Tras la absolución hoy de 87 personas juzgadas por su participación en las protestas multitudinarias que estallaron tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y la absolución ayer de 8 periodistas y 4 profesionales de la abogacía procesados en relación con las mismas manifestaciones, Dinushka Disanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para la Unión Europea, los Balcanes y Turquía, ha declarado:
“Acogemos con satisfacción la absolución de estas 87 personas que protestaban pacíficamente, 8 periodistas y 4 profesionales de la abogacía, pero esto plantea la pregunta de por qué se les sometió a estos ocho meses de pesadilla en primer lugar”.
Estas personas —manifestantes, periodistas y profesionales de la abogacía— nunca debieron haber sido procesadas.
“El pasado mes de marzo, centenares de jóvenes fueron detenidos y enjuiciados por protestar por la detención y posterior prisión preventiva de Ekrem İmamoğlu. Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la actuación policial en estas protestas multitudinarias hallaron denuncias de tortura y otros malos tratos que incluían la persecución de periodistas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones.”
“Nunca se debió haber procesado a quienes se manifestaron, periodistas y profesionales de la abogacía, y el uso indebido endémico del sistema de justicia penal para reprimir a la disidencia en Turquía debe acabar.”
Información complementaria
Si desean información acerca de las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la actuación policial durante las protestas de marzo, consulten esta declaración pública.
La audiencia de sentencia de hoy se ha celebrado después de dos juicios recientes que también han concluido con la absolución de todas las personas encausadas.
Hoy también se celebró una vista en relación con 13 personas enjuiciadas por “insultos al presidente”. Estas personas ya estuvieron casi tres meses en detención en espera de juicio, entre marzo y mayo de este año. La vista se aplazó a mayo de 2026 al remitir el tribunal el expediente a la Oficina Nacional de Investigación Criminal para que determinase si las pruebas fotográficas respaldan las acusaciones. En la vista estuvo presente un abogado en representación del presidente que pidió que el tribunal declarase culpables a las personas encausadas porque “las acciones de las personas enjuiciadas habían dañado su honor [del presidente]”.