lo siguiente a Amnistía Internacional a través de su abogado: “Me dieron tantas patadas que no podía caminar bien. Me caía todo el tiempo. Me arrastraron mientras estaba de rodillas. Pensé que iba a morir.’’
Otro hombre que estaba en una manifestación en Estambul el 23 de marzo contó a Amnistía Internacional: “Entre seis y siete policías antidisturbios me dieron patadas y puñetazos, también en la cara y la cabeza. Uno me dio una patada voladora en el pecho. Tengo varios dientes sueltos debido a la paliza. Mientras me pegaban, proferían insultos como ‘hijo de p**a, me voy a f**r a tu madre y a tu hermana’”.
Otras personas también denunciaron amenazas de violencia, incluida violencia sexual. El estudiante Eren Üner fue detenido en su casa y golpeado por la policía de Estambul el 24 de marzo, tras haber compartido en redes sociales publicaciones de policías alardeando de los malos tratos que habían infligido a manifestantes. Según Üner, los agentes de policía que lo detuvieron le dijeron: “Te vamos a meter por la puerta de atrás del furgón policial antidisturbios, y tu cadáver saldrá por la puerta delantera.” También contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Los mandos dijeron que me iban a introducir una porra y pidieron una a uno de los agentes. Aunque al final no lo hicieron.”
“Nuestra investigación deja claro que lo que pasó en Turquía durante esas protestas mayoritariamente pacíficas en marzo fue un ataque manifiesto contra los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica de quienes protestaban”, ha dicho Esther Major.
“Los casos de uso innecesario de la fuerza no fueron aislados, sino que parecen reflejar un patrón de actuación sistemática de los agentes encargados de hacer cumplir la ley contra quienes se estaban manifestando pacíficamente, pasaban por el lugar o intentaban abandonar la protesta. Estas violaciones de derechos son las últimas de una campaña represión grave y constante de toda expresión de disidencia pacífica. Pedimos a las autoridades de Turquía que garanticen su investigación y asimismo que los perpetradores comparezcan ante la justicia y que las víctimas obtengan reparación por los daños sufridos.”
Información complementaria
Según el derecho internacional, los Estados tienen la obligación jurídica de respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica de quienes desean reunirse con otras personas. Toda restricción del derecho de reunión pacífica debe estar prescrita por ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcionada a tal fin. La prohibición general de las protestas es presumiblemente desproporcionada, y las restricciones impuestas sobre reuniones deben estar basadas en la evaluación individualizada de una reunión concreta o de la conducta de participantes concretos. Todo uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley debe ser estrictamente necesario y proporcionado, y sólo debe usarse la fuerza mínima necesaria. Quienes hacen un uso ilícito de la fuerza deben rendir cuentas de sus actos.
Ekrem İmamoğlu fue puesto en detención preventiva el 23 de marzo, el mismo día en que fue elegido por su partido para ser el principal candidato de la oposición a las siguientes elecciones presidenciales tras unas primarias simbólicas en las que participaron más de 15 millones de personas. Fue apartado de su cargo junto con los alcaldes de los distritos de Şişli y Beylikdüzü, igualmente enfrentados a cargos. A principios de junio habían tenido lugar cuatro oleadas más de detenciones, en las que decenas de representantes electos y personal del Ayuntamiento de Estambul y los ayuntamientos de distrito fueron puestos bajo custodia.
Aquí encontrarán más información sobre la campaña de Amnistía Internacional “Protejamos la Protesta”.