Un año después del espantoso asesinato de Jamal Khashoggi, varias ONG reiteran su llamamiento a exigir justicia para el periodista

An undated recent file picture shows prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi who resigned suddenly on May 16, 2010 in Riyadh from the helm of Al-Watan days after the newspaper published a controversial column criticising Salafism. Al-Watan announced that Khashoggi, 52, was stepping down as editor-in-chief «to focus on his personal projects,» in a statement published on its website and in its Sunday edition. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

El 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi entró en el consulado saudí en Estambul para pedir unos documentos oficiales que necesitaba para casarse, pero no salió vivo. Lo mataron brutalmente dentro del consulado, acto que la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Dra. Agnes Callamard, ha calificado de “ejecución extrajudicial premeditada” de la que es responsable el Estado de Arabia Saudí.

Khashoggi era un famoso periodista a intelectual saudí que, por razones de seguridad y porque no podía continuar desarrollando su trabajo dentro de Arabia Saudí, decidió exiliarse a Estados Unidos. Era un firme promotor de la libertad de expresión y de prensa en el mundo árabe. Aunque no se oponía abiertamente a la familia real saudí ni pedía el cambio de régimen en el país, sí criticaba las detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos y los planes de reforma del príncipe heredero. Es posible que fuera simplemente esto lo que selló su destino.

El 19 de octubre de 2018, tras más de dos semanas de engaños y negaciones acerca de su muerte, las autoridades saudíes admitieron que un grupo de hombres relacionados con ellas lo habían matado dentro del consulado, pero siguieron negando haber tenido algún conocimiento o responsabilidad directos del crimen. Un año después del asesinato, el cadáver continúa en paradero desconocido y no ha sido devuelto a su familia. Las autoridades saudíes implicaron a 11 personas en el homicidio de Khashoggi, algunas de las cuales podrían ser condenadas a muerte. Están siendo juzgadas ante el Tribunal Penal Especializado, jurisdicción notoria por no respetar las garantías de juicio justo. Los procedimientos son secretos en su mayor parte, y no se ha establecido la responsabilidad penal de la cadena de mando.

La muerte de Khashoggi suscitó enorme indignación y condena. En los días y semanas siguientes, la comunidad internacional comenzó a hacer preguntas y a pedir explicaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió varios comunicados de prensa, y los procedimientos especiales de la ONU sobre la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la libertad de expresión hicieron un llamamiento urgente conjunto. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo hincapié en la necesidad de iniciar con prontitud una investigación exhaustiva y transparente sobre las circunstancias de la muerte de Khashoggi y hacer rendir plenamente cuentas a los responsables.

El 24 de octubre de 2018, el Parlamento de la UE emitió una resolución en la que se instaba a las autoridades saudíes a revelar el paradero de los restos de Khashoggi. Además de pedirse en ella una investigación internacional independiente e imparcial sobre la muerte del periodista, en la resolución se afirmaba que el homicidio formaba parte de una constante de represión generaliza de destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres, profesionales del derecho, periodistas y personas que escriben blogs u otras publicaciones, que se ha intensificado desde que Mohammad bin Salman comenzó a consolidar el control de las instituciones de seguridad del país. Se manifestaba también en ella que la práctica sistemática de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales podría constituir un crimen de lesa humanidad. Por último, en la resolución se instaba a identificar a los autores del asesinato de Khashoggi para que se sometieran a las disposiciones de la justicia tras un juicio justo, celebrado de acuerdo con las normas internacionales ante un tribunal imparcial y con la presencia de observadores internacionales.

El 5 de noviembre de 2018, los Estados miembros de la ONU examinaron la trayectoria de Arabia Saudí en materia de derechos humanos, en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal El homicidio de Khashoggi se trató extensamente durante el examen y figuró de forma destacada en muchas las 258 recomendaciones formuladas a las autoridades saudíes para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El menos 27 Estados expresaron preocupación por el homicidio, y muchas reiteraron la necesidad de llevar a cabo una investigación transparente, imparcial, independiente y efectiva.

En enero de 2019, la Dra. Callamard, decidió, por iniciativa propia y en virtud de su mandato como relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, abrir una investigación especial de derechos humanos sobre el homicidio de Khashoggi.

El 7 de marzo de 2019, durante el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un grupo de 36 Estados miembros de la ONU dirigidos por Islandia tomaron la iniciativa histórica de emitir una declaración conjunta en la que expresaban honda preocupación por la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y condenaban en los términos más enérgicos posibles el homicidio de Khashoggi. En la declaración se reiteraba el llamamiento a iniciar con prontitud una investigación independiente, imparcial y transparente sobre el asesinato y se hacía hincapié en la necesidad de proteger a quienes ejercen el periodismo y hacer valer su derecho a la libertad de expresión.

El 19 de junio de 2019, durante el 41º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Dra. Callamard presentó su informe, en el que se concluía que el asesinato de Khashoggi había sido supervisado, planeado y aprobado por altos cargos del Estado de Arabia Saudí. La relatora especial determinó que las investigaciones realizadas por Arabia Saudí y Turquía no habían cumplido las normas internacionales y que el juicio de los 11 presuntos responsables que se está llevando a cabo en Arabia Saudí, aunque parece un importante avance en la rendición de cuentas, tampoco cumple las normas internacionales sobre juicios justos. La Dra. Callamard cree que el homicidio de Khashoggi constituye un crimen internacional, sobre el que los Estados deben reclamar jurisdicción universal. Tras afirmar que su investigación de derechos humanos no es equivalente a una investigación penal ni a un tribunal de justicia, la relatora especial pidió que el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad o el secretario general de la ONU exijan una investigación penal de seguimiento.

La iniciativa más reciente ha sido una declaración conjunta, emitida por Australia el 23 de septiembre de 2019, durante el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos humanos, en nombre de 23 Estados miembros de la ONU, en la que se expresaba preocupación por la persecución e intimidación de activistas, la práctica de la desaparición forzada y la detención arbitraria y los informes sobre tortura y juicios injustos, así como ejecuciones extrajudiciales. Además, en la declaración se pedía el fin de la impunidad del asesinato de Khashoggi y se ponía de relieve la necesidad de determinar la verdad y hacer rendir cuentas. Lamentamos profundamente que varios Estados que se sumaron a la declaración conjunta de marzo de 2019 hayan decidido ahora no apoyar ya este llamamiento a tomar de inmediato medidas. Nos gustaría poner de relieve que los Estados tienen todavía la posibilidad de añadir su firma hasta el 11 de octubre de 2019.

Por otro lado, en el transcurso del último año y en respuesta al asesinato de Khashoggi, además de a la guerra de Yemen, algunos gobiernos han suspendido las ventas de armas a Arabia Saudí,

Aunque acogemos con satisfacción los llamamientos, promesas y acciones que algunos Estados han hecho durante el último año y consideramos que constituyen avances en la rendición de cuentas por el asesinato de Khashoggi, creemos que deben tomarse más medidas tangibles. Existe un riesgo innegable de que, con los grandes eventos previstos en Arabia Saudí para 2020, como la cumbre del G-20 y el famoso Rally Dakar, las relaciones entre Estados se normalicen. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que las cosas vuelvan a ser como siempre, porque supondría que Khashoggi murió en vano que hay pocas esperanzas para los centenares de activistas que han sido víctimas de desaparición, detención ilegal, tortura o ejecución, pero cuyos casos no han llamado tanto la atención internacional.

Como bien dijo la Dra. Callamard durante un acto paralelo en el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, aunque un año debe de parecerles toda una vida a los familiares y amistades de Khashoggi, a efectos de la justicia humana y la búsqueda de la verdad es un tiempo muy breve. Así que no debemos perder de vista lo que estamos tratando de conseguir, no debemos perder la esperanza ni la voluntad de conseguir justicia. Con este espíritu, las organizaciones abajo firmantes renuevan su llamamiento a tomar medidas, pidiendo lo siguiente:

INSTAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, EN PARTICULAR A LA ONU, A:

  1. tomar medidas para garantizar que se abre con prontitud una investigación penal más sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que sea imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva;
  2. garantizar que se identifica a todos los responsables del crimen, incluidos los que estén a la cabeza de la cadena de mando, y son sometidos a un juicio justo y transparente, en el que no se recurra a la pena de muerte;
  3. establecer de inmediato una suspensión de todas las ventas de armas y exportaciones de tecnología de vigilancia a Arabia Saudí;
  4. firmar la declaración conjunta encabezada por Australia en nombre de 23 Estados miembros de la ONU antes del 11 de octubre;
  5. presentar y aprobar una resolución de la ONU por la que se establezca un mecanismo de observación de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí;
  6. instar a las autoridades de Arabia Saudí a aplicar las recomendaciones formuladas a continuación.

INSTAMOS A LAS AUTORIDADES DE ARABIA SAUDÍ A:

  1. devolver los restos del cadáver de Khashoggi a su familia;
  2. invitar a expertos internacionales independientes a supervisar las investigaciones sobre su asesinato, cooperar de buena ve con todos los mecanismos de la ONU y garantizar que los responsables de su muerte son llevados ante la justicia;
  3. dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, escritores y escritoras, periodistas y presos y presas de conciencia detenidos en Arabia Saudí debido a su trabajo pacífico y legítimo de promoción y protección de derechos humanos fundamentales;
  4. establecer una suspensión de la pena de muere, especialmente en el caso de los delios relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión y de reunión pacífica;
  5. garantizar en todas las circunstancias que quienes defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo en Arabia Saudí pueden desarrollar sus actividades legítimas de derechos humanos e informar públicamente sin temor a sufrir represalias;
  6. ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reformar todas las leyes del país que limiten el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación para que sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

LISTA DE FIRMANTES:

ALQST

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain

Amnesty International

Article 19

Bahrain Institute for Rights and Democracy

CIVICUS

English PEN

European Center for Democracy and Human Rights

European Saudi Organisation for Human Rights

Gulf Center for Human Rights

IFEX

Index on Censorship

International Service for Human Rights

MENA Rights Group

No Peace Without Justice

PEN America

Rights Realisation Centre

Vigilance for Democracy and the Civic State

World Organisation Against Torture