El procesamiento del defensor de los derechos humanos Osman Kavala y cuatro personas más en relación con las protestas multitudinarias de hace una década ha sido injusto y, en esencia, un juicio mediático por motivos políticos desde el principio; así lo ha afirmado hoy un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, con antelación a un debate urgente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y ha pedido la liberación de Kavala.
El 28 de septiembre de 2013, el Tribunal de Casación de Turquía, máxima instancia de apelación del país, confirmó los fallos condenatorios a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no había encontrado fundamento para la detención ni el juicio y había ordenado la liberación inmediata de Kavala.
“Al ignorar estas sentencias así como las obligaciones de Turquía en materia de derechos humanos, el Tribunal de Casación está redoblando la profunda injusticia de este caso, que demuestra de forma dramática hasta qué punto Turquía se ha desviado del Estado de derecho”, ha dicho Helen Duffy, de Turkey Human Rights Litigation Support Project.
“El juicio no sólo ha dado lugar a graves violaciones de los derechos de Kavala y los demás; también ha sido un ejemplo estremecedor de cómo el sistema de justicia de Turquía se ha convertido en instrumento de represión política.”
Aunque el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y otros representantes del gobierno turco afirman una y otra vez que los tribunales turcos son independientes, el juicio de Kavala y sus coacusados evidencia la falsedad de esas afirmaciones y demuestra cómo en casos clave que interesan al presidente, fiscales y tribunales cumplen descaradamente su voluntad.
Kavala fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable de intentar derrocar al gobierno; la sentencia se basó en acusaciones falsas según las cuales él había organizado y financiado las protestas del parque Gezi en Estambul contra un proyecto urbanístico del gobierno en 2013. El tribunal condenó a 18 años de prisión a cuatro de las personas coacusadas —Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden y Tayfun Kahraman— por su presunta ayuda a Kavala, mientras que anuló las condenas de 18 años impuestas a Mücella Yapıcı, Hakan Altınay y Yiğit Ekmekci y ordenó la libertad de Yapıcı y Altınay hasta que se celebrara un nuevo juicio.
“Cínicamente, este juicio se abrió seis años después de las protestas del parque Gezi con la perversa intención de presentarlas como el resultado de una gran conspiración por parte de un hombre: Osman Kavala”, ha dicho Hugh Williamson, director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central.
“Para conseguirlo, la acusación y los tribunales tuvieron que ignorar descaradamente todas las pruebas de manifestaciones multitudinarias espontáneas en las que la inmensa mayoría de las personas participantes no cometieron violencia y ejercieron su legítimo derecho a la libertad de expresión y reunión.”
La sentencia de 78 páginas del Tribunal de Casación se limita a repetir los argumentos de la fiscalía en el acta de acusación formal de febrero de 2019, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en dos ocasiones que el acta formal de acusación no contenía indicios suficientes para justificar la detención, el procesamiento y la condena de Kavala y, por deducción, de las demás personas acusadas.
Cabe destacar que, en un sorprendente reproche al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y las obligaciones de Turquía en materia de derechos humanos, el Tribunal no hace mención de las reiteradas conclusiones contra Turquía en esta causa. En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo ordenó la liberación inmediata de Kavala y, en febrero de 2022, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, organismo responsable de velar por la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo, tomó la decisión, apenas sin precedente, de poner en marcha procedimientos de infracción contra Turquía por negarse a acatar la orden.
Esto dio paso a una segunda sentencia en la que el Tribunal Europeo condenaba que Turquía no hubiera acatado la primera, y también que el tribunal turco que había declarado culpables a Kavala y los demás el 25 de abril de 2022 no reconociera la sentencia del Tribunal Europeo. La decisión del Tribunal de Casación vino a reforzar ese rechazo de la función del Tribunal Europeo, al no hacer mención alguna de esa sentencia.
Los aliados europeos e internacionales de Turquía deben, de forma unilateral y a través de organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa, la Unión Europea y las Naciones Unidas, abordar con urgencia esta injusticia. Deben tratar el caso como asunto prioritario de derechos humanos en sus relaciones bilaterales con Turquía y presionar para que se cumplan rápida e íntegramente las sentencias del Tribunal Europeo, incluida la que ordena la liberación inmediata de las personas acusadas.
Deben condenar con firmeza el abuso del derecho penal contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas en los casos de motivación política. Es fundamental una actuación sólida para garantizar que Turquía respeta y cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y los principios del Estado de derecho, que actualmente se burlan con impunidad.
Al hacer oídos sordos a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Casación está ignorando también su obligación constitucional de garantizar que Turquía se adhiere a las decisiones vinculantes del Tribunal Europeo, que prevalecen sobre las sentencias de sus tribunales nacionales.
“Si aquí funcionara el Estado de derecho, el Tribunal de Casación respetaría la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordena la liberación inmediata de Kavala”, ha dicho Temur Shakirov, director de la Comisión Internacional de Juristas para Europa y Asia Central.
“En su lugar, y en contra de todas las pruebas, el Tribunal ha decidido inclinarse por la idea del presidente Erdogan, repetida en un discurso tras otro, de que Kavala es culpable.”
Razonamiento defectuoso del tribunal
En su decisión de 29 de septiembre, el Tribunal de Casación se basa en una cronología de los hechos desde que se dictó el acta de acusación formal en febrero de 2019 que, según argumenta la acusación, constituyó la preparación de las protestas de Gezi. Incluía la grabación en vídeo de un corto titulado “Levanta, Estambul” con un grupo de actores en 2011, la producción de una obra de teatro sobre un dictador que se representó en Estambul entre 2012 y 2013, y la creación en 2012 de Taksim Solidarity, plataforma de la sociedad civil centrada en el muy cuestionado plan de urbanización de la plaza Taksim y el parque Gezi. El tribunal no establece la causalidad entre estas actividades legítimas y algún delito ni proporciona pruebas de que estas actividades demostraran que Kavala y las demás personas acusadas estaban implicadas en una conspiración.
En su decisión, el Tribunal menciona las protestas y sublevaciones populares en varios países de Oriente Medio que precedieron a las manifestaciones de Gezi y fueron conocidas como la Primavera Árabe, y movimientos pacíficos de desobediencia civil como OTPOR en Serbia 10 años antes, sin que fueran pertinentes a la causa.
El tribunal nombra en su decisión a organizaciones de la sociedad civil y afirma que “apoyaron y dirigieron” las protestas del parque Gezi sin aportar pruebas de ello. Entre esas organizaciones destaca Open Society Foundations, fundada por el inversor y filántropo estadounidense George Soros, y su fundación filantrópica afiliada pero independiente (y ya disuelta) en Turquía (Açık Toplum Vakfı). Kavala fue miembro fundador del grupo, y Altınay fue director de su junta directiva durante un tiempo, mucho antes de las protestas del parque Gezi.
El Tribunal reitera la teoría de la conspiración de la acusación original, basada en tópicos antisemitas, según la cual las organizaciones de Soros pretendían derrocar los gobiernos de varios países promoviendo sublevaciones, y que la Open Society de Turquía y Kavala participaban en este proceso con la inocente apariencia de llevar a cabo actividades filantrópicas.
También se menciona el grupo de la sociedad civil al que pertenece el propio Kavala, Anadolu Kültür, que apoya las artes. A las demás personas acusadas se las vincula con Kavala por su participación en la organización: la productora cinematográfica Çiğdem Mater, empleada como asesora; Mine Özerden, miembro de la junta directiva, y Yiğit Ekmekçi, jefe adjunto de la junta. Taksim Solidarity se nombra como el grupo en el que participaban activamente tres de las personas acusadas: el abogado Can Atalay, el urbanista Tayfun Kahraman y la arquitecta Mücella Yapıcı.
El Tribunal de Casación refrenda que se incluyan en el acta de acusación formal los contactos de Kavala con la Comisión Europea, miembros del Parlamento Europeo, personal diplomático, misiones diplomáticas y grupos internacionales de derechos humanos como prueba de sus presuntos intentos de influir en la opinión internacional en contra del gobierno de Turquía.
En un apartado sobre la presunta financiación de la protesta se menciona que Open Society Foundations financiaba tanto la Open Society de Turquía como Anadolu Kültür, pero se omite que una investigación oficial sobre la financiación mencionada en el acta de acusación formal (el informe MASAK) concluyó que no había pruebas de transferencias de dinero no contabilizadas. En su lugar, el Tribunal se basa en ejemplos extraídos de conversaciones intervenidas, de Kavala llevando una vez panecillos a la gente acampada en el parque, o hablando de cómo conseguir una mesa de plástico para usarla en el parque y dónde comprar máscaras y gafas para protegerse de los gases lacrimógenos de la policía.
El Tribunal también considera pruebas admisibles un montón de conversaciones obtenidas ilegalmente, intervenidas al azar entre los acusados y otras personas. Lejos de revelar ninguna actividad delictiva, las conversaciones demuestran que los acusados participaban legítimamente en organizaciones de la sociedad civil y ejercían un activismo pacífico además de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Tales actividades están estrictamente protegidas en el derecho internacional, incluidos tratados en los que Turquía es Estado Parte, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la propia legislación turca.
En su decisión, el Tribunal rechaza la inmunidad parlamentaria frente al procesamiento de uno de los acusados, Atalay, abogado y activista que obtuvo un escaño en las elecciones parlamentarias de mayo de 2023 por el Partido de los Trabajadores de Turquía. El Tribunal de Casación decide que no tiene derecho a la inmunidad parlamentaria en aplicación del artículo 83 de la Constitución de Turquía en relación con esta causa, y confirma así su propia decisión de 13 de julio sobre el asunto, y confirma su sentencia condenatoria. Al llegar a esta conclusión, el Tribunal de Casación rechaza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dictada en idénticas condiciones, en sentencias relativas a otros miembros —Ömer Faruk Gergerlioğlu y Leyla Güven— según las cuales sí tienen inmunidad y su detención, enjuiciamiento y reclusión constituyen violaciones muy graves de esa inmunidad.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Stefan Simanowitz, press@amnesty.org +44 20 7413 5566 Twitter: @amnestypress
El debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tendrá lugar el 12 de octubre.
Véase la reacción de Amnistía ante la decisión del Tribunal de Casación en “Turquía: La confirmación de las condenas de Osman Kavala y otras cuatro personas es ‘un golpe devastador de motivación política’”, Amnistía Internacional.
